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15 de marzo de 2018

SPJ-USO Galicia. La Justicia paralizada en Galicia desde hace 36 días (El Mundo)





A XUSTIZA GALEGA NA PRENSA NACIONAL.


Los funcionarios se consideran «saqueados» y piden una equiparación salarial con el resto de autonomías
14 MAR. 2018 09:23 EL MUNDO
Los juzgados gallegos presentan una imagen fantasmal desde hace más de un mes. Miles de documentos apilados sobre las mesas o en carros, apenas funcionarios en sus puestos, salas de vistas vacías y paredes empapeladas con carteles como «RIP Xustiza Galicia» o «Discriminación».El pasado 7 de febrero, los funcionarios comenzaron una huelga indefinida convocada como resultado de la unión de siete sindicatos (SPJUSOCUTUGTCSIFSTAJCIG y CCOO) y, transcurridas más de cuatro semanas, las negociaciones con la Xunta de Galicia siguen «enquistadas». Las consecuencias se notaron ya desde el primer día, con una media de 80 juicios diarios suspendidos en los principales partidos judiciales, según datos sindicales, y se agravan a medida que avanza el conflicto y los ciudadanos encuentran dificultades para trámites básicos como solicitar una fe de vida, un certificado de defunción o una boda civil.
En el edificio judicial de A Parda, en Pontevedra, en el mostrador de atención al público del registro civil, decenas de personas hacen cola para ver si el trámite que necesitan entra en los servicios mínimos estipulados. Unos servicios mínimos que los funcionarios consideran «abusivos», y que la Xunta explica que ha fijado «para que la huelga no cause perjuicios a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos».
Ni los funcionarios en huelga ni la Xunta logran cuantificar el número de juicios o trámites judiciales afectados, si bien los sindicatos indican que se cuentan ya «por miles» en los siete principales partidos judiciales. «Se demuestra que en los juzgados, sin nosotros, la cadena se rompe», concluye Nilo Fernández, portavoz de SPJ-USO, sindicato mayoritario.
Están llamados a la huelga más de 2.700 trabajadores, todo el personal de los juzgados excepto jueces, fiscales y secretarios, y ha tenido un seguimiento masivo desde el primer día, si bien Xunta y sindicatos aportan cifras dispares. Los trabajadores apuntan a que la media de seguimiento es mayor al 85% del personal y la administración facilita cifras diarias y nunca asume más del 41%.
Detrás de la protesta laboral está un desencuentro entre la Xunta y la parte sindical que se remonta a hace ya varios años, y se agravó a mediados de 2017 con negociaciones fallidas sobre cinco puntos de fricción que ya en diciembre dejaron tres jornadas de huelga. La principal reivindicación es la equiparación salarial respecto al resto de autonomías con competencias transferidas en Justicia, pues cobran un Complemento Transitorio que les supone 200 euros menos de media que el resto. Consideran que han sido «saqueados» desde 2013 «con la excusa de la crisis».
Las negociaciones se retomaron el viernes tras 20 días paralizadas, pero volvieron a enquistarse. El director xeral de Xustiza, Juan José Martín, principal negociador por parte de la Xunta, ofertó un incremento salarial lineal de 105 euros al mes (1.260 euros al año), aplicable de forma gradual hasta 2020, pero los sindicatos no quieren aceptar nada por debajo de los 190. Más encauzados, aunque «no cerrados, ni mucho menos», están el resto de puntos, que afectan a sustituciones, refuerzos y amortización de 106 plazas.
Más de un mes sin Justicia en Galicia. Espana. ELMUNDO. http://www.elmundo.es/espana/2018/03/14/5aa8432d46163f71048b465c.html
*Nón á DISCRIMINACIÓN LABORAL NA XUSTIZA GALEGA!!!*
Contra a prepotencia: RESISTENCIA!!!

