20 de abril de 2014

SPJ-USO Córdoba: El TSJA ve "muy conveniente" redistribuir la planta judicial en la provincia. (Diario Córdoba).

El TSJA ve "muy conveniente" redistribuir la planta judicial en la provincia

EUROPA PRESS 18/04/2014

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) considera que resultaría "muy conveniente" una redistribución de la planta judicial en la provincia de Córdoba y, en su caso, la reagrupación de partidos cercanos, como por ejemplo entre Priego de Córdoba y Baena y Aguilar de la Frontera y Puente Genil.
Así se recoge en la memoria anual del Alto Tribunal andaluz, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que indica que la planta actual de Juzgados de Primera Instancia e Instrucción en la provincia cordobesa es de 21, si bien destaca que "la situación que presentan es desigual, algunos superan ampliamente el módulo de entrada establecido y otros cuentan con menor carga de trabajo".
Por otra parte, el TSJA insta a mejorar la actuación procesal sobre sentencias de conformidad, una vía que "sigue muy infrautilizada", pese a que sus resultados y beneficios son "incontestables". Y es que, en 2013 fue "significativo" el caso puntual de Córdoba, "donde se ha frustrado esta iniciativa, pese al éxito del año anterior, ya que sólo en cuatro sesiones celebradas en el Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba se alcanzaron 41 conformidades, lo que supuso un porcentaje del 60% sobre los 77 juicios señalados en total, logrando evitar la comparecencia innecesaria de 181 testigos, la mitad de ellos policías".
Al respecto, apunta que "desde hace dos memorias se busca con afán mejorar el trato y atención al ciudadano, reducir costes y tiempo, evitando las disfunciones para la oficina, peritos y testigos, que se desplazan innecesariamente hasta la sede judicial". Sin embargo, señala que la impresión es que "no se cumplen las expectativas", ni desde el TSJA se muestran "optimistas" sobre el uso del mecanismo procesal de la conformidad, "en modo y contexto procesal distinto al que habitualmente se está acostumbrado".
En dicha memoria, también se señala que la Ciudad de la Justicia de Córdoba es "absolutamente necesaria", puesto que "el actual Palacio de Justicia está agotado en el espacio y no es funcional", a lo que añade que "la actual dispersión en siete sedes en la capital, junto con las instalaciones inadecuadas y la falta de espacio, especialmente para los archivos, hacen necesaria la construcción de dicha Ciudad de la Justicia, paralizada por el momento".
No obstante, el TSJA subraya que "es la única ciudad que tiene algo más avanzado el proyecto, que sigue a la espera de la oportuna financiación". Y en relación a fuera de la capital, apunta que la sede provisional de Lucena "continúa con deficiencias, a la espera de que llegue un nuevo edificio, ya recogido en el Plan de Infraestructuras".
SPJ-USO Córdoba viene denunciando la situación que padece la provincia de Córdoba en relación a la plantilla deficitaria de algunos órganos judiciales si lo comparamos con otras provincias que están mejor dotadas con igual volumen de trabajo. Situación que la administración viene solucionando con el nombramiento de "REFUERZOS", que realmente no lo son como tales, sino que vienen a suplir estas deficiencias de plantilla. También venimos denunciando el INCUMPLIMIENTO REITERADO de la normativa de PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES en la mayoría de las sedes judiciales, mediante escritos a los organismos oficiales, denuncias a la INSPECCION DE TRABAJO, prensa........

SPJ-USO: El Gobierno deja en el cajón una de las reformas estrella de Gallardón. (El País).

El Gobierno deja en el cajón una de las reformas estrella de Gallardón

El ministro se queda sin tiempo para aprobar la Ley Procesal Penal esta legislatura

