SPJ-USO: Muy importante: Circular de respuesta a las críticas de CC.OO y UGT sobre la NOJ en ANDALUCÍA.

 
EL FARISEISMO SINDICAL DE CC.OO y UGT
(o como firmar una cosa en 2003 y defender lo contrario ahora)

Esta información va dirigida a ti, funcionario/a destinado en los partidos judiciales donde la implantación de la NOJF es inminente (Vélez-Málaga, El Ejido y Fiscalía de Sevilla) o en el partido judicial de Córdoba capital (el próximo partido en que se implantará) y que estás indignado/a ante los cambios que se avecinan, indignación que, en gran parte, están promoviendo los sindicatos CC.OO y UGT, que ahora resultan ser los mayores detractores de la Nueva Oficina Judicial y los grandes defensores del funcionario fustigado por las "siete plagas que la NOJ propagará".

Pues bien, te pedimos que dediques unos minutos de tu apretada jornada laboral para que leas esta información, y tras ello puedas formarte una idea más completa y objetiva de la situación por la que estás a punto de pasar.

Nos remontamos al año 2003, fecha en que se produjo la mayor modificación de la LOPJ mediante la Ley Orgánica 19/2003 de 23 de Diciembre, que implantó el nuevo modelo de oficina judicial (en adelante NOJ). Previamente a esta modificación de la LOPJ, dicho año se firmaron dos importantes acuerdos sindicales, de fecha 24-02-2003 y 31-10-2003 por parte de los sindicatos mayoritarios de Justicia (CSIF, CC.OO y UGT) con el Ministerio de Justicia en los que se "recogían los principios básicos que sustentaban la reforma de la Oficina Judicial para la modernización y mejor servicio público de la Administración de Justicia" (frase literal del BOE, donde se publicaron estos acuerdos, el primero de ellos concretamente en el BOE de fecha 17-05-2003, pag. 19034, y posteriormente el segundo acuerdo en el BOE de 15-04-2004, pag. 15488)

Efectivamente, como habrás podido comprobar tanto CC.OO. como UGT (que en 2003 eran el segundo y tercer sindicato a nivel nacional en Justicia) suscribieron voluntariamente dichos acuerdos, avalando con ello el modelo de NOJ que pretendía implantar el Ministerio de Justicia. Es algo que está publicado en BOE y que si te tomas el tiempo oportuno podrás leer por ti mismo, si bien los funcionarios antiguos sí que recuerdan esos acuerdos, pues se firmaron después de una infausta jornada de huelga, que tras ser convocada para el día 27-11-2002, fue desconvocada de madrugada por estos tres sindicatos, tras haber alcanzado un "excelente pre-acuerdo" tal y como nos vendieron esa mañana a los desconcertados trabajadores que no pudimos hacer la huelga prevista y que se preveía que iba a tener un apoyo masivo en todo el Estado, como pocas veces ha ocurrido en la Administración de Justicia. ; Ese pre-acuerdo quedó plasmado más tarde en los dos acuerdos antes citados, publicados en el BOE.

Por tanto este nuevo modelo de oficina judicial -NOJ- fue pactado por el Ministerio de Justicia con los SINDICATOS MAYORITARIOS (CSIF, CC.OO. Y UGT) y SPJ-USO no tuvo la más mínima responsabilidad en ello, pues jamás suscribió ni estuvo de acuerdo con este modelo.

Pero no contentos con ello, más tarde se produjo la modificación del art. 521 de la LOPJ, que fue pactada por el Ministerio con los sindicatos CC.OO y UGT, entre otros, y esa modificación es una de las más perjudiciales para los funcionarios de Justicia, pues reduce drásticamente el número de destinos a los que se puede concursar, pues en concreto este polémico artículo establece:

Art. 521…..Se entenderá por centro de destino: "Cada uno de los servicios comunes procesales. El conjunto de unidades procesales de apoyo directo a órganos judiciales que radiquen en el mismo municipio....."

Esto, en la práctica, implica que todas las UPADS de un mismo municipio se consideran el mismo centro de destino, y que cuando uno pida la UPAD Civil de una localidad, pudiera terminar destinado en un Juzgado de Familia o Mercantil, y sin tener además posibilidad alguna de escoger el número concreto de UPAD a la que quiere ser destinado.

Pues bien, a pesar de que este modelo de oficina judicial no ha contado JAMÁS con el apoyo de SPJ-USO, ni nos gusta lo más mínimo, sí que hemos procurado minimizar sus daños y consecuencias mediante UN ACUERDO DE GARANTÍAS MÍNIMAS de los funcionarios de Justicia de ANDALUCIA ante la NOJF, que hemos suscrito con la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía tras una larga y ardua negociación. Este importante acuerdo, entre otras cosas, mejora el concepto de destino de tal forma que sea posible pedir en los concursos también las Secciones de los Servicios Comunes, o que se diferencie en las RPT´s los distintos órdenes jurisdiccionales a efectos de poder pedir unas u otras UPADs (pudiendo concursar a la UPAD de primera Instancia, de lo Penal, de Instrucción, de lo Social, Mercantil, Contencioso-Administrativa, de la Audiencia, TSJ, etc...) aunque seguirá sin poder pedirse un número concreto de UPAD, por impedirlo el citado artículo 521 de la LOPJ, cuya redacción contó con el visto bueno de los sindicatos antes citados.

Este acuerdo de Garantías Mínimas ha sido respetado por la Junta de Andalucía, hasta el momento, en las experiencias piloto de Vélez-Málaga, El Ejido y Fiscalía de Sevilla, donde se han consolidado todas las retribuciones y por todos los conceptos, que los compañeros venían cobrando, además de establecer unas considerables retribuciones a las nuevas jefaturas (solo superadas por el País Vasco) y por eso las ordenes de implantación y RPTs de esas experiencias piloto han contado con el respaldo de SPJ-USO y de otros dos sindicatos más, siendo, por tanto, el 70 por cierto de la representación sindical de Andalucía. No obstante conviene recordar que el borrador inicial de RPT de las experiencias piloto que nos presentó la Junta de Andalucía no respetaba los derechos adquiridos de todos los compañeros, y fue durante la negociación cuando conseguimos que esa RPT se ajustase y cumpliese con el acuerdo de Garantías NOJF de Andalucía (os animamos a que releáis las diversas circulares que hicimos durante toda la negociación).