9 de marzo de 2018

FEP-USO considera “insuficiente” el alza salarial pactado por Hacienda y los sindicatos de funcionarios


NOTA DE PRENSA FEP-USO 9.3.18

UN ACUERDO INSUFICIENTE PARA RECUPERAR LOS DERECHOS PERDIDOS

FEPUSO considera que el acuerdo alcanzado en la Mesa General de Función Pública sigue sin solucionar los problemas que acucian a los empleados públicos
El incremento retributivo pactado no garantiza el poder adquisitivo en caso de que el IPC de los próximos dos años se dispare, como apuntan todas las previsiones




​Luis Deleito, Secretario General FEP-USO Estatal

Madrid,  9  de  marzo  de  2018.-  El  Ministerio  de  Hacienda  y  Función  Pública  y  los sindicatos con representación en la Mesa General de Función Pública (CSIF, CCOO y UGT) han alcanzado un acuerdo que contempla un incremento retributivo para los empleados y empleadas públicos de entre el 6,1% y el 8,79% (en el mejor de los escenarios)  durante  el trienio  2018-2020;  así como  otras  mejoras  laborales,  según hemos conocido hoy.
El acuerdo firmado con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro "es insuficiente para recuperar los derechos sustraídos a los empleados públicos desde el comienzo de la crisis", sentencia Luis Deleito, secretario general de la Federación de Empleados Públicos de USO, quien critica "el triunfalismo con el que los firmantes han celebrado la consecución del acuerdo, ya que en ningún modo se reparan, ni mucho menos se mejoran, los derechos salariales y laborales que fueron sustraídos a los empleados públicos con la excusa de la crisis por los diferentes gobiernos".

Los firmantes del ACUERDO lo celebran por todo lo alto. La Administración junto con sus socios sindicales CSIF, CCOO Y UGT.

Concretamente, el acuerdo recoge una subida salarial fija del 1,75% para 2018, del2,25% para 2019 y del 2% para 2020, a la que se sumaría otra parte variable ligada a la evolución del PIB, que lo elevaría a 1,95%, 2,5% y 2,3%, respectivamente, incluso conuna prima del 0,55% en 2020 si se cumplen los objetivos del déficit público ese año: "un alza adicional que, vistos los objetivos fijados, nos pone en un escenario difícil, por no decir imposible, de cumplir", critica el secretario general de la FEP. "De las ostentosas propuestas de subida salarial que partían de un 20%, hemos pasado a un raquítico sistema mixto de fijos y variables ligados al PIB que, con toda probabilidad, no llegará a cubrir el incremento del IPC en los años 2018, 2019 y 2020", prosigue.
El pacto contempla también una dotación adicional de 800 millones de euros en masa salarial para avanzar en la equiparación entre administraciones, "cantidad insuficiente a todas luces para lograr una verdadera homologación retributiva, como FEP-USO viene reivindicando desde hace años", continúa Deleito. Sin embargo, "por otro lado, van a seguir aumentando esa brecha entre Comunidades en la manera propuesta de llegar a las 35 horas, pues solo lo conseguirán los funcionarios cuyas administraciones cumplan los objetivos de estabilidad fijados por Hacienda en el ejercicio presupuestario inmediatamente anterior".
El acuerdo, siempre según los firmantes, también conllevará creación de empleo neto, estableciéndose tasas de reposición superiores al 100% en casi todos los sectores y servicios prioritarios; "pero no cubrirá el fuerte déficit de personal que ya existe ahora en algunos   servicios   y   organismos   de   la   Administración   General   del   Estado   no considerados prioritarios", se lamenta el secretario general de FEP-USO, por lo que, "vemos con total escepticismo que este acuerdo vaya a suponer la solución a muchos de los problemas que tenemos los empleados públicos, como algunos pretenden vendernos".
Desde FEP-USO, "creemos que es necesario adoptar medidas serias que impidan nuevas  pérdidas  salariales  y,  para  ello,  la  única  solución  pasaría  por  abordar  una reforma completa de nuestra estructura salarial, dotándola de mecanismos de revisión salarial automáticos, incentivando la permanencia en la Administración, recompensando la profesionalidad y la formación laboral con el paso del tiempo. Esta sería una solución definitiva que no dependería tanto de las decisiones de los políticos de turno", concluye Luis Deleito.



