El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado, por 19 votos a favor y dos en contra, el informe al proyecto de Real Decreto por el que se crean 89 unidades judiciales dentro de la programación de 2017 para adecuar la planta judicial a las necesidades existentes, aunque reitera la necesidad de ser aún más ambiciosos en este proyecto.
Este informe sólo recoge una de las demandas de la provincia de Granada, un nuevo juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Santa Fe. Quedan fuera otras reivindicaciones, como una tercera sección Penal de la Audiencia Provincial y la creación de un segundo juzgado de lo Mercantil, que estaba previsto que se ubicara en el edificio de La Caleta. En Andalucía sí se ha previsto el refuerzo de esta jurisdicción, con la apertura de un tercer juzgado de lo Mercantil en Sevilla.
LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO DE 2016 RECOGÍAN EL NUEVO JUZGADO DE LO MERCANTIL
Desde el Sindicato Profesional de Justicia (SPJ-USO) tildaron ayer esta decisión de " vergonzosa y lamentable" después de "8 años sin la creación de ningún órgano judicial en Granada", ya que en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 estaba prevista la creación de este juzgado de lo Mercantil en Granada.
En 2015, el consejero de Justicia e Interior del momento, Emilio de Llera, puso de manifiesto que todo estaba todo dispuesto para la instauración y dotación de 13 nuevos juzgados en Andalucía, entre ellos el que ha quedado fuera del Real Decreto del CGPJ. Después de un 2016 marcado por un Gobierno en funciones, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en el mes de febrero de 2017, manifestó públicamente la ampliación de la Planta Judicial, que podría estar operativa entre mayo y julio de este año.
"Dentro de este navegar sin rumbo ni timonel, observamos que para Granada y provincia se nos deja fuera de esos proyectos, para conformarnos con unas migajas que no cubren en nuestra provincia unas necesidades mínimas de juzgados según las cargas de trabajo, totalmente referenciadas en las memorias anuales del TSJA", lamentan desde el sindicato para certificar el annus horribilis de la infraestructura judicial en la capital por el posible traslado a Málaga y Sevilla de las nuevas secciones de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), una decisión contestada por la propia Junta de Andalucía y que afectaría a la capitalidad judicial de Granada.
En cuanto a la decisión del Consejo General del Poder Judicial, SPJ-USO ha presentado un escrito ante el Ministerio de Justicia solicitando la urgente modificación del borrador trasladado, antes de la aprobación del Real Decreto, donde se incluya, entre otros, el "imprescindible" Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Granada. "El único Juzgado de lo Mercantil de Granada existente a día de hoy es un órgano tremendamente colapsado, que está reforzado con una funcionaria del servicio de apoyo y dos funcionarios interinos de refuerzo, dada la situación de desborde laboral que vive dicho órgano judicial", señalan en una nota desde el sindicato, que recuerda que, en la última Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), se especifica que dicho órgano recibe más del doble de los asuntos que debería recibir en función de la plantilla que tiene, y solicita la creación del segundo Mercantil.
También solicitan la creación de un nuevo Juzgado de Primera Instancia ya que, según la Memoria del TSJA, los que ya existen en Granada ingresan 1.600 asuntos anuales cada uno, cuando la cifra óptima es de 884, además de un nuevo Juzgado de lo Penal por el "desbordamiento" en materia de Ejecutoria.
En cualquier caso, el informe del CGPJ subraya que todos los juzgados previstos son necesarios y se requiere seguir ampliando la planta judicial para favorecer una distribución de las cargas de trabajo existentes y permitir así una adecuada respuesta a la ciudadanía.
USO reclama a Justicia que sume cinco nuevos juzgados en la provincia
El Ministerio remite un Real Decreto que recoge la creación de dos nuevas salas a las que el sindicato suma tres más
E. D. C. EL DIA DE CORDOBA
El Sindicato Profesional de Justicia (SPJ), integrado en la Unión Sindical Obrera (USO), exigió ayer la creación de cinco nuevos juzgados en la provincia de Córdoba. La demanda llega después de que el Ministerio de Justicia haya publicado un Real Decreto sobre la creación de nuevos órganos judiciales donde el Gobierno expone que para Córdoba se necesitarían dos nuevas salas. Sin embargo, desde el sindicato aseguraron que para cubrir las necesidades y las carencias que tiene actualmente el sistema judicial en la provincia, lo ideal sería sumar a esos dos juzgados propuestos por el Ministerio de Justicia, otros tres más.