También conviene recordar que la Administración para aprobar una RPT no necesita contar con el respaldo de ningún sindicato, solo necesita negociarla, con o sin ese respaldo. Obviamente si no hay respaldo sindical la Administración no tiene por qué variar un ápice el borrador que presenta a negociación, cosa que aquí, y tras una negociación en la que SPJ-USO intervino decisivamente, si conseguimos y en aspectos tan importantes como eliminar multitud de funciones que pretendían atribuirnos indebidamente, o garantizar el derecho a seguir realizando las guardias todos los que ahora las hacen, o garantizar el derecho a seguir percibiendo el complemento de VSM aquellos los funcionarios que fueran reordenados al Servicio Común y lo viniesen cobrando, etc.... Si todos los sindicatos hubiésemos tenido la temeraria actitud de CC.OO. Y UGT. en esta negociación, no se hubiesen conseguidos estas mejoras.

Respecto de la acusación que estos dos sindicatos están vertiendo últimamente de que en Córdoba estamos pidiendo que se incremente el complemento específico de algunos compañeros (se refieren a los destinados en primera instancia, penales y mercantiles) y que eso mismo no lo pedimos durante la negociación de las experiencias piloto, conviene recordar lo que ya hemos plasmado en nuestras circulares previamente y es que todos los funcionarios incursos en las experiencias piloto cobran retribuciones superiores a las básicas (guardias, complemento VSM, complemento Actos de comunicación) y eso implica por la vía de hecho una diferenciación de esos puestos. Por el contrario la mayoría de los compañeros destinados en Córdoba sólo perciben las retribuciones básicas, y ni un solo euro más.

Pero, repetimos, el hecho de que hayamos dado nuestra aprobación a la RPT de las experiencias piloto, no implica que en SPJ-USO nos guste el nuevo modelo de oficina judicial, pues nos sigue sin gustar y no vemos tampoco que vaya a suponer una mejora efectiva en el servicio que la Administración de Justicia presta al ciudadano.

Por eso resulta incomprensible y casi esquizofrénico que los mismos sindicatos que montaron este lio allá por 2003, y que ayudaron al Ministerio a "meter las cabras en el corral", ahora, cuando es el momento de limpiar y atenuar los daños de su temeraria e imprudente negociación, se salgan del corral para que otros "limpien el estiércol" que ellos han producido, quedándose detrás de la valla criticando, sin más, en su línea habitual y sin hacer la más mínima propuesta constructiva que ayude a corregir lo que tan mal hicieron en un inicio.

SPJ-USO Andalucía. Mesa Sectorial Justicia Andalucía 6.9.17 "RPT de Córdoba, sin acuerdo, de momento".

Mesa Sectorial de Justicia Andalucía de 6.9.17

RPT de CÓRDOBA,  SIN ACUERDO, de momento

Nuevamente estábamos convocados a la Mesa para continuar con la negociación de la NOJ y RPT de Córdoba capital, siendo el primer partido judicial de nivel 2 (con separación de jurisdicciones) en Andalucía  en la que se acomete esta negociación.

Por parte del Director General se nos advierte que las mejoras introducidas desde el primer borrador, se condicionan a que haya un apoyo mayoritario a esta orden de implantación y RPT,  y se hace una última propuesta, consistente en:

• El nuevo Juzgado de Primera Instancia de Córdoba empezará su andadura con la plantilla completa, pero, claro, luego verá reducida ésta a la prevista para las UPAD de Primera Instancia.
• Creación de una Jefatura de Equipo de ejecución de Familia.
• El pírrico Servicio de apoyo previsto en el proyecto "podrá" ver incrementada en el futuro su plantilla, pero no sabemos si con funcionarios de los Cuerpos Generales de la Junta de Andalucía, de Justicia, o de ambas procedencias.
• No hay inconveniente en asumir la reivindicación sindical respecto de cuales han de ser los méritos a valorar para las Jefaturas y puestos singularizados.
• UPAD de MENORES: sobre la última reducción propuesta,  siguen suprimiendo un Gestor, pero se mantiene el tramitador que iban a restar, detrayéndoselo al Servicio Común de Ejecutorias.
También por el Director General se ofrece a ABORDAR LAS NEGOCIACIONES que de forma insistente venimos reclamando todos los sindicatos,  concretamente:

• Plantear en 2018 el tema retributivo (pero sin concretar fecha ni alcance de dicha negociación, ni si se dispone de autorización de la Consejería de Hacienda para ello, pues sin ella no es posible subida salarial alguna en virtud de la Ley autonómica 3/12 para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía).

• Abordar la negociación de la regulación y mejora de la regulación de las comisiones de servicio y sustituciones, antes de final de 2017.

• Abordar la estabilización de los refuerzos estructurales,  comprometiéndose a presentar una propuesta al respecto antes de fin de este año.

• Reducir el tiempo de respuesta en la cobertura de las bajas por parte del personal interino, para disminuir los tres meses actuales, lo cual se intentaría realizar a lo largo de 2018.
Tras esta propuesta del Director General se intervino por la parte sindical, y por parte de SPJ-USO volvimos a reiterar los argumentos que venimos defendiendo desde el inicio de esta negociación, a saber:

• Hemos defendido desde un inicio que esta negociación ha sido precipitada y que no se ha contado con un presupuesto específico y suficiente para abordar la implantación de un partido judicial de la magnitud de Córdoba capital,  con casi 400 funcionarios.      Por el contrario entendemos que se debía haber acometido la implantación en todos los partidos judiciales de nivel 3, similares a los de las experiencias piloto y en los que sí ha habido un amplio consenso sindical.