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5 de marzo de 2018

SPJ-USO denuncia carencias "de extrema gravedad" en la Ciudad de la Justicia de Córdoba (DIARIO CORDOBA)

Critica que no haya un plan de evacuación para emergencias" ni un "protocolo de prevención de riesgos laborales"

Redacción 5.3.18 DIARIO CORDOBA
Delegados Sindicales del SPJ-USO Córdoba
El Sindicato Profesional de Justicia de la Unión Sindical Obrera (SPJ-USO), segunda fuerza sindical de la justicia andaluza, ha denunciado hoy carencias "de extrema gravedad" en la Ciudad de la Justicia de Córdoba, como es el caso de la "falta de un plan de evacuación", ha informado Efe. 
En un comunicado, el sindicato ha mostrado su preocupación por que "no haya un plan de evacuación para emergencias", ni tampoco un "protocolo de prevención de riesgos laborales", mientras que no existen "señalización de salida de emergencia, carteles informativos sobre indicaciones y rutas en caso de incendio o emergencia".
Además, han señalado que es muy habitual encontrar a usuarios perdidos dentro del edificio, organizado en dos módulos con las distintas dependencias, además de las dos plantas de salas de vistas.
Por otro lado, el sindicato ha lamentado la sobrecarga de trabajo que soportan los juzgados cordobeses que califican como "alarmante", pues superan "con creces" el número de asuntos que recomienda el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Por otra parte, tras una visita reciente a los juzgados de Montoro, el sindicato ha criticado su "deficiente mantenimiento y arreglos de desperfectos" que presenta desde su construcción el edificio.
 Además, SPJ-USO ha recordado que el Servicio Común de Notificaciones y Embargos "aún está sin crear", lo que, a su juicio, "agrava la situación".



El SPJ-USO exige resolver "deficiencias" de la Ciudad de la Justicia

EUROPA PRESS 05.03.2018 El Sindicato Profesional de Justicia de la Unión Sindical Obrera (SPJ-USO) ha manifestado este lunes que hasta la fecha la Consejería de Justicia de la Junta "no ha dado traslado ni informado de si existe o no un plan de evacuación" de la nueva Ciudad de la Justicia, a la vez que ha exigido que se resuelvan "deficiencias" del inmueble. 
Leer más:


Piden conocer si existe un plan de evacuación del edificio y de riesgos laborales | Exigen que la Consejería tome medidas para subsanar las deficiencias

1 de marzo de 2018

SPJ-USO denuncia en prensa: "La lluvia vuelve a inundar los juzgados de lo Social de la Ciudad de la Justicia de Córdoba " ABC Y CORDOPOLIS


La lluvia vuelve a inundar los juzgados de lo Social de la Ciudad de la Justicia de Córdoba 

En Pozoblanco también se han registrado goteras, así como en Posadas 3, donde el agua se ha filtrado por las ventanas



CÓRDOBAActualizado:
La lluvia ha vuelto a poner en jaque a los trabajadores de la Administración de Justicia en Córdoba; en concreto, a los funcionarios del Juzgado de lo Social número 4 que, una vez más, ha sufrido importantes inundaciones, según han denunciado los sindicatos. Además, también se han producido goteras en el Servicio Común de Notificaciones y Embargos, y algunos edificios judiciales de la provincia, como el de Pozoblanco o Posadas 3 han registrado, igualmente, filtraciones de agua.
El delegado provincial del Sindicato Profesional de Justicia integrado en la Unión Sindical Obrera (SPJ-USO), Domingo Castillo, ha denunciado que «ya hemos reclamado que se tomen medidas pero, hasta la fecha, no se ha hecho nada y esta situación es insostenible, ya que impide que los trabajadores puedan desarrollar su labor».
SEDE JUDICIAL  POZOBLANCO (CORDOBA)