 Madrid 19 ABR 2014 - 22:24 CET El País.
La gran reforma del proceso penal —la investigación y el juicio de los delitos y faltas—, una de las medidas estrella anunciadas por el Gobierno de Mariano Rajoy está a punto de encallar. La Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada en 1882, corre el riesgo, una legislatura más, de mantenerse en vigor plagada de parches.
Al inicio de la legislatura el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, puso en marcha una comisión de expertos que emitió un informe detallado hace más de un año con una propuesta de Código Procesal Penal, nuevo nombre de la vieja Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ahora, el simple cómputo de los plazos de tramitación parlamentaria, unido a la prelación de prioridades del Gobierno, que ha dejado la propuesta en el cajón, está a punto de dar al traste con su aprobación en esta legislatura.
La situación no es nueva, porque prácticamente todos los ministros de Justicia de la democracia inician su mandato proclamando la necesidad de aprobar un nuevo proceso penal, que acabe con los anacronismos, que tenga en cuenta nuevas realidades tecnológicas y que agilice la jurisdicción penal. En la pasada, Francisco Caamaño llegó a proponer un texto en las Cortes, pero tan a última hora que no pasó siquiera el debate de totalidad y al final de las legislaturas decaen todos los textos en trámite. Gallardón hizo caso omiso de ese texto, quiso empezar desde cero y ahora no tiene tiempo de seguir adelante.
Lo que sí hacen todos los ministros de Justicia es introducir reformas en el Código Penal, la ley que fija las condenas para los delitos y faltas. Se hizo en la anterior legislatura y ahora está en trámite en el Congreso un proyecto de ley completo, con un nuevo sistema de penas y la desaparición de las faltas para convertirse en delitos menos graves o sanciones administrativas.

En esta legislatura se produjo una novedad destacada al rectificar el PP una posición histórica y admitir que los fiscales puedan instruir los sumarios. El PSOE lo intento en la pasada legislatura y el PP mantuvo su tradicional oposición, pero en esta ocasión Gallardón lideró esa rectificación histórica. Sin embargo, ese cambio está a punto de quedar en una simple declaración de intenciones al permanecer en el limbo la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que contemplaba otorgar al ministerio público la dirección de las investigaciones penales y limitaba el tiempo de la instrucción.
De hecho, el Gobierno sí ha iniciado los trámites de una nueva ley Orgánica del Poder Judicial que omite esta posibilidad y mantiene la instrucción por parte de los jueces, con opciones a que sean tres magistrados los encargados de la investigación y sin mención alguna a la participación en esa fase de los fiscales.
La propia Ley Orgánica del Poder Judicial suscita dudas sobre los plazos de aprobación pero, al menos, ha iniciado ya los trámites. Ha pasado una vez por Consejo de Ministros y recabará ahora los informes del Consejo General del Poder Judicial, Consejo de Estado y Consejo Fiscal. La ley tiene más de seiscientos artículos y, por tanto, esos informes se demorarán previsiblemente al próximo otoño. Entonces el Consejo de Ministros tendrá que volver a estudiar el proyecto de ley y remitirlo a las Cortes. En el mejor de los casos, solo quedaría un periodo de sesiones en el Congreso y el Senado, el que va desde febrero a julio de 2015, tiempo muy escaso para el trámite en ambas Cámaras. En septiembre de 2015 es posible que ya no se abran las Cortes para que las elecciones sean a mediados de noviembre, en el límite legal.
Ese calendario hace en todo caso ya imposible la aprobación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal completa, porque va más atrasada, es aún más compleja y ni siquiera ha arrancado a andar en el Consejo de Ministros.
Como referencia, el Código Penal entró en las Cortes en septiembre de 2013 y siete meses solo ha superado el trámite del debate de totalidad y ni siquiera ha pasado por el de enmiendas parciales. Aún están compareciendo los expertos y no saldrá del Congreso antes de otoño para pasar un trámite similar en el senado. Es decir, necesitará más de un año para estar aprobado, tiempo del que ya no dispone la ley de Enjuiciamiento criminal. En esos plazos no se tiene en cuenta la celebración de elecciones autonómicas y municipales en mayo que, como ocurre ahora con las europeas, ralentiza el proceso legislativo.
En esas circunstancias y con esa limitación legal, Justicia estudia la posibilidad de proponer reformas parciales de la vieja ley de Enjuiciamiento. De hecho, una parte importante de su Código Penal, la referida a las faltas que se convertirán en delitos menos graves, no puede aplicarse si antes no se aprueba un proceso específico que no existe en este momento. Gallardón anunció la pasada semana otras como la eliminación de la declaración por escrito de altos cargos o la imposibilidad de ir en las listas para aquellos que tengan juicios abiertos y estas dos medidas solo entrarán en vigor si se aprueban como reformas parciales.



17 de abril de 2014

FORMACION: Postura de la USO sobre los cursos de formación, su gestión y ejecución.


USO se desmarca de la propuesta conjunta de CC.OO., UGT, CEOE y Cepyme sobre formación.

Pide que el diseño de la formación corra a cargo de los agentes sociales y que la gestión y ejecución recaiga en la Administración.