Los juzgados para Córdoba que recoge el Real Decreto -que aún no es definitivo y puede someterse a cambios- serían dos: otro juzgado de Primera Instancia, que sería el número 11, más una plaza de magistrado para la Sección número dos de la Audiencia Provincial. A estos dos propuestos por el Gobierno central, SPJ-USO añadirían tres más: un juzgado de lo Social, que sería el quinto de la provincia; otro de lo Mercantil, que supondría el número dos de Córdoba; y un juzgado de lo Penal, que se sumaría a los cuatro con los que se cuenta en la actualidad.
Desde el sindicato también denunciaron una serie de carencias en los distintos órganos judiciales repartidos alrededor de la provincia y recordó que es necesario un refuerzo en prácticamente todas las salas de la provincia, además de la estabilización de las plantillas añadiéndoles el número de funcionarios que sea necesario. Y es que, recordó SPJ-USO, muchos de estos juzgados "ya nacieron con carencias en sus plantillas que arrastran hasta la actualidad". La organización sindical puso como ejemplo el juzgado número tres de Posadas, que actualmente cuenta sólo con cuatro funcionarios. "Hay que tener en cuenta que la situación de los órganos judiciales de los municipios es preocupante dado que, con un 25% de plantilla menos de media, la carga de trabajo, la ratio por funcionario en número de asuntos a tramitar, es superior a otros órganos donde la plantilla está normalizada, lo que se traduce en retrasos y en un servicio deficiente", denunció el sindicato. SPJ-USO aseguró también que Córdoba es la provincia andaluza "peor tratada en número de funcionarios y órganos judiciales históricamente".
Dado que el Real Decreto del Ministerio de Justicia es susceptible de modificarse, el sindicato informó también de que va a remitir una serie de alegaciones al Gobierno central donde se hablará de la "urgente" necesidad de que se dote a la provincia de más salas. También se podrían crear nuevas secciones, pero en el caso de Córdoba aún se está pendiente de la implantación de la Nueva Oficina Judicial. Accede a la noticia.
Según
el Ministerio de Justicia, este borrador no es definitivo ya que falta
celebrar, seguramente la próxima semana, la Conferencia Sectorial de
Comunidades Autónomas y puede haber cambios tras su celebración.
En
este borrador, que el Sindicato Profesional de Justicia (SPJ-USO) ha tenido
conocimiento de forma no oficial, se contempla la creación de 89 unidades
judiciales para el 2017 con el objeto de adecuar la planta judicial a las
necesidades existentes, según el mismo.
SPJ-USO
va a remitir al Ministerio de Justicia una relación de Órganos judiciales y
Secciones de urgente creación y que no están contemplados en este borrador para
que se incorporen a la relación definitiva. Cuando la relación definitiva de órganos y
secciones de nueva creación se haga pública oficialmente, haremos una
valoración.
Publicado en el BOE del sábado 11 de marzo, el Real Decreto 229/2017, de 10 de marzo, por el que se crean 16 plazas de Magistrados en órganos colegiados para hacer efectiva la segunda instancia penal.
Afecta a las Comunidades Autónomas de Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana.
SPJ-USO exige la urgente ampliación de plantilla de funcionarios de Gestión Procesal, Tramitación Procesal y Auxilio Judicial, en correlación con la ampliación de la plantilla de Magistrados, antes de su puesta en funcionamiento.
El CGPJ plantea un plan de urgencia para hacer frente a las posibles demandas por las cláusulas suelo
La propuesta es especializar en esta materia un Juzgado de Primera Instancia en cada provincia, evitando así la sobrecarga de trabajo del resto de los órganos judiciales. La competencia territorial provincial permitiría dar una respuesta idéntica a todos los ciudadanos, con independencia de dónde residan
Autor
Comunicación Poder Judicial
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy una propuesta de plan de urgencia para hacer frente al previsible aumento de litigios sobre cláusulas abusivas en escrituras hipotecarias como consecuencia de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en relación con las cláusulas suelo.
El órgano de gobierno de los jueces entiende que aunque el Real Decreto-ley 1/2017 de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo solucionará por vía extrajudicial parte de los conflictos que se planteen, puede producirse un importante incremento de demandas derivados de la sentencia del TJUE, que se unirían a las que ya se tramitan en los Juzgados de Primera Instancia sobre condiciones generales de la contratación y protección de consumidores y usuarios.