La lluvia provoca "inundaciones" en la Ciudad de la Justicia

El sindicato SPJ-USO denuncia que el agua también se ha colado en los juzgados de Pozoblanco y Posadas

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La lluvia caída a lo largo de la mañana de este jueves ha provocado "inundaciones" en la Ciudad de la Justicia de Córdoba, viéndose afectados varios juzgados del edificio, según ha denunciado el Sindicato Profesional de Justicia (SPJ-USO).
El agua ha caído "en tromba" desde el sistema de refrigeración del edificio, afectando a varios juzgados, entre los que se encuentra el número 4 de lo social como el más afectado, según el sindicato. SPJ-USO recuerda que ya en octubre pasado advirtieron del mal funcionamiento del sistema de refrigeración, situación que no ha cambiado y por la que van a solicitar la convocatoria de la Mesa de Prevención de Riesgos Laborales.
Por otra parte, la lluvia caída ha afectado también a juzgados de la provincia según el sindicato. Así, en los juzgados de Pozoblanco, sobre los que SPJ-USO ya pidió el arreglo de la cubierta, el agua ha provocado que "se están inundando los juzgados" en la localidad pozoalbense.
Y, además, en los juzgados de Posadas, el agua también ha provocado problemas al "filtrarse por las ventanas, afectando a cableado y enchufes" y, con ello, dificultando el trabajo con los equipos informáticos, según denuncia el sindicato.     
Cordopolis
ELDIA DE CORDOBA

26 de febrero de 2018

Multitudinaria manifestación de la Justicia en Galicia

Destacado

Multitudinaria manifestación de la Justicia en Galicia
Desde FEP-USO y SPJ-USO simplemente queremos agradecer a todos los trabajadores y trabajadadoras, familias, delegados sindicales, etc, por conseguir la UNIÓN de todo el colectivo de la xustiza galega , demostrando cada día de huelga y refrendado el pasado sábado en Compostela con la impresionante y emocionante manifestación que los funcionarios de la xustiza gallega somos un ejemplo de serenidad y tenemos un comportamiento cívico, pacífico, y a la vez enérgico, amparado en las justas reivindicaciones sobradamente justificadas.
Los empleados públicos de Justicia en Galicia llevan desde el 7 de febrero en huelga, reivindicando el fin de la discriminación salarial que sufren con respecto a los funcionarios de otras comunidades autónomas. Se trata de una huelga, iniciada el pasado mes de diciembre con dos paros, que tuvo su continuación el 25 de enero, con una nueva jornada de movilización, en la que ha quedado patente la unidad de todos los trabajadores y de los sindicatos que defendemos sus derechos, con seguimientos superiores al 90%.
SPJ-USO, como sindicato mayoritario entre los trabajadores de la justicia gallega, continúa reivindicando mejoras en sus condiciones laborales que pasan por:
– La equiparación del complemento autonómico transitorio a la media nacional. En el caso de Galicia, este complemento es un 22% inferior. Además, a los funcionarios de justicia gallegos de 2013 a 2017 se les ha aplicado un descuento equivalente a una paga extra cada año. Se solicita un complemento de 225 euros a tres años para todos los cuerpos, sin distinción.
– Que se aplique el régimen de descuento por IT de jueces, fiscales y magistrados, que incluye más enfermedades exentas de dicho descuento.
– El abono del 100% de la retribución por sustitución en cuerpo superior.
– La paralización del plan de amortización de 106 plazas –solo hay autorización para 10- puesto en marcha por la Xunta, y que se recuperen las plazas que se han amortizado sin causa legal.
– Que se cubran con personal titular los refuerzos en los juzgados gallegos, actualmente cubiertos por interinos, algunos de los cuales computan ya una antigüedad superior a tres años.
La negociación entre la Xunta y los sindicatos está bloqueada, ya que no quieren valorar el complemento autonómico ni equipararlo en los tres cuerpos. Además, en la última reunión, los sindicatos hemos pedido un cambio de interlocutor, ante la postura adoptada por el Director General de Función Pública, quien ha animado a los funcionarios a marcharse fuera si no están de acuerdo con sus condiciones, y hemos solicitado la mediación. Ya son más de 2.000 los juicios suspendidos en Galicia en lo que llevamos de conflicto.