USO: "Que el dinero no pase necesariamente por las cuentas corrientes de las organizaciones sindicales y patronales”, pues ello fomenta la DEPENDIENCIA SINDICAL del GOBIERNO de turno, a pesar de que CC.OO y UGT pretenden presumir de lo contrario.

¿Por qué CC.OO y UGT no proponen el cambio de modelo formativo y continúan cogidos de la mano de la Patronal en este importante tema?

¿Es que ninguno quiere que se les acabe la “gallina de los huevos de oro”?

SPJ-USO: "OTRO SINDICALISMO ES POSIBLE, APOYANOS"
Accede a la información, pulsa siguiente enlace:



16 de abril de 2014

FEP-USO: Independencia, cambio de criterio.... o golpe de timón... (Paga Extra 2012).


INDEPENDENCIA, CAMBIO DE CRITERIO… O GOLPE DE TIMÓN…


Hemos tenido conocimiento de que el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo Número 3, apartándose del criterio seguido hasta la fecha por  otros Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo… -que han dictado Sentencias estimatorias reconociendo el derecho de los Funcionarios recurrentes del Ministerio de Defensa -JCCA Nº 1- y del Ministerio de Interior –JCCA N 4- a cobrar los 44 días de la Paga Extra de Diciembre del 2012 devengados con anterioridad a la entrada en vigor del RDL 20/2012 de 13 de Julio…- ha optado por acordar mediante Providencia “la suspensión de los procedimientos hasta tanto en cuanto el Tribunal Constitucional se pronuncie al respecto”… Lo cual afecta, en este caso a los Funcionarios recurrentes del Ministerio de Educación y del Ministerio de Economía y Competitividad…

Resulta, como mínimo curioso, que después de un sinfín de Sentencias estimatorias en este sentido, dictadas por Juzgados y Tribunales de todo Orden y Nivel, entre ellos dos Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo, se dé este cambio de criterio… en Sedes Judiciales idénticas…

Y lo que nos resulta mas curioso es la forma de hacerlo… pues podríamos entender que el Juzgadortuviera dudas respecto de la Constitucionalidad de determinada norma que tiene que tener en cuenta para entrar en el fondo del asunto y dictar Sentencia… y consecuentemente planteara la correspondiente Cuestión de Constitucionalidad… tal como se le solicita expresamente por los recurrentes con relación a la pretensión de la devolución de la totalidad de la Paga Extra...

Pero lo que no entendemos es esta nueva formulación, intermedia, consistente en acordar mediante Providencia la suspensión del Procedimiento hasta que el Tribunal Constitucional se manifieste con relación a otras Cuestiones de Constitucionalidad… citando además como ejemplo un asunto perteneciente al Orden Jurisdiccional Social…

Pues según el tenor de la Providencia, el Juzgador no plantea dudas respecto de la Constitucionalidad o no del Artículo 2 del RDL 20/2012, o por lo menos no las refiere en su Providencia, fundamentando su decisión en la circunstancias de que “es público y notorio que diversos Órganos jurisdiccionales han planteado esta Cuestión de Inconstitucionalidad”… Lo cual es cierto… Pero también es público y notorio, además de cierto, que muchos y más números Órganos Jurisdiccionales han fallado a favor de la pretensión solicitada, sin plantear ninguna Cuestión de Inconstitucionalidad, sino fundamentando todo lo contrario, es decir, la no necesidad de plantear la misma. Y sin suspender sine die -hasta que el Tribunal Constitucional resuelva- para decidir sobre el fondo del Procedimiento.

Desde la FEP-USO consideramos, sin entrar a cuestionar la decisión judicial, que la misma nos resulta, por los motivos referidos, un tanto peculiar, y desde luego muy conveniente para los intereses de la Administración que ha declarado últimamente, su intención de “no devolver la parte proporcional de la Paga Extra por muchas Sentencias que así lo declaren”… hasta que el Tribunal Constitucional, no se manifieste al respecto… Consideramos también que esta situación potencia la discriminación entre Empleados Públicos de primera, que por uno u otro motivo, ya han cobrado la parte proporcional de su Paga Extra, o la van a cobrar en los próximos días… y de segunda, que por obra y gracia de la lentitud de nuestra justicia, tienen que seguir esperando…

Como ya dijimos en otras ocasiones en la FEP-USO consideramos que nuestro más alto Tribunal esta tardando demasiado en aclarar una cuestión que afecta a varios millones de trabajadores Empleados Públicos.