• Nuestro total desacuerdo con la implantación, por primera vez en Andalucía, del SCOP (servicio común de ordenación de procedimiento) que asumirá el trámite general de los procedimientos.   Este Servicio ha sido, con diferencia, el más problemático en el despliegue de la NOJ en otros territorios, y desde SPJ-USO abogamos por su supresión, ya que no es preceptiva su creación.

• Reclamamos que la nueva Consejera de Justicia, Rosa Aguilar, se involucre en esta importante negociación y consiga una dotación presupuestaria digna para la RPT de Córdoba.

• Volvimos a reivindicar una verdadera valoración integral de todos los puestos de trabajo de Córdoba, singularizando aquellos que presenten unas especiales condiciones,  como en principio sucede con los puestos actuales de los Juzgados de lo Penal, de Primera Instancia y de lo Mercantil.    Por el contrario la Consejería se ha limitado a singularizar únicamente las jefaturas,  25 en total, lo cual supone una cantidad ridícula de poco más del 5% de la plantilla de Córdoba.    El resto seguirán percibiendo las retribuciones que perciben actualmente sin que se les reconozca los factores que están previstos en una RPT como son la especial dificultad técnica o la especial penosidad.      Con ello está garantizada la desafección del colectivo con este nuevo modelo organizativo y la imposibilidad de tener una verdadera carrera horizontal, que es una de las pocas cosas positivas de la NOJ.     La justificación que nos ha dado el Director para no singularizar estos puestos y aumentar sus retribuciones en consonancia, ha sido la falta de presupuesto para ello y que de realizarse en Córdoba después habría de extenderse al resto de capitales de provincia y partidos con separación de jurisdicciones.

• El compromiso del Director General de abordar en 2018 el tema retributivo de forma general resulta ambiguo y difícil de creer, pues si la Consejería hubiera querido poner dinero encima de la Mesa lo hubiera hecho ahora en esta RPT.    No resulta creíble que no haya dinero ahora para unos centenares de trabajadores y si lo vaya a haber en el futuro para 8000 funcionarios.  Cualquier incremento retributivo ha de contar con la autorización de la Consejería de Hacienda para ello, pues sin ella no es posible subida salarial alguna en virtud de la Ley autonómica 3/12 para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía.    Tras la intervención del Director General quedó patente que no se dispone de esa autorización.

• Este ínfimo porcentaje del 5% de puestos singularizados contrasta con el de las RPTs de la Junta de Andalucía de dimensiones similares,  que supera el 60 % de puestos singularizados y donde si hay posibilidad, por tanto,  de realizar una carrera profesional horizontal.    Esta diferencia de trato no está en modo alguno justificada y supone un agravio hacia los funcionarios de Justicia.
• Volvimos a reclamar que la dotación de las todas las UPAD sea, como mínimo de 1 Gestor y 1 Tramitador.   No es viable 1 Gestor por cada dos UPAD de lo Penal, Contencioso o Social.
• Las UPADs de Menores e Instrucción sufren una injustificada reducción en un funcionario cada una de ellas en la última propuesta, sin que haya una reducción paralela  de la carga de trabajo, lo cual es inasumible.
• La dotación de solo 3 funcionarios del Equipo de Apoyo es simbólica para un partido judicial de 400 efectivos.    Ha de aumentarse para que sea eficaz.
• Ha de acometerse planes de actuación urgentes para reducir la pendencia de ejecutorias y de procedimientos mercantiles.

Por todo ello, dejamos claro que, hoy por hoy, esta RPT es inasumible por SPJ-USO y tampoco estamos dispuestos a utilizar la RPT de Córdoba como moneda de cambio para abrir otras negociaciones y mucho menos sin garantía alguna, como antes hemos dejado patente.   Lo que suceda en Córdoba con esta RPT nos importa y mucho,  pues este modelo además de afectar a 400 compañeros, después se exportará a todas las capitales de provincia y partidos con separación de jurisdicciones y no podemos hipotecar nuestro futuro profesional de forma irresponsable.   No obstante y para que no quepa duda de nuestro compromiso, hemos presentado escrito a la Consejería solicitando la inmediata apertura de la Mesa de Retribuciones de Justicia, cuanto antes,  y con objeto de abordar la negociación de aquellas que son competencia de la Junta de Andalucía,   pero sin vincular esa negociación a la aprobación de una RPT que para nosotros es muy deficitaria.

Tampoco han dado su apoyo, de momento, el resto de sindicatos, aunque el Director manifestó que no cierra las puestas a un acuerdo, aunque no terminamos de ver con quien y en qué términos.   El tiempo lo dirá.    

CIRCULAR: descarga.

SPJ-USO Nacional. El Ministro Catalá y sus ocurrencias (o falta de ellas).

EL MINISTROCATALÁ Y SUS OCURRENCIAS (O FALTA DE ELLAS):

                                        NACIONAL

Cinco son las líneas estratégicas del Ministerio de Justicia que, en relación con los procesos judiciales, han sido  anunciadas en estos días de julio por el Titular del Ministerio, aprovechando su presencia en alguno de sus Cursos de Verano:

1)   La Instrucción Penal, para los Fiscales.

2)   Fomento de la Ejecución de los Procesos Civiles a través de los Servicios Comunes y de las aplicaciones informáticas específicas para notificaciones, embargos, averiguación patrimonial….

3)   Desarrollo del Proceso de digitalización del  Expediente Judicial.

4)   Promoción de una nueva Aplicación de Gestión Procesal, común a todo el territorio del Estado, de acuerdo con las CCAA con competencias en medios materiales de la Admón. de Justicia.

5)   Digitalización del Registro Civil.