24 de febrero de 2018

El sindicato SPJ-USO advierte ante la Junta de la situación "extrema" de los juzgados de Peñarroya-Pueblonuevo

El sindicato SPJ-USO advierte ante la Junta de la situación "extrema" de los juzgados de Peñarroya-Pueblonuevo

EUROPA PRESS 23.02.2018 El Sindicato Profesional de Justicia-Unión Sindical Obrera (SPJ-USO) ha informado este viernes de que ha presentado un escrito ante la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía en el que advierte de la situación "extrema" en el que se encuentran los juzgados de Primera Instancia e Instrucción número 1 y 2 de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba).

En una nota, el sindicato ha detallado que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 "cuenta tan solo con una plantilla de cuatro funcionarios", cuando "es el competente en materia de violencia de género con el exceso de trabajo que esto genera, añadido por supuesto a que están de guardia una semana sí y otra no". No obstante, han precisado que "uno de sus tramitadores cesó en su puesto el día 12 de febrero por haber obtenido plaza en el concurso de traslado en otro partido judicial". Esta plaza ya se ha ofertado en comisión de servicio y ha sido adjudicada a una funcionaria que tiene su plaza en Sevilla, por lo que "en la actualidad este juzgado trabaja con solo tres funcionarios para atender los asuntos ordinarios, los de violencia de género y las semanas alternas de guardia". 
Al respecto, han indicado que "la propia letrada de la Administración de Justicia de este juzgado ha manifestado en múltiples ocasiones que la situación es insostenible, lo que también ha puesto en conocimiento de la Delegación Territorial de Justicia sin que ello haya dado resultado".
Mientras, han aseverado que "la situación del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 no es mucho mejor, si bien su plantilla es de seis funcionarios, pero también es cierto que es el juzgado encargado del Registro Civil, con lo que tienen que destinar un funcionario a atender al público durante toda la jornada laboral y otro funcionario a tramitar todos los expedientes del Registro Civil". Además, el sindicato ha manifestado que "la plantilla es inestable, lo que significa que ha de estarse constantemente formando a los nuevos funcionarios que se incorporan, suponiendo esto una ralentización en la realización del trabajo diario". En este sentido, han pedido que se cubra una baja de un funcionario y el nombramiento de un refuerzo, "imprescindible para poder realizar el trabajo de la Oficina Judicial con eficacia y dignidad".


VISITA LA NUEVA WEB NACIONAL DEL SINDICATO PROFESIONAL DE JUSTICIA (SPJ-USO):



23 de febrero de 2018

SPJ-USO NACIONAL. FUNCIONARIOS DE JUSTICIA EN LUCHA

Colapso judicial en Galicia: 11 días de huelga y miles de juicios suspendidos

Una histórica protesta de funcionarios contra los recortes salariales y de personal de la Xunta bloquea los juzgados sin visos de solución.



Protesta de los representantes de los funcionarios judiciales en huelga.
Protesta de los representantes de los funcionarios judiciales en huelga. ÓSCAR CORRAL

En la foto de arriba, Nilo, representante de SPJ-USO GALICIA.
Cuando arrancó hace año y medio su tercer mandato proclamando entre gaiteiros el fin de la recesión y reintegrándose a sí mismo y a sus consejeros el 7% de sueldo cercenado por la tijera de la austeridad, el popular Alberto Núñez Feijóo no imaginó que los funcionarios de Justicia se alzarían para pedir lo mismo. Los trabajadores de los juzgados gallegos llevan ya 11 días de huelga indefinida exigiendo que se les devuelva parte de lo que han perdido con la crisis, tras ver cómo desde 2013 menguaba su salario un 20% y desaparecían a su alrededor un centenar de plazas, cuentan sus representantes. Galicia es la única comunidad, lamentan, que redujo la parte autonómica del sueldo de los empleados judiciales.
El duro pulso entre la Xunta y los 2.700 empleados judiciales con menores salarios (todos aquellos que no son jueces, fiscales o letrados judiciales) mantiene al ralentí la achacosa maquinaria de la Justicia. En estos 11 días hábiles los siete sindicatos convocantes calculan que se han suspendido en Galicia, tirando por lo bajo, más de 6.000 juicios y 20.000 trámites, mientras el Gobierno gallego lo reduce a unas 3.000 vistas. Solo se celebran los juicios considerados urgentes, no se ejecutan sentencias y en los registros civiles únicamente se expiden certificados de defunción, nada de fes de vida o partidas de nacimiento, papeles necesarios, por ejemplo, para casarse y divorciarse.