Un reparto masivo de este tipo de litigios a todos los órganos judiciales de la primera instancia civil podría llegar a comprometer la capacidad de éstos para dar salida al resto de los asuntos de otra naturaleza, por lo que el CGPJ cree necesaria la adopción de medidas con carácter urgente y anticipándose a la previsible entrada masiva de demandas, de forma que en el momento del registro y reparto de las mismas ya estén establecidos los cauces para su atribución a unos órganos judiciales concretos.
Especialización de Juzgados de Primera Instancia
La solución que contempla el Consejo General del Poder Judicial consiste en la especialización de un Juzgado de Primera Instancia en cada provincia, con competencia extendida a todo el territorio de la misma, que de manera exclusiva y no excluyente conozca de la materia relativa a las acciones individuales previstas en la legislación de condiciones generales de la contratación y la protección de consumidores y usuarios.
La especialización se haría al amparo del artículo 98.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que el CGPJ “podrá acordar de manera excepcional y por el tiempo que se determine, con informe favorable del Ministerio de Justicia, oída la Sala de Gobierno y, en su caso, la Comunidad Autónoma con competencias en materia de Justicia, que uno o varios Juzgados de la misma provincia y del mismo orden jurisdiccional asuman el conocimiento de determinadas clases o materias de asuntos (…)”.
La decisión sobre qué Juzgados serán especializados se tomaría en estrecha colaboración con los Tribunales Superiores de Justicia –cuyos presidentes han sido convocados a una reunión el próximo día 15 para estudiar el plan- y con las Juntas Sectoriales de jueces y magistrados, para lo que el día 21 se mantendrá otro encuentro con los jueces decanos. La propuesta es especializar aquellos órganos que se ofrezcan voluntariamente y, en caso de ausencia de voluntarios o de que haya varios en la misma provincia, elegir al Juzgado que se encuentre en mejor situación.
La competencia debe ser exclusiva y no excluyente porque de lo contrario se daría una respuesta eficaz a los litigios relacionados con las cláusulas suelo, pero se sobrecargaría al resto de los Juzgados de Primera Instancia con los asuntos de reparto general de los que quedaran excluidos los órganos especializados.
Esta es la razón de que la Comisión Permanente haya considerado que la competencia exclusiva y no excluyente deba ir acompañada de medidas de refuerzo, adscribiendo al Juzgado especializado uno o varios Jueces de Adscripción Territorial (JAT) que recibirían formación específica sobre la materia para reforzar sus conocimientos y garantizar menores tiempos de respuesta.
Entre las medidas de refuerzo que se plantean también figuran el nombramiento de letrados de la Administración de Justicia y de funcionarios por parte de las Administraciones competentes, así como la asignación de medios materiales.
La competencia territorial, que se extendería a toda la provincia, permitiría dar una respuesta idéntica en tiempo y contenido a todos los ciudadanos, con independencia de la localidad en la que residan.
El CGPJ considera que el plan debería ponerse en marcha el próximo 1 de junio, de modo que los Juzgados especializados puedan asumir las demandas que se produzcan una vez concluidos los cuatro meses que suman los plazos establecidos en el Real Decreto-ley 1/2017 para que las entidades de crédito adopten las medidas necesarias para dar cumplimiento a sus previsiones y para que el consumidor y la entidad lleguen a un acuerdo o se tenga por concluido el procedimiento extrajudicial.
Mayor seguridad jurídica
El órgano de gobierno de los jueces cree que la adopción de las medidas contempladas en su propuesta conllevaría una serie de ventajas, ya demostradas por la experiencia que supuso la especialización de órganos judiciales en materia de comercialización de productos híbridos financieros (preferentes).
Así, el plan permitiría contener en el ámbito de los órganos especializados el problema de la alta litigiosidad como consecuencia de las demandas que se presenten, evitando que resulten afectados todos los Juzgados de Primera Instancia. De este modo se garantiza eficacia y rapidez en la resolución de los asuntos relacionados con las cláusulas suelo y, a la vez, que los tiempos de respuesta a los litigios de otra clase no se dilaten.
También se gozaría de una mayor seguridad jurídica, proporcionando respuestas de fondo unitarias por la existencia de unidad de criterios, lo que a su vez facilitaría transacciones judiciales y extrajudiciales; y daría un uso racional a la figura de los JAT, aprovechando su versatilidad para acomodarse a los cambios sociales, legales o jurisprudenciales que cada vez tienen un reflejo más rápido en las cargas de trabajo de los tribunales.
Por último, el CGPJ considera que las medidas propuestas contribuirían a aumentar la confianza del ciudadano en los tribunales al darle un servicio específico y eficaz frente a un problema que le acucia.
REIVINDICAMOS MAS MEDIOS
Desde el Sindicato Profesional de Justicia vamos a exigirle, tanto al CGPJ, Ministerio de Justicia como a las CCAA con competencias transferidas, que al tiempo que incrementan, para este tipo de actuaciones, las plantillas de Jueces y Letrados, también deben INCREMENTAR LAS PLANTILLAS DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIO EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, de lo contrario las actuaciones de urgencia anunciadas carecerán de eficacia y nos opondremos rotundamente a que sean los de siempre los que saquen el trabajo en unas condiciones laborales muy deficientes y que provocan situaciones de riesgo para la salud.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha revelado hoy que prevé presentar próximamente al Consejo de Ministros un proyecto de Real Decreto que contempla la creación de nuevos Juzgados en toda España, ampliando así la Planta Judicial
Si todo va bien -y no hay ningún contratiempo- podrían estar operativos entre mayo y julio de este año
Estos nuevos órganos estaban contemplados en los Presupuestos Generales que se aprobaron en 2015 para 2016.
La anómala situación electoral por la que ha pasado España en 2016 impidió que el Gobierno en funciones aprobara el consabido Decreto de Creaciones.
Gallardón: Subsistirán todas las sedes judiciales y no se
cerrarán Juzgados de 1ª. Instancia en ningún partido judicial'.
·El ministro de Justicia garantiza que la Comunidad tendrá 'voz y
voto' en la ubicación de las sedes desplazadas que fijará la nueva Ley de
Demarcación y Planta.
Ical -miércoles, 04 de junio de 2014
El
ministro de Justicia,Alberto
Ruiz- Gallardón, afirmó este miércoles que"subsistirán todas
y cada una de las sedes judiciales que en estos momentos existen en España, sin
excepción"y que
"no se cerrará" ningún juzgado de primera instancia o instrucción en
ninguna capital de provincia, ni tampoco en ningún partido judicial de España
"sin excepción".
El
ministro, que clausuró en Ávila el II Ciclo de Justicia de El Norte de
Castilla, respondió así a la preocupación que le trasladó el consejero de la
Presidencia de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago- Juárez,
en ese mismo foro. El portavoz del Gobierno regional advirtió de que si se
aplicaran a otros servicios esenciales los criterios de eficiencia y carga de
trabajo en los que se basa el anteproyecto de ley orgánica del Poder Judicial
(LOPJ) "tendríamos que cerrar todos los servicios del medio rural".
Por
ello, reclamó que esa nueva ordenación de la justiciatenga en cuenta las
peculiaridades de la Comunidad, como la dispersión poblacional, y
evitar que si se aplica esa regla "haya un órgano judicial por cada 10.400
kilómetros cuadrados".
El
consejero incluyó en sus reivindicaciones que Castilla y León también pueda
formular propuestas para la ubicación de las sedes desplazadas, al margen de
tener o no transferidas las competencias de justicia. Una ubicación quefijará la nueva Ley de
Demarcación y Planta. De Santiago- Juárez dijo no entender por qué se
han marcado "dos categorías" en este sentido y reiteró la petición de
la Junta de que "tanto las que tienen las competencias como las que no,
participen haciendo propuestas" y no con una "simple audiencia".
Ante
esta petición, Ruiz- Gallardón aseveró queel
Gobierno dará "voz y voto" a todas las comunidades autónomasy afirmó estar dispuesto a llegar a unacuerdo con el PSOEpara que la nueva Ley de Planta
registre que cualquier modificación sobre la demarcación actual "tenga que
ser informada favorablemente por la comunidad autónoma respectiva, aunque ahora
no vayamos a modificarla", aseveró.
El
ministro aclaró que los tribunales provinciales de instancia que contempla el
anteproyecto de ley asumirán las competencias de las audiencias provinciales y
de los órganos unipersonales, esto es, los juzgados de primera instancia e
instrucción. No obstante matizó que los tribunales provinciales de instancia no
son "sustitutos" ni "herederos" de estos órganos
unipersonales.
Ruiz-
Gallardón alegó
que esta organizaciónaporta
"flexibilidad" al funcionamientoy competencias que puede tener cada
sede y permitirá un mejor aprovechamiento de los medios materiales y humanos
porque pertenecerán al mismo órgano. De esta forma se distribuirán en función
de la carga de trabajo de cada juzgado, y no con un criterio territorial.
"Permitirá reasignación de efectivos sin necesidad de crear juzgados o
modificar la planta constantemente", agregó.
Sede TSJCyL
En
cuanto al debate abierto sobre la sede del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León (TSJCyL), Ruiz- Gallardón aseveró que"mantendrá la sede
establecida desde su constitución"y, por tanto, que la ley
"consagra la titularidad de Burgos como sede". No obstante, no
precisó si, aunque Burgos siga siendo la sede, esta podría desdoblarse con
algunas salas a Valladolid.
Sobre
este tema, el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago- Juárez,
reiteró que el Gobierno regional "no tiene ninguna intención" de
abrir un "debate estéril" puesto que la sede del TSJCyL, está donde
fija la Ley de Cortes de 1987, es decir, Burgos.
Competencias
Coincidieron
el consejero portavoz y el ministro de Justicia en insistir en que para
sentarse a negociar sobre la transferencia de estas competencias a la Comunidad
es precisocompletar
la reforma marcada por el anteproyecto de ley del Poder Judicial, la
Ley de Demarcación y Planta y también, el nuevo modelo de financiación
autonómica, agregó de Santiago- Juárez.
Una
negociación en la que, hasta el momento, hay una diferencia de 30 millones de
euros entre el coste efectivo que estima el Ministerio y el que baraja la
Junta, que también reclama cláusulas de garantía que comprometan una serie de
inversiones.
No
obstante,el consejero
rechazó que Castilla y León sea una "comunidad de segunda"por no tener transferida la justicia,
ya que más que la cantidad de competencias, lo que importa es la
"calidad" con la que se gestionan cada una de ellas. De lo contrario,
en vez de asumir una nueva competencia, se estaría asumiendo un
"déficit" que perjudicaría al resto de servicios públicos.
El CGPJ propone una drástica reducción de los partidos judiciales actuales
El criterio básico tenido en cuenta para esta reducción es la de agrupar partidos que sumen como mínimo 100.000 habitantes, frente a los 50.000 habitantes, que establecía la Ley de planta de 1988
DESDE SPJ-USO somos muy críticos con esta propuesta, pues "UNA
REDUCCIÓN DE LOS ACTUALES PARTIDOS JUDICIALES DEL CALADO Y MAGNITUD QUE
PROPONE EL C.G.P.J. conllevaría necesariamente una merma en la cercanía y
calidad del servicio ofrecido a la ciudadanía por la Administración de
Justicia, creándose una JUSTICIA DE 1ª, (para los ciudadanos que residan
en grandes ciudades), y una JUSTICIA de 2ª (para los ciudadanos que residan en
pueblos medianos y pequeños y zonas rurales), además de incidir muy
negativamente en las condiciones de trabajo del personal que presta sus
servicios en la Administración de Justicia.
Esta
propuesta se opone, además, frontalmente a la CARTA DE DERECHOS AL CIUDADANO,
que se aprobó por el Congreso de los Diputados en 2002, y que establece
"El derecho de ciudadano a que su comparecencia personal ante el órgano judicial
resulte lo menos gravosa posible"
Decreto
Marco de implantación de la Nueva Oficina Judicial de
Andalucía
¡Buenos días,
compañeros! jueves,
07 de julio de 2011
Exigimos
a la Consejería garantías para los derechos de los funcionarios en el
Decreto
Os
reproducimos, a continuación, la circular que SPJ-USO Andalucía ha
elaborado acerca del Decreto Marco de implantación de la NOJ en Andalucía. Haz clic sobre la misma para visualizarla:
Orden JUS/3041/2010, de 17 de noviembre, por la que se modifica la Orden JUS/2746/2010, de 15 de octubre, en relación a la fecha de entrada en funcionamiento de unidades judiciales correspondientes a la programación del año 2010.