Aprovechamos la ocasión para advertir y denunciar la utilización mercantilista que de este tema se esta empezando a hacer por algunas organizaciones sindicales que, apartándose del criterio mantenido por ellas mismas en el seno de las Plataformas Sindicales, están ahora publicitando y ofreciendo la tramitación judicial de esta y otras reivindicaciones similares -vía reclamación individual- a cambio de la afiliación y/o pago de los correspondientes honorarios a sus Asesorías Jurídicas… e incluso de forma aparentemente gratuita… Ojo al dato y a la letra pequeña de estos ofrecimientos…marcados por un evidente interés comercial…
 Seguiremos informando.

SOTERMUN, la ONDG de la USO, denuncia el modelo de cooperación que nos viene.

NOTICIAS

SOTERMUN, la ONGD de la USO, denuncia en un comunicado el modelo de cooperación que nos viene y/o nos quieren imponer .
Ya en la Coordinadora de ONGD de España hace años que se viene debatiendo la participación del sector privado lucrativo en la Cooperación al Desarrollo, que poco a poco los distintos gobiernos nacional y autonómicos por medio de sus Planes Directores han ido introduciendo.
Lo que antes era una tímida tendencia, hoy empieza a ser ya un desembarco a toda luz y sin rubor alguno.
Ante una situación de recursos públicos decrecientes para la cooperación al desarrollo y la solidaridad internacional, tanto a nivel central, autonómico y municipal, se quiere intentar compensar este decrecimiento a través de nuevas Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo (APPD).
La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) tiene cierto atractivo y sirve para aliviar y blanquear conciencias.
El modelo de cooperación descentralizada de nuestro país ha sido muy original, participativo y plural, se ha hecho Cooperación al Desarrollo por el Gobierno Central, los Gobiernos Autonómicos y muchos ayuntamientos, con muy alta participación y gestión de proyectos por ONGDs, Universidades, Sindicatos, Fundaciones y Asociaciones de muy diversos tipos y salvo contadas excepciones han sido fondos públicos bien gastados, justificados según la normativa de cada convocatoria, que han permitido hacer proyectos en sitios y lugares a veces inimaginables y que una cooperación directa gobierno a gobierno, ayuntamiento-ayuntamiento, no lo hubiesen podido hacer…
Nunca podremos saber los millones de personas y vidas que hemos salvado de la muerte, por hambruna, desnutrición, enfermedades, los miles y miles de pozos de agua que se han hecho, las miles de escuelas, centros de salud, dispensarios, a los millones de mujeres que a través de microcréditos y acciones de empoderamiento y de igualdad se han hecho en estos últimos 30 años de AOD.
Deberíamos saber el balance final de los miles de proyectos y actividades que hemos hecho.
Ningunas otras subvenciones públicas han hecho tanto bien a las personas de los países empobrecidos y se han justificado con el rigor que se ha exigido a las ONGDs.
Si el modelo ha sido válido y no se ha cuestionado, ¿porqué cambiarlo?, ¿porqué restringir los fondos en cooperación?, ¿porqué dar más peso y protagonismo al sector privado lucrativo en este sector?.
Más información en http://www.sotermun.es/

SPJ-USO: Concurso de Traslado Médico Forenses, plazas ámbito ministerio.

El Ministerio tiene intención de convocar el concurso de traslado de Médicos Forenses en el BOE el próximo día 24 abril 2014. Las plazas que ofertará el Ministerio son las siguientes:



SPJ-USO: Cinco regiones españolas sufren las mayores tasas de paro de toda Europa. ANDALUCIA a la cabeza. (El país).


Cinco regiones españolas sufren las mayores tasas de paro de toda Europa

Eurostat sitúa a Andalucía, Ceuta, Melilla, Canarias y Extremadura al frente de la UE

En todas estas comunidades o ciudades autónomas el desempleo supera el 33%

Castilla-La Mancha y Murcia completan la presencia española entre las 10 peores

Fuente: Eurostat. / EL PAÍSRecomendar en Faceboo
El discurso de la recuperación vuelve a darse de bruces con la realidad económica que rezuma de las estadísticas comunitarias. Eurostat dio a conocer este martes que las cinco regiones españoles con mayor tasa de desempleo de la UE son españolas, un hito negativo sin precedentes en la serie histórica que arranca en 2000.
Andalucía (que cerró 2013 con un 36,3% de paro), Ceuta (35,6%),Melilla (34,4%), Canarias (34,1%) y Extremadura (33,7%) copan los primeros puestos de una clasificación en cuya versión ampliada también figuran Castilla-la Mancha (séptima, con un 30,1%), Murcia (novena, con un 29,4%), dos regiones griegas —Macedonia Occidental y Macedonia Central— y una francesa —Reunión—. En el extremo opuesto de la lista seis regiones alemanas, dos austriacas y una checa se erigen como las más atractivas a la hora de encontrar trabajo. En materia de desempleo juvenil, las regiones españolas también ocupan un lugar destacado de la lista negra de la UE.
Pese al persistente deterioro del mercado laboral español, que ha llevado a muchas comunidades autónomas españolas a quedar rezagadas respecto a sus pares europeas, la de este martes es la primera ocasión en la que la tabla arroja resultados tan negativos. En la edición del año pasado, sin ir más lejos, las mismas siete regiones españolas también estaban entre las 10 peor situadas aunque en un orden notablemente menos adverso.
27 de las 272 regiones europeas registraron a cierre de 2013 una tasa de desempleo superior al 21,5%, el doble de la media de la UE
Según los datos de la oficina estadística comunitaria, 27 de las 272 regiones europeas registraron a cierre de 2013 una tasa de desempleo superior al 21,5% (el doble de la media de la UE). Dentro de este grupo se encuentran 13 regiones españolas —las siete ya mencionadas, Galicia, Asturias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares—, 10 griegas, una italiana y tres departamentos de ultramar franceses. En otras palabras: cuatro países del sur de Europa soportan la mayor carga del desempleo regional.
En el lado contrario, 49 regiones de la Unión cerraron 2013 en niveles inferiores al 5,4% —la mitad de la media comunitaria—. Por países, Alemania vuelve a repetir como el Estado miembro con mayor número de departamentos administrativos entre las mejor situadas (23), seguido por Austria (ocho), República Checa (tres), Rumanía (tres), Bélgica (dos), Holanda (una) e Italia (una).
Por lo que se refiere al desempleo juvenil, España —con cinco regiones entre las diez en con mayor desempleo— volvió a repetir en 2013 como el país europeo con más regiones entre las peor clasificadas. El ránkinglo lidera la ciudad autónoma de Ceuta (con un 72,7% de paro entre los jóvenes de entre 15 y 24 años que buscan activamente empleo), seguida por dos regiones griegas —Macedonia Occidental y Epiro—, Andalucía (66,1%) y Canarias (65,3%). Extremadura (61,7%) y Castilla-la Mancha (61,6%) —que entra por primera vez en la clasificación— ocupan el octavo y noveno lugar respectivamente.
Al igual que ocurre con la tasa de desempleo general, las regiones alemanas se alzan con los mejores resultados en ocupación juvenil. Hasta ocho departamentos germanos tienen cotas de paro por debajo del 7% en este segmento de la población, lo que las sitúa entre las 10 comarcas europeas con mejor desempeño. Juan José Dolado, profesor de Economía en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, achaca la robustez del mercado de trabajo juvenil alemán a las peculiaridades de su sistema de formación profesional, que permite a los jóvenes entrar en el mercado de trabajo antes de concluir su periodo formativo.
Cuatro países del sur soportan la mayor carga del desempleo regional: España, Grecia, Italia y Francia
Algo menos adversos para España son los resultados de la tasa de empleo a largo plazo, aquella que únicamente tiene en consideración a aquellos trabajadores que llevan más de 12 meses sin trabajo. Francia (con cuatro regiones, todas ellas territorios de ultramar), Eslovaquia (tres), Grecia (dos) y Bulgaria (una), ocupan los primeros puestos de la clasificación. Sin embargo, Antonio García Pascual, economista jefe para Europa de Barclays Research, prefiere no lanzar las campanas al vuelo sobre el paro de larga duración y se muestra cauto. “Sin estímulos para que haya una reorientación del factor trabajo entre sectores, el desempleo de largo plazo tenderá a volverse un problema mucho mayor en España”, subraya.
Tanto García Pascual como Dolado coinciden en la necesidad de un cambio en el sistema de incentivos en el mercado laboral español, a lo que el profesor del Instituto Universitario Europeo añade una segunda recomendación. “Debe desaparecer la dualidad en los contratos, que es lo que nos diferencia del resto de socios de la UE”.
España, que cerró 2013 con una tasa de paro del 26,03%, es el segundo país de la UE con mayor tasa de desempleo, solo superado por Grecia (27,5%).

El empleo en España logra crecer más que la media de la OCDE

La tasa de empleo de España se situó en el cuarto trimestre de 2013 en el 54,6%, lo que supone cuatro décimas más que en el trimestre anterior y un incremento superior al registrado de media en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), donde pasó del 65,2% al 65,3%.
Desde el estallido de la crisis en el segundo trimestre de 2008, la tasa española acumula un descenso de 10,3 puntos porcentuales. Aunque se mantiene en el mismo nivel que hace un año. En el conjunto de la OCDE, el dato da continuidad a la mejora de los dos trimestres precedentes, aunque la subida es mínima. Frente a 2008, la caída es de 1,2 puntos.

15 de abril de 2014

PRENSA. Diario de Sevilla: Investigan un posible fraude millonario en los fondos para parados en Andalucía

Aunque la operación está en su fase inicial, la cifra estafada podría llegar a 2.000 millones de euros.

efe, madrid | Actualizado 15.04.2014 - 19:38
La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional investiga un posible fraude millonario en los fondos de formación para parados, actuación que se centra, por el momento, en Málaga, aunque se extenderá a Granada y Almería. "La investigación se desarrollará a toda Andalucía en fechas muy próximas" según han explicado fuentes de la investigación. La UDEF ya ha remitido un informe previo a la Fiscalía Anticorrupción de Málaga después de una investigación de más de un año en el que se ha interrogado a empresarios, presuntos alumnos que no habían realizado los cursos, y miembros de la administración andaluza y de los sindicatos, según las mismas fuentes. 
 
En principio, se investiga el fraude supuestamente cometido por los responsables de gestionar y otorgar los cursos de formación en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), tras las irregularidades detectadas por la Seguridad Social que fue lo que activó la alarma, y provocó la investigación dirigida desde la Comisaría Central de Madrid en colaboración con la Seguridad Social. Precisamente la primera denuncia la recibió la Seguridad Social en la que se advertía de que había "numerosos cursos" en los que se incumplía el sistema de condiciones. 
 
En Málaga, 15 empresas de la provincia estarían especializadas en impartir cursos a parados y supuestamente parte de estos ciclos formativos están siendo investigados, aunque hay otras empresas que, finalizados los presuntos cursos, se disolvían para eludir los controles, según las mismas fuentes. Agentes de la Comisaría Central se han desplazado a Málaga para ayudar al interrogatorio de varias decenas de personas en la capital y distintos municipios. Aunque la investigación "se encuentra muy verde" el montante de lo presuntamente estafado podría llegar a los dos mil millones de euros. 


Leer más:  Investigan un posible fraude millonario en los fondos para parados...  http://www.diariodesevilla.es/article/andalucia/1752727/investigan/posible/fraude/millonario/los/fondos/para/parados/andalucia.html#sSf3YrtYaldlywXA

La Fiscalía pide ampliar la investigación sobre las ayudas a CCOO hasta el 2005.

La Fiscalía pide ampliar la investigación sobre las ayudas a CCOO hasta el 2005

EFE 14/04/2014 Diario Córdoba.
La Fiscalía de Sevilla ha pedido que la investigación sobre las subvenciones concedidas al sindicato CCOO en materia de salud laboral se amplíen hasta el año 2005, es decir, cuatro años más, porque sospecha que durante varios ejercicios no se controlaron ni justificaron las ayudas.
La Fiscalía, en un escrito al que ha tenido acceso Efe, dice que existe la sospecha de que "las deficiencias en el control y justificación de las subvenciones se pudieron haber producido en varios ejercicios y no sólo en el denunciado" y que las diligencias practicadas hasta ahora "aportan rasgos de verosimilitud a la sospecha que justifica la ampliación de las investigaciones".
En este caso están imputados Esther Azorit, exsecretaria de Salud Laboral de la Junta, y el secretario de Administración de CCOO en Andalucía, Miguel Ángel Soto Cubero.
La ampliación solicitada al juez de instrucción 16 de Sevilla se produce después de que en febrero pasado declararan como testigos dos interventores que analizaron las ayudas investigadas y sus correspondientes facturas, uno de los cuales aseguró que las Memorias Justificativas eran "palabrería".
Este caso fue denunciado por la Fiscalía de Sevilla y se refería a diversas ayudas que totalizaban 600.000 euros, si bien CCOO limitó las irregularidades a facturas que totalizaban 20.383 euros, lo que atribuyó a un error de contabilidad, y en diciembre de 2012 depositó esa cantidad en la cuenta del juzgado.
Además, el sindicato asegura que los informes periciales aportados a la causa se han hecho "sobre documentación incompleta del expediente y sin tener en cuenta las memorias explicativas de justificación de los programas".
Según la denuncia de la Fiscalía, el sindicato justificó, dentro de las partidas para sensibilización de riesgos laborales y para mejora de las condiciones de trabajo en Andalucía, los viajes de sus militantes a manifestaciones, la confección de pancartas, la contratación de charangas o los traslados de ida y vuelta de una sindicalista en una veintena de fines de semana desde Sevilla a Málaga.
Entre los gastos no subvencionables, según el informe de los interventores, se encuentran las comidas y desplazamientos de dirigentes sindicales para asistir a un curso de verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en La Rábida (Huelva).
Tampoco consideraron subvencionables los viajes de la exsecretaria de Medio Ambiente de Fiteqa-Andalucía Agustina Gutiérrez desde Sevilla, donde trabajaba, a Málaga, donde residía, a lo largo de veinte fines de semana.
Los dos denunciados han sido imputados de presuntos delitos continuados de falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación de caudales públicos.
Ahora, la Fiscalía pide al juez que extienda su investigación a las "subvenciones nominativas derivadas de los convenios suscritos con el sindicato desde el ejercicio 2005 relativos a la mejora en las condiciones de trabajo".

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SPJ-USO: La Ley dará más poder a los juzgados de violencia contra la mujer.

La ley dará más poder a los juzgados de violencia contra la mujer

El Gobierno revisará la norma 10 años después, en plena escalada de crímenes

Tres ministerios acuerdan modificar los protocolos de detección del riesgo

 Madrid 7 ABR 2014 - 23:04 CET EL PAIS

La ley contra de violencia de género ha cumplido casi una década, y pese a que es una de las normas pioneras y ejemplo en la Unión Europea, no ha conseguido atajar la estadística sangrante de mujeres asesinadas por los criminales machistas. El descenso de las denuncias por estos delitos —un 3% menos en un año— y de las órdenes de protección ha llevado al Gobierno a plantear la revisión de la norma. El incremento de víctimas mortales en las últimas semanas —21 en lo que va de año— también ha avivado el debate. La ministra de Sanidad, Ana Mato, pedirá esta semana a las comisiones especializadas del Congreso y Senado, y también a las organizaciones sociales, que evalúen la ley y envíen sus propuestas para detectar dónde está el margen de mejora. Ayer, Mato se reunió con sus homólogos de Interior, Jorge Fernández Díaz y Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para intensificar la respuesta a estas agresiones.

Los juzgados violencia de género juzgarán el ciberacoso cuando este sea contra la pareja o expareja
En plena escalada de asesinatos machistas —tres víctimas mortales en los últimos días—, los tres ministerios acordaron ayer una serie de medidas policiales y jurídicas. Una de ellas es que a partir de ahora serán los juzgados especializados en violencia contra la mujer los que procesarán a los agresores que rompan una orden de protección; muchos de ellos eran juzgados hasta el momento en los tribunales genéricos de lo penal. La medida, que ya recogía una proposición no de ley del PSOE destinada a reforzar la protección de los hijos y las víctimas, que fue rechazada por el PP en octubre de 2013, ha sido también ha sido largamente reclamada por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como recuerda su expresidenta, Inmaculada Montalbán. Esta modificación del sistema actual está pensada para que sea el personal especializado el que analice estos casos. Los juzgados de violencia contra la mujer —hay un centenar de exclusivos en toda España y 350 más compatibles— son no solo más expertos sino también más duros: aglutinan un 25% de absoluciones por quebrantamientos de medidas frente al 50% de los de lo penal.

A esta ampliación de competencias se suma otra. Estos juzgados especializados pasarán a llevar a además de los delitos de lesiones, homicidio o integridad moral, aquellos relacionados con el honor, la intimidad o la propia imagen, siempre que la víctima sea la pareja o expareja del presunto agresor. Hasta ahora, todos estos casos correspondían a los juzgados de instrucción. Tras la reforma, el ciberacoso —incluido en la reforma del Código Penal— y otros delitos como injurias o revelación de secretos pasarán, si se utilizan como una forma de violencia contra la mujer, a formar parte del ámbito de actuación de los juzgados especializados.
A pesar de que cada año desciende el número de denuncias por violencia de género, unas 130.000 acuden a la administración anualmente para dar la voz de alarma. Ahora se mejorará el protocolo con el que la policía valora el riesgo que sufren de volver a sufrir una agresión machista. El protocolo, que consta de una entrevista y un cuestionario de 25 preguntas, establece cinco escalones: riesgo extremo, algo, medio, bajo o no apreciado. Una escala que les otorga más o menos medidas de protección, que pueden ir desde escolta policial a una llamada telefónica periódica de la policía. Los tres ministerios acordaron ayer que el estatus de las mujeres en el escalón de “riesgo no apreciado” —unas 46.000— se revistará con mayor frecuencia: tres meses en lugar de cuatro.

Todas las comisarías tendrán personal con formación específica
Además, se actualizará el cuestionario con el que la policía realiza la entrevista de valoración del riesgo para incluir datos como la situación laboral y económica de la víctima y su agresor, factores de vulnerabilidad, como la discapacidad o el hecho de ser menor de edad, o tener menores a su cargo. Nuevas preguntas que tienen como objetivo cubrir todas las rendijas, detectar mejor aquellos casos que necesitan mayor protección y que todos tengan un seguimiento habitual. El ministro de Interior se comprometió también a colocar personal especializados todas las comisarías de Policía Nacional y puestos de la Guardia Civil. Se trata de estar preparado para cuando la mujer llegue a denunciar, tratar con ella para rellenar el cuestionario e informarla de los recursos disponibles.
En el paquete de medidas jurídicas se incluye otra: si hay hijos, aunque la mujer no las haya solicitado los jueces tendrán la obligación de pronunciarse de oficio sobre la necesidad o no de otorgar medidas civiles. Medidas que pueden ir desde una orden de protección hasta la retirada de la custodia o las visitas a los menores. En 2013 los jueces retiraron las visitas a un 3% de los maltratadores.
El ministro Gallardón se comprometió a revisar las leyes para evitar que las mujeres tengan que declara tantas veces y ante distintos estamentos por los casos de violencia de género. Esto evitaría que las mujeres revivan la situación y también que se produzca lo que los expertos llaman victimización secundaria.
Medidas de respuesta que se podrán ampliar cuando Sanidad reciba los análisis de la Comisión Mixta de Igualdad y del Observatorio de Violencia de Género. La presidenta de la asociación de mujeres juristas Themis, Ángela Cerrillos, miembro del observatorio, incide en que antes de la reunión de ayer, Mato debería haber escuchado a las organizaciones especializadas. “No se trata de ir dando puntadas, sino de hacer un análisis exhaustivo de la ley y la situación y con las conclusiones apuntalar medidas concretas”, dice. Esta experta alerta, por ejemplo, de la reducción de las órdenes de protección e insiste en que el análisis debe ir también encaminado a desentramar las razones d ese descenso.

El PSOE propone un pacto de Estado

La número dos del PSOE, Elena Valenciano, que lleva semanas pidiendo a Mato un pacto de Estado contra la violencia de género, se congratuló ayer de la reunión entre los tres ministerios, pero reclamó al Gobierno que restituya los fondos que ha recortado en violencia de género —un 30% en tres años—. Valenciano, que trabaja en la formación de una mesa nacional por la seguridad de las mujeres y contra la violencia de género, se reunirá hoy con un nutrido grupo de asociaciones de mujeres y de expertos —también exdelegados del Gobierno contra la violencia de género o el exministro de Educación Ángel Gabilondo, por ejemplo—, para darle forma.
El PSOE propondrá además al Gobierno varias medidas. Una de ellas es la creación de un fondo de emergencia de 100 millones de euros para programas locales de prevención de malos tratos. Planes, precisan fuentes socialistas, que incluirían cursos en centros educativos y actividades de apoyo a la familia.
Valenciano, cabeza de lista de los socialistas en las elecciones europeas, quiere también mejorar la colaboración autonómica con un plan que permita identificar las razones por las que las mujeres maltratadas abandonan los servicios de ayuda psicosocial. El PSOE, que ha sido muy crítico con Rajoy por no condenar de manera explícita los crímenes machistas y con el retroceso de la igualdad --elemento en el que ha ahondado en su campaña--, quiere también medidas de atención pedagógica y educativa para los hijos e hijas de las víctimas de la violencia de género. Este año ya se han contado 12 huérfanos.