Nada que objetar, en general, a cuanto suponga LLEVAR A LA JUSTICIA LOS AVANCES DE LA TECNOLOGÍA que ya han sido asumidos por todas aquellas organizaciones que han sabido adaptar sus fórmulas de gestión a las herramientas que, en definitiva, permiten realizar las tareas que tienen encomendadas con mayor control, agilidad y eficacia. SÓLO QUE DICHOS AVANCES HAN DE SER APLICADOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CON GARANTÍAS DE CALIDAD, es decir, no sin haber sido testados previamente de manera suficiente y adecuada; siempre que hayan superado los debidos controles de buenas prácticas y funcionamiento; previa la formación necesaria y permanente de sus operadores en las Oficinas Judiciales y Fiscales; con los debidos parámetros de compatibilidad en todo el Territorio del Estado; así como con el suficiente grado de inversión en medios y recursos para que la herramienta sirva de la manera más eficiente al fin para el que ha sido prevista. En este sentido, el despliegue del Expediente Digital dista mucho de ello, habiéndose convertido las más de las veces este precipitado instrumento en una pesada carga, antes que en una utilidad, para sus operadores; los funcionarios judiciales (y también para los profesionales relacionados con la Administración de Justicia). Harían bien el Sr. Catalá y su equipo en pararse un poco a pensar cómo hacer las cosas con mejor sentido y suficientes recursos.

SPJ-USO, por otro lado, sí tiene que objetar, y mucho, la FALTA DE UN AUTÉNTICO PROYECTO DE GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA VIABILIDAD DEL REGISTRO CIVIL COMO SERVICIO ABSOLUTAMENTE PÚBLICO, que quede en la órbita exclusiva de la Administración de Justicia (de la que en modo alguno debe salir, reintegrándosele inmediatamente los expedientes de nacionalidad que acaban de ser extrañados de ella); servido por sus actuales funcionarios y manteniendo todas sus oficinas, incluidas las de los Juzgados de Paz, para mejor atender, y de forma gratuita, a la ciudadanía.

Finalmente tampoco está de acuerdo SPJ-USO con que la Administración de Justicia se sitúe de espaldas a la independencia que la debe caracterizar, como viene ocurriendo sistemáticamente bajo el mandato Catalá. Y es que tras resonantes palabras como las de “modernización” o “eficiencia”…, muchas veces, los gestores públicos no esconden otra cosa que puros y duros intereses políticos, cuando no, lisa y llanamente privados.

Porque, a ver, contéstennos, Sras. y Sres. del Gobierno: ¿A quién interesa un Instructor Penal dependiente en última instancia de una Autoridad designada políticamente por el Gobierno (el Fiscal General del Estado), que transmite sus decisiones bajo el principio de dependencia y jerarquía a toda la pirámide de sus subordinados (los Fiscales a los que se pretende atribuir la Instrucción de Causas Penales)?

Circular para descarga.

SPJ-USO: Plan del C.G.P.J. para las reclamaciones por cláusulas suelo: el colapso ya está servido. Implantación Nueva Oficina Judicial Córdoba.

PLAN DEL C.G.P.J. PARA LAS RECLAMACIONES POR CLAUSULAS SUELO:

EL COLAPSO ESTÁ YA SERVIDO.

Tan solo un mes después de la implantación del plan del Consejo General del Poder Judicial para abordar las reclamaciones por clausulas suelo hipotecarias, se han superado con creces las peores expectativas en cuanto a la cantidad de demandas recibidas por los Juzgados de Primera Instancia especializados.

A título de ejemplo, el Juzgado de Primera Instancia especializado para toda la provincia de Málaga ya ha recibido, en un solo mes, 1000 demandas, cuando la previsión para todo 2017 era de 1400 demandas.

Este volumen de demandas concentrado en un solo órgano y un solo juez, que ha de realizar personalmente las audiencias previas y los juicios, provoca inevitablemente que se produzca un “cuello de botella” en la agenda de señalamientos y que estos se dilaten enormemente y se retrasen durante años.

Se confirma pues que este parece ser un Plan diseñado a la medida de la Banca, que es la gran beneficiada de la enorme dilación que van a sufrir estas demandas, pues de esta forma no estará obligada a llegar con prontitud a acuerdos con los perjudicados y podrá hacer el desembolso, al que está obligada, en cómodos plazos durante muchos, muchos años.

La nueva Consejera de Justicia, Rosa Aguilar, parece tenerlo igual de claro que nosotros, a tenor de sus declaraciones realizadas recientemente en prensa, aunque lo cierto es que se echa en falta mayor disposición y celeridad por parte de su Consejería, pues a día de hoy sigue sin nombrarse todo el personal comprometido para estos juzgados especializados.

Para SPJ-USO fue y sigue siendo una incógnita la docilidad con la que las Comunidades Autónomas con competencias en Justicia se han tragado este “sapo” del C.G.P.J. sin apenas rechistar, incluida Andalucía. Por eso desde SPJ-USO exigimos una rectificación cuanto antes de los poderes públicos, para que la tutela judicial efectiva al ciudadano en estos casos no se convierta en un mero “espejismo”.

Con este plan del C.G.P.J., una vez más ¡¡GANA LA BANCA!!,

(y pierde el ciudadano)

IMPLANTACIÓN NUEVA OFICINA JUDICIAL: CORDOBA

Pocas esperanzas de un cambio significativo de modelo

Tras la pasada Mesa de Negociación de 4 de Abril, SPJ-USO ha procedido a presentar las alegaciones al borrador inicial de RPT de Córdoba capital que nos facilitó la Administración.

En ellas hemos dejado constancia de que, a nuestro modo de ver y a tenor de dicho borrador inicial, la pretensión de la Consejería es más la de hacer una “reordenación de efectivos” que una verdadera RPT.

Ello es así porque la Administración no ha realizado una verdadera valoración de los puestos, que es por donde debe empezar una RPT de esta magnitud (para casi 400 personas), sino que se ha limitado a crear unos pocos puestos singularizados, y a reordenar al personal entre las UPADs, y los tres servicios comunes, uno de los cuales (el de Ordenación del Procedimiento) lo vemos precipitado y arriesgado, pues el expediente digital dista mucho de ser una realidad plenamente operativa.

Desde SPJ-USO ya dijimos en la referida Mesa que lo prudente y deseable hubiera sido terminar de implantar la NOJ en las poblaciones de Nivel 3, antes de empezar con el Nivel 2 y con una capital de provincia de la entidad de Córdoba.

En nuestras alegaciones hemos vuelto a insistir en que este es el momento que la normativa legal establece para realizar una verdadera valoración de los puestos, determinando las condiciones de trabajo que afectan a unos y a otros, y a partir de ahí, singularizando o diferenciando aquellos que soporten una especial penosidad (como es el caso de los Juzgados Penales) o una especial dificultad técnica (como ocurre con los Juzgados de Primera Instancia y Mercantiles que han de bregar diariamente con numerosas “bases de datos”, algo que no ha sido reconocido aún por la Administración).

No hacer esa valoración y catalogación de los puestos ahora, que es cuando corresponde legalmente y dejarlo para más adelante (no se sabe cuándo ¿?) sería un gravísimo error y permitirlo por la parte sindical, sería una grave irresponsabilidad por nuestra parte. La implantación de la NOJ es algo que llevamos esperando, nos guste o no, desde 2004 y no puede pretender la Consejería aplicarnos solo lo negativo, y no lo positivo que puede conllevar, pues eso sólo producirá desafección y desapego de los funcionarios hacia ese nuevo modelo de organización del trabajo.

No es de recibo que en una Ciudad como Córdoba todo el dinero se haya ido en un nuevo edificio y en su equipamiento material y no se haya previsto ni reservado por la Junta de Andalucía una dotación presupuestaria suficiente para reconocer y retribuir en la RPT las condiciones de trabajo de los casi 400 funcionarios y funcionarias que van a ser el corazón y el motor de ese edificio y sin cuya implicación la NOJ no será un éxito.

Acuerdos como el reciente de la Comunidad de Madrid, donde se reconoce e incentiva la participación de los funcionarios de Justicia para la plena implantación de la Administración Electrónica (Lexnet, sistema de gestión procesal) y se reconoce la elevada carga de trabajo que soportan, mediante la ampliación generalizada del complemento provisional autonómico (en 120 euros/mes, aunque eso sí, consolidables en tres años) dejan en evidencia la falta de inversión e incentivación que padecemos en Andalucía, a pesar de ser la Comunidad Autónoma con más carga de trabajo por funcionario de todo el Estado.

Esperemos que la nueva Consejera, que ya ha mostrado sensibilidad en cuanto a la próxima implantación de la guardia de 24 horas en Córdoba, tenga en cuenta nuestras demandas y apueste por modernizar la Justicia y no por una simple reordenación de efectivos, como se nos ha propuesto.

SPJ-USO Estatal: Unión y esfuerzo conjunto ante los nuevos retos.

UNIÓN Y ESFUERZO CONJUNTO ANTE LOS NUEVOS RETOS

1.- OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2017.

La publicación en el BOE de 8/7/2017 de la Oferta de Empleo Público de 2017 nos deja en la Administración de Justicia del conjunto del Estado, a falta de negociar las correspondientes Bases de Convocatoria, 743 plazas para TURNO LIBRE (Cuerpos de LAJ, Médicos F., Gestión P&A, Tramitación P&A y Auxilio J.), 191+434 plazas para PROMOCIÓN INTERNA (Cuerpos de LAJ, Gestión y Tramitación) y 2.331 plazas para el denominado proceso de ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL. 

En relación con la misma, SPJ-USO opina que el Ministerio de Justicia no ha cumplido lo que predica, esto es, una política de transparencia que nos permita conocer de forma contrastada el número de plazas vacantes que realmente debe integrar la denominada Tasa de Reposición. Lo cual es determinante para evaluar el alcance y conformidad con las leyes de una Oferta de Empleo Público que entendemos cicatera, y completamente al margen de las necesidades reales que, hoy por hoy, tiene la Administración de Justicia en dotaciones de personal. 

Las Bases de las respectivas convocatorias deben sujetarse en cualquier caso a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, como todos sabemos, pero además deben promocionar el igual acceso a los puestos de trabajo públicos, como exige la norma constitucional y las leyes dictadas en desarrollo de este derecho fundamental. 

Es por ello que los ciudadanos sin previa vinculación con la Administración de Justicia deben poder optar a acceder, a través del Turno Libre, a la condición de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia en unas condiciones que les permitan el ejercicio efectivo de tan esencial derecho; igual que quienes ostentan ya la condición de funcionarios, han de disponer de una auténtica Carrera Profesional, entre otras vías, por medio de los Procesos de Promoción Interna; procesos que hoy día, desde 2015, están disminuidos a un cupo del 30% del conjunto de plazas vacantes, el cual nuestro Sindicato aboga por incrementar al 50% de las vacantes que tuvo antes de la indicada y desgraciada reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (art. 490). 

En relación con los procesos de Estabilización del Empleo Temporal es preciso cumplir con los requerimientos al respecto emanados de las Directrices de la Unión Europea, así como las Sentencias de su Tribunal Superior de Justicia, apostando, en consecuencia, por los procedimientos reglados de Concurso-Oposición que permitan consolidar empleados públicos temporales en plantilla, cumpliendo sus legítimas expectativas, si bien con el máximo respeto a los principios constitucionales ya referidos, y sin servir de agravio comparativo para los Ciudadanos, en general, del Acceso Libre o para los Funcionarios del de Promoción Interna. 

2.-LA NEGOCIACIÓN RETRIBUTIVA EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS. 

A ninguno se nos escapa que nuestros compañeros/as del Principado son, entre otros, de los peores retribuidos de todo el Estado, y nos tememos que el actual proceso de negociación abierto por el Gobierno Autonómico no ayudará mucho a superar esa situación tan discriminatoria, a la vista de las propuestas de éste en la Mesa Sectorial correspondiente (Complemento VM. 110€ Tramo I-70€ Tramo II-50€ Tramo III, no consolidables, y excluidos Jdos Penales; Complemento Gral. 90€ x 14 pagas, en dos años, con subidas anuales de 45€ hasta alcanzar dicho importe). 

Para SPJ-USO el complemento de Juzgados de Violencia sobre la Mujer debe integrar el Complemento Autonómico, hacerse extensible a todos los Juzgados inmersos en esa jurisdicción funcional (también, por tanto, a los Juzgados de lo Penal) y ser consolidable en el futuro Complemento Específico, situando sus importes en la media de las Comunidades que lo tienen establecido. De la misma forma, el Complemento Autonómico General, que ha de ser igualmente consolidable a futuro, debe retribuir las verdaderas cargas de trabajo de las Oficinas Judiciales y Fiscales del Territorio, mucho mayores que en Comunidades que fijan el complemento en 200 € de media por encima: la Justicia del Principado no ha de destacar por su discriminación retributiva, ésta debe cesar cuanto antes, y no al cabo de un período de tres años. 

3.-EL PREACUERDO DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

SPJ-USO entiende positiva la actualización en 120€ del Complemento Autonómico en la Comunidad de Madrid y su consolidación en el futuro Complemento Específico; si bien nos parece excesiva la implantación diferida a tres ejercicios anuales de tal subida retributiva. En cualquier caso, nos congratulamos de que se reconozcan los altos índices de las cargas de trabajo que padecen nuestros compañeros de la Comunidad madrileña y de que se abra una vía a la especialización formativa de los funcionarios de nuestro colectivo, así como una deseable mejora en la gestión de nombramientos del personal interino, acortando demoras indebidas, o una serie de actuaciones en materia de Salud y Prevención de Riesgos Laborales, para cuya realidad y cumplimiento efectivo nos mostraremos vigilantes. 

4.-LA NEGOCIACIÓN DE LA NUEVA OFICINA JUDICIAL EN CÓRDOBA. 

SPJ-USO entiende lamentable el planteamiento de la Consejería de Justicia andaluza ante la propuesta de implantación de la NOJ en una ciudad tan importante como Córdoba. No hay en el Proyecto de esta Administración el más mínimo guiño a la especialización; apenas se ofrecen puestos singularizados y no hay un duro en inversiones para lo que se predica como modernización de la Oficina Judicial. Tan siquiera se han afinado las herramientas electrónicas que permitan la gestión e itineración de los procesos judiciales en forma de Expedientes Digitales, que dan continuos fallos y problemas a los funcionarios encargados de su gestión. Auguramos el mayor fiasco para un proyecto que nace sin ideas, y con el que simplemente se ha querido aprovechar la inauguración de un Edificio Judicial para parodiar la modernización de la Administración de Justicia. La nueva Consejera de Justicia está aún a tiempo de recapitular. 

SPJ-USO insiste en que se deben valorar los factores que integran el Complemento Específico de los funcionarios (especial dificultad técnica, penosidad, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible o las condiciones en que se desarrolla el trabajo). 

SPJ-USO. Otro sindicalismo es posible

Accede a la circular. PULSA AQUI.

SPJ-USO: Comunicado en relación con el Acuerdo contra la temporalidad del Empleo Público

COMUNICADO SPJ-USO

En relación con el Acuerdo contra la temporalidad del Empleo Público

En relación a las noticias aparecidas en prensa sobre el Acuerdo contra la temporalidad del empleo público,  suscrito ayer 29 de Marzo de 2017 entre el Ministro de Hacienda y los tres sindicatos mayoritarios,  y a falta de poder hacer un examen y análisis detallado de los términos de ese Acuerdo, desde SPJ-USO queremos dejar constancia que:

Los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad para el acceso a la función pública deben ser respetados, sin perjuicio de lo cual, hay que dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea en relación con el empleo interino.

Pero paralelamente a lo anterior hay que potenciar y facilitar la carrera profesional de los empleados públicos que ya son titulares,  y que han visto como en los últimos años la promoción profesional se ha ido dificultando progresivamente.

Esto exige un esfuerzo por parte de la Administración y por parte de todos para poder cuadrar el círculo, conciliando los derechos de las partes en liza y consecuentemente dar satisfacción a todos aquellos principios que están en la base de nuestro sistema de acceso al trabajo en el sector público. 

SPJ-USO: Circular Reunión 27 de marzo: Expediente Digital

REUNIÓN DEL DIA 27 DE MARZO 2017 CON EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SISTEMAS

Tras la denuncia de SPJ-USO la semana pasada en prensa del caos que está suponiendo la implantación del expediente digital y la experiencia del papel “0” en Andalucía, debido a la precipitación del propio Ministerio de Justicia y a la poca inversión de la Consejería de Justicia, SPJ-USO solicitó una reunión con el Director de Infraestructuras y Sistemas que se ha celebrado en el día de hoy en la sede de la Consejería de Justicia.

PROBLEMAS DERIVADOS DEL EXPEDIENTE DIGITAL Y DEL PROYECTO PAPEL “0”

De todos es sabido los contratiempos que está suponiendo la implantación del expediente digital en los órganos judiciales de Andalucía, y por ello desde SPJ-USO, tras denunciar esta situación, creíamos necesario trasladar al propio Director General de Infraestructuras y Sistemas los problemas más habituales con los que nos estamos encontrando diariamente en la tramitación de los procedimientos para intentar solventar el mayor número de ellos.

§  DOBLE PANTALLA. SPJ-USO  ha exigido, tanto por escrito como en la reunión celebrada con el Director Gral., la instalación de la segunda pantalla como visor de documentos, al estilo de un libro digital,  debiendo estar a la misma altura y tener la misma resolución que la pantalla principal, para evitar problemas y riesgos para la salud del trabajador. Ante ello se nos ha reconocido que no tienen un calendario de implantación de la doble pantalla ni fondos económicos suficientes  para hacer esa implantación en todos los puestos en este momento y que, aunque necesaria, no es según ellos prioritaria en estos momentos.

§  FORMACIÓN.- Desde SPJ-USO hemos insistido en la necesidad de intensificar la formación y la información dirigida a los funcionarios de justicia en materias como las nuevas aplicaciones informáticas y novedades del expediente digital, opciones de funcionalidad de Adriano, impresoras, escáner y fax, e igualmente, la necesidad de que la formación en materia de expediente digital se imparta también a Jueces y Letrados de la A.J. para vencer su resistencia a los cambios tecnológicos.  Nos aseguran que van a habilitar en Hermes un enlace que llevará a manuales explicativos de las nuevas funcionalidades de las aplicaciones informáticas.

§  LEXNET.- Nos informa el Director General que los juzgados de Menores se integrarán plenamente a partir del 28 de abril en Lexnet.   

Hemos expuesto una vez más los problemas que suscita el exceso de cabida en los documentos adjuntos a las demandas, tanto en aumento de trabajo como en tiempo invertido al tener que introducir manualmente al programa los documentos cuando las partes lo presentan en un CD y la poca colaboración, a veces, de los propios profesionales.

Igualmente, le hemos planteado los siguientes problemas, que hemos recopilado atendiendo a lo que vosotros mismos nos habéis trasladado:

§  FALTA DE IDENTIFICACION DE LOS DOCUMENTOS.- los profesionales no atienden a la instrucción sobre Lexnet y no identifican los documentos presentados, debiendo abrirse documento por documento para saber el contenido de los mismos, por lo que hemos insistido en que se requiera a los distintos colegios profesionales para que se aumente la colaboración en esta materia. 

§  IMPOSIBILIDAD DE proveer más de un escrito a la vez.-  cuando es muy habitual que varios escritos se resuelvan en una misma providencia o auto. Habiéndose comprometido la Administración a resolver las cuestiones técnicas que impiden dicha labor.

§  CONSULTA DEL EXPEDIENTE DIGITAL POR LOS PROFESIONALES.- Informándose por el Dtor. Gral. que a partir de Mayo se habilitará a través de la Sede Judicial Electrónica la consulta externa de los procedimientos por parte de los profesionales.

§  DEVOLUCIÓN DE ESCRITOS QUE NO CORRESPONDEN CON EL EXPEDIENTE. Intentarán implementar la aplicación para que se pueda posibilitar la devolución directa sin tener que proveer en ningún procedimiento concreto.

§  FIRMA DIGITAL.- Reconocen que el sistema en la actualidad se bloquea, aunque cada vez, dicen, con menor frecuencia por las mejoras que van haciéndose.

§  NECESIDAD de INTEGRAR FORTUNY CON ADRIANO. Al parecer, el Ministerio de Justicia tiene previsto para este verano poner en marcha esta integración en territorio Ministerio y se ha solicitado por la Consejería de Justicia permiso para ponerlo también en marcha en alguna Fiscalía en el ámbito de Andalucía para poder ir avanzando en la integración de ambos sistemas.

§  PLENO FUNCIONAMIENTO del expediente digital en la Audiencia Provincial,  e intercomunicación con los Juzgados. Nos informan de que a partir del mes de Mayo será posible elevar los asuntos de forma digital a la Audiencia Provincial, teniendo ésta la posibilidad de visualizar el expediente completo a través de Adriano.

Además de todo ello, desde SPJ-USO hemos denunciado de nuevo la falta de coordinación y fluidez de información entre la Administración y los profesionales de la Justicia así como con los propios órganos judiciales, y los problemas añadidos que ello provoca al afrontar el cambio al expediente digital.

Por su parte el Director Gral. de Infraestructuras y sistemas insistió en la voluntad de solucionar en la medida de lo posible todos los problemas planteados, haciendo hincapié en que esta situación es transitoria hasta que se habilite un nuevo programa de Gestión Procesal que vendrá a sustituir al actual Adriano y que integrará desde las consultas a las bases de datos del SIRAJ, Catastro, las aplicaciones judiciales, etc…

            Por nuestra parte hemos vuelto a advertir del lastre que está suponiendo para el avance del expediente digital, la actitud de algunos Jueces y magistrados que se niegan a adaptarse a la nueva normativa y no renuncian a la tramitación tradicional en papel de los expedientes, ocasionando más trabajo a la oficina judicial y un elevado coste en consumo de papel.

SALVAGUARDA DE DATOS:

En esta reunión se nos ha confirmado lo que ya habíamos informado sobre la nueva prórroga del Plan de Salvaguarda, y van dos desde que se anunció su eliminación el pasado mes de diciembre de 2016, al reconocer la propia Dirección Gral. de Infraestructuras y Sistemas que era prácticamente imposible tener lista para principios de Abril la aplicación que va a sustituir el trabajo que ahora realizan los compañeros dedicados a realizar las copias de las vistas.     La excusa, esta vez, es la existencia de problemas técnicos con los certificados de seguridad para el acceso al nuevo sistema de descarga de copias de las vistas.

Nos aseguran que se trata de la última renovación del Plan de Salvaguarda, que va a coexistir a partir del día 3 de abril de 2017 con la puesta en marcha del programa piloto del nuevo sistema que posibilitará la descarga de los videos a través de la sede judicial electrónica a los profesionales, estando aún pendiente de determinar la forma de asignación del usuario y la contraseña a los mismos.

Una vez terminada la nueva prórroga del Plan de Salvaguarda, permanecerán, en las sedes judiciales donde existan, las máquinas expendedoras habilitadas actualmente para copiar o descargar videos por los profesionales, siendo a partir de entonces competencia del servicio de mantenimiento de informática cualquier incidencia relacionada con las mismas.

Igualmente se coordinará a través de este servicio de informática la entrega, por parte de los compañeros actualmente acogidos al Plan de Salvaguarda, de las llaves, aparatos y material en custodia relacionados con esta labor.

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SPJ-USO: Circular Grupo de Trabajo (Mesa Negociación de Justicia) 1.2.17

GRUPO DE TRABAJO 1- Febrero - 2017

(MESA NEGOCIACIÓN DE JUSTICIA)

Gestión de baremación de las bolsas de Interinos

SPJ-USO  ha vuelto a solicitar una mayor coordinación entre Dirección General y Delegaciones Provinciales y el envío a estas últimas de instrucciones claras sobre los acuerdos que se han adoptado en mesa, relativos a criterios de baremación.

Funcionamiento de las Comisiones de baremación

Volvemos a incidir en la necesidad de reforzar a las Delegaciones Provinciales de medios materiales y recursos humanos.

En grupo de trabajo se acordó dotar de ordenadores a las delegaciones provinciales para que se pudiera acceder SHIRUS para comprobar las baremaciones y no tener que manejar los expedientes físicos.

Criterios de baremación

 ERRORES MATERIALES O ARITMETICOS.-  A pesar de que, en un principio, no se iba a admitir una baremación final superior en puntos a los que cada solicitante se hubiese adjudicado en la solicitud, finalmente se tendrán en cuenta los errores materiales o aritméticos que se hayan podido cometer y que conlleven un total de puntos distinto a los reseñados en dicha solicitud. Para ello deberá alegarse dicho error material o aritmético en el periodo habilitado para ello tras la publicación de las listas provisionales de baremación.

VALIDEZ FORMACION POSTGRADO.-  Finalmente se ha atendido la solicitud de SPJ-USO y serán admitidos los cursos de Master, así como  el resto de cursos impartidos por las Universidades como formación continuada de postgrado (Doctorados, Diploma de Especialización  (antes Experto Universitario), Diploma de Experto (antes Curso de especialización universitaria), Diploma de Formación Continua y Diploma de Extensión universitaria), siempre que conste su valoración en horas.

CURSOS DE FORMACION CONTINUA.- En cuanto a los cursos impartidos por Organizaciones sindicales dentro de los Acuerdos de Formación Continua en las Administraciones Publicas, es requisito imprescindible que conste expresamente en el certificado del curso esta condición, no siendo suficiente que se diga que los cursos están impartidos por una organización sindical que está dentro del marco de formación continua de las administraciones publicas, debe ser el curso en cuestión el que este dentro de ese plan.

Bolsa de reserva

Por fin se va a proceder a dar cumplimiento de lo regulado en el Art. 3, ap. 5 letra e) de la Orden de Interinos, formando una bolsa de reserva con las personas aprobadas en la OEP 2015.

Dicha bolsa se ordenará en función de las calificaciones obtenidas. Los candidatos podrán estar encuadrados en mas de una bolsa de  reserva si acreditan el aprobado de alguna prueba en mas de un cuerpo, pudiendo elegir la provincia que desea para ser llamado, que podrá ser la misma o distinta en cada uno de los cuerpos en cuya bolsa de reserva se integre.

En ningún caso estos candidatos generaran derecho a integrarse en las bolsas provinciales de interinos y les serán de aplicación las normas recogidas en la Orden de interinos.

Por parte de SPJ-USO se ha solicitado a la Dirección General que inste a las Delegaciones Provinciales a que actualicen el estado de las bolsas de trabajo en el Portal Adriano, pues alguna, como la de Málaga,  está sin actualizar desde el pasado mes de Septiembre.

NUEVA OFICINA JUDICIAL.-  Proceso de acoplamiento en las experiencias piloto

            Por el Director General se nos informó que, como último paso antes de la implantación de la NOJF en las experiencias piloto ( El Ejido, Vélez-Málaga y Fiscalía de Sevilla) se está a la espera de la aprobación definitiva de las RPT´s por parte del Ministerio de Justicia.

            En todo caso se prevé que, como muy tarde en el último trimestre de 2017, ya esté plenamente operativa la NOJF en estos órganos.

            También nos informó que la siguiente implantación de la NOJF que se va a acometer va a ser la del partido judicial de Córdoba capital,   con pretensiones de que dicha negociación se culmine antes del verano y que pudiera implantarse a final de este año,  previsión excesivamente optimista desde nuestro punto de vista, dado  lo que está tardando la efectiva puesta en marcha de las experiencias piloto, que son mucho menos complejas que un partido judicial de la entidad de Córdoba capital, que está dotado de todo tipo de órganos judiciales y fiscales.

Respecto del proceso de ACOPLAMIENTO de las experiencias piloto,  os recordamos que las fases del mismo son las siguientes:

FASE 1: Concurso específico para puestos singularizados (jefaturas)

FASE 2: Confirmación del personal en los puestos de trabajo que viniesen desempeñando.  El personal de cada Juzgado se confirma en la UPAD heredera del mismo, teniendo preferencia en este proceso los más antiguos en el escalafón.  En caso de no haber interesados en confirmarse en alguna UPAD, serán confirmados los más modernos en el escalafón.

FASE 3: Reordenación de efectivos.- Agotadas las fases anteriores, los puestos de trabajo que resten por cubrir se ofertarán para su cobertura voluntaria a los funcionarios que falten por acoplar, teniendo preferencia los funcionarios de mayor antigüedad en el cuerpo.

FASE 4: Reasignación forzosa.  Si hubiese funcionarios pendientes de acoplar.

            En el caso de que la adscripción al puesto de trabajo no tenga carácter voluntario y se produzca mediante el proceso de reasignación forzosa, el personal afectado tendrá las siguientes garantías (conseguidas en el Acuerdo de Garantías suscrito por SPJ-USO):

a)    No estará obligado a la permanencia de dos años en el puesto de trabajo para tomar parte en un concurso de traslado

b)    No se aplicará la obligación de participar en el primer concurso de traslado que se convoque a partir del proceso de acoplamiento.

c)    Tendrá preferencia para obtener un puesto de trabajo en su centro de destino de origen en el primer concurso de puestos genéricos en que se oferten plazas de dicho centro

Se nos ha dado traslado del borrador de las bases para el concurso específico (fase 1), a fin de presentar alegaciones al mismo antes del 15 de este mes.

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