13 de febrero de 2018

SPJ-USO: PRENSA, Hacienda, dispuesta a eliminar la penalización por baja laboral a los funcionarios.

Hacienda, dispuesta a eliminar la penalización por baja laboral a los funcionarios.

El Ministerio también abre la puerta a volver a la jornada de 35 horas, aunque no de forma generalizada.

LUCÍA PALACIOSMadrid 
Hacienda necesita llegar a un pacto con los funcionarios si quiere tener alguna posibilidad, aunque sea mínima, de aprobar finalmente los Presupuestos Generales para este 2018. Esto en cierta forma le daría alguna opción más de cara a conseguir apoyo para unas cuentas que no terminan de ver la luz. Por eso, en este inicio de año el Ministerio ha cambiado de estrategia y, después de interrumpir las negociaciones con los sindicatos en septiembre por la crisis en Cataluña, ha vuelto a la carga con mejores intenciones que nunca, según indican fuentes cercanas a la negociación. 
La estrategia pasa por no cerrarse a nada y mantener la firme voluntad de querer cerrar un acuerdo que beneficie a los más de 2,5 millones de empleados públicos que hay en España y que, además, sufrieron la crisis en primera persona al tocarles fuertes recortes de sueldo y derechos. Y es que no es solo conseguir recuperar el poder adquisitivo perdido durante la recesión –­en el entorno del 14%–­, sino también volver a la jornada de 35 horas y eliminar la penalización que tienen por acogerse a una baja laboral, dos aspectos que vuelven a entrar en la negociación de cara a un posible pacto.

26 de enero de 2018

SPJ-USO Córdoba. Juzgado de 24 horas: el TSJA ordena elevar al CGPJ la petición.

El TSJA ordena elevar al Consejo General del Poder Judicial la petición del Juzgado de 24 horas

Si el Pleno da el visto bueno la petición llegará al Ministerio de Justicia
La creación del Juzgado de 24 horas en Córdoba encara su recta final. La histórica petición de los magistrados cordobeses descansaba con todos sus informes favorables sobre la mesa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Pero este órgano ordenó el martes elevar la petición al Pleno del Consejo general del Poder Judicial.
Las fuentes judiciales consultadas esperan que “con toda probabilidad” la sala apruebe la petición y la eleve al Ministerio de Justicia. En ese momento, todo dependerá de que el titular de la cartera, Rafael Catalá, dé el visto bueno. Las mismas fuentes esperan que así sea, ya que la Junta se ha comprometido a asumir el 80% de lo gastos. Los planes de la consejera de Justicia, de hecho, pasan por poner en marcha el servicio en 1 de julio de este año.
De esta forma se completa un proceso que, en puridad, se inició en 2011 con la redacción de un primer expediente que quedó en nada. El juez decano, Miguel Ángel Pareja, lo recuperó aprovechando la inminente mudanza de la Audiencia a la Ciudad de la Justicia e hizo las gestiones para actualizarlo.
De esta forma, recabó informes positivos y a favor de todas las instituciones cordobesas, además de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Asimismo, con esa documentación se acudió a la Junta Sectorial de Jueces. Una vez apoyada la medida, se delegó de nuevo al juez decano los pasos a seguir. Unos pasos que están a punto de llegar a la meta para llamar a las puertas del Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia.