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24 de julio de 2017

SPJ-USO Nacional. El Ministro Catalá y sus ocurrencias (o falta de ellas).




                                        NACIONAL
Cinco son las líneas estratégicas del Ministerio de Justicia que, en relación con los procesos judiciales, han sido  anunciadas en estos días de julio por el Titular del Ministerio, aprovechando su presencia en alguno de sus Cursos de Verano:

1)   La Instrucción Penal, para los Fiscales.
2)   Fomento de la Ejecución de los Procesos Civiles a través de los Servicios Comunes y de las aplicaciones informáticas específicas para notificaciones, embargos, averiguación patrimonial….
3)   Desarrollo del Proceso de digitalización del  Expediente Judicial.
4)   Promoción de una nueva Aplicación de Gestión Procesal, común a todo el territorio del Estado, de acuerdo con las CCAA con competencias en medios materiales de la Admón. de Justicia.
5)   Digitalización del Registro Civil.

Nada que objetar, en general, a cuanto suponga LLEVAR A LA JUSTICIA LOS AVANCES DE LA TECNOLOGÍA que ya han sido asumidos por todas aquellas organizaciones que han sabido adaptar sus fórmulas de gestión a las herramientas que, en definitiva, permiten realizar las tareas que tienen encomendadas con mayor control, agilidad y eficacia. SÓLO QUE DICHOS AVANCES HAN DE SER APLICADOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CON GARANTÍAS DE CALIDAD, es decir, no sin haber sido testados previamente de manera suficiente y adecuada; siempre que hayan superado los debidos controles de buenas prácticas y funcionamiento; previa la formación necesaria y permanente de sus operadores en las Oficinas Judiciales y Fiscales; con los debidos parámetros de compatibilidad en todo el Territorio del Estado; así como con el suficiente grado de inversión en medios y recursos para que la herramienta sirva de la manera más eficiente al fin para el que ha sido prevista. En este sentido, el despliegue del Expediente Digital dista mucho de ello, habiéndose convertido las más de las veces este precipitado instrumento en una pesada carga, antes que en una utilidad, para sus operadores; los funcionarios judiciales (y también para los profesionales relacionados con la Administración de Justicia). Harían bien el Sr. Catalá y su equipo en pararse un poco a pensar cómo hacer las cosas con mejor sentido y suficientes recursos.

SPJ-USO, por otro lado, sí tiene que objetar, y mucho, la FALTA DE UN AUTÉNTICO PROYECTO DE GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA VIABILIDAD DEL REGISTRO CIVIL COMO SERVICIO ABSOLUTAMENTE PÚBLICO, que quede en la órbita exclusiva de la Administración de Justicia (de la que en modo alguno debe salir, reintegrándosele inmediatamente los expedientes de nacionalidad que acaban de ser extrañados de ella); servido por sus actuales funcionarios y manteniendo todas sus oficinas, incluidas las de los Juzgados de Paz, para mejor atender, y de forma gratuita, a la ciudadanía.
Finalmente tampoco está de acuerdo SPJ-USO con que la Administración de Justicia se sitúe de espaldas a la independencia que la debe caracterizar, como viene ocurriendo sistemáticamente bajo el mandato Catalá. Y es que tras resonantes palabras como las de “modernización” o “eficiencia”…, muchas veces, los gestores públicos no esconden otra cosa que puros y duros intereses políticos, cuando no, lisa y llanamente privados.


Porque, a ver, contéstennos, Sras. y Sres. del Gobierno: ¿A quién interesa un Instructor Penal dependiente en última instancia de una Autoridad designada políticamente por el Gobierno (el Fiscal General del Estado), que transmite sus decisiones bajo el principio de dependencia y jerarquía a toda la pirámide de sus subordinados (los Fiscales a los que se pretende atribuir la Instrucción de Causas Penales)?

Circular para descarga.