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Ultimas noticias publicadas SPJ-USO Andalucía.

2 de marzo de 2015

¡Última Hora Interinos Andalucía¡: Nueva orden de interinos.

¡ULTIMA HORA, INTERINOS¡

La nueva orden de interinos de Andalucía ya ha superado el trámite del Consejo consultivo con informe favorable del 25 de febrero. Ahora la Orden será devuelta a la Consejería para su firma por el Consejero y su posterior publicación.
¡continuamos informando¡




SPJ-USO: Boletín Semanal Digital del 23 de FEBRERO al 2 de MARZO de 2015.

SPJ-USO: El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley de Reforma de la L.E.C.

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El Gobierno ha presentado el Proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento
 Civil,
que pretende aprobar antes de la finalización de la presente legislatura.
Estas son sus pretensiones básicas:
· Se fomentará el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
en los 
trámites con la Administración de Justicia
· Se mejorará la regulación del juicio verbal
· En los procesos monitorios, el juez podrá verificar la existencia de 
cláusulas
 abusivas en los contratos
· Se acorta el plazo de prescripción de las acciones personales

SPJ-USO: Nuevo Proyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial

El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial que intentará racionalizar el reparto de asuntos entre Juzgados para agilizar la Justicia.
Según indica el propiol Consejo de Ministros, las reformas se centran en:
  •  Se podrán especializar juzgados de forma temporal y adscribir jueces o secretarios judiciales al juez que esté conociendo de una causa penal compleja. Se incluyen medidas para equilibrar el reparto entre determinados juzgados.
  •  Se extenderá la jurisdicción de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer para asegurar la especialización y facilitar que las víctimas denuncien
  •  El juez de Violencia sobre la Mujer mejorará la protección a la víctima al encargarse también de los delitos contra la intimidad, contra la propia imagen de la víctima y del delito de quebrantamiento de condena
  •  Los secretarios judiciales pasarán a llamarse letrados de la Administración de Justicia
  •  Los Institutos de Medicina Legal se convertirán en órganos multidisciplinares para ofrecer una atención integral

SPJ-USO: Exención de Tasas y Reforma del EBEP. Publicado Real Decreto

Publicado en el BOE el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social.
En este Real decreto se incluye la modificación de la Ley de Tasas para declarar la exención de las personas físicas.
También se incluye una modificación del EBEP para regular el ámbito de negociación y establecer nuevamente la mesa del personal al servicio de la Administración de Justicia que había quedado en el limbo jurídico.

1 de marzo de 2015

SPJ-USO Córdoba: SPJ-USO denuncia la falta de medios y la creación de órganos judiciales y nuevos refuerzos en Córdoba. (ABC).


Las carencias enquistadas de la Justicia en Córdoba, aquellas que arrastra, en gran parte, por mantener un modelo obsoleto, continúan siendo relevadas a un plano secundario por parte de la Administración y solo reciben la atención pertinente cuando la marcha de los órganos se ve alterada por cualquier circunstancia, incluso la más nimia, que pone en riesgo el endeble equilibrio del sistema.
Por ello, la junta de personal de Justicia —integrada por representantes de los sindicatos CSIF, SPJ-USO, UGT, STAJ y CC.OO.— has trasladado al presidente de la Audiencia, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, cuáles son las necesidades «prioritarias» de la Justicia en Córdoba, como ya ha comunicado en más de una ocasión a la Consejería del ramo.
Secretario G. SPJ-USO
 Córdoba
Así, los delegados de los trabajadores aseguran que se precisan unas «cien plazas más» de funcionarios para paliar el déficit en los distintos órganos. Además, reprueban que solo haya 17 refuerzos para atender incidencias. Según apuntaron, «podemos decir que Córdoba no tiene realmente refuerzos, ya que estos no cumplen su función, se han convertido en estructurales y sirven para suplir la falta de plantilla», apuntó a este periódico el secretario general de la Federación de Empleados Públicos de USO Córdoba, Domingo Castillo, que añadió que «se necesitarían entre ocho y diez más».

SPJ-USO RECLAMA 5 JUZGADOS MAS PARA CORDOBA Y LA CREACION DE 8-10 REFUERZOS NUEVOS, MANTENIENDO LOS 17 ACTUALES.


Cinco juzgados más

Además, es necesaria la creación de cinco juzgados más, entre ellos, uno para Familia y otro para los juzgados de los Social. «Con el panorama actual —añadió Castillo—, solo se consigue una justicia de primera y otra de segunda. Los órganos de los pueblos soportan, además, un 25% más de carga de trabajo con respecto a la capital, y en ocasiones con menos personal. Si a eso le sumamos el dato de que los órganos de Córdoba están, en general, sobrecargados... La Administración debe normalizar esta situación», dijo.
Estas carencias están provocando colapsos en juzgados como Instrucción número 2 de Peñarroya, al límite de su capacidad al tener que ocuparse del denominado«Caso Rocket».
Al respecto, el procedimiento, que investiga la comisión de presuntas irregularidades en la gestión de subvenciones por parte del Consistorio peñarriblense y en la que hay nueve imputados, entre ellos, la exalcaldesa Luisa Ruiz (PSOE), está retrasando el resto de causas del órgano, que se encuentra desbordado, algo que ya vaticinaron en su día desde el juzgado. Por ello, se ha solicitado en hasta cuatro ocasiones un funcionario para ayudar a tramitar el complejo caso. La Junta se ha comprometido a estudiar la posibilidad de crear un refuerzo para este órgano, que no da más de sí.

Por toda la provincia

SPJ-USO: (Recordatorio) Cursos de formación, finaliza el plazo solicitudes el 5.3.15

SPJ-USO: Cursos de formación 2015, puntuables y gratuitos. Solicitudes del 15.1 al 5.3.15.

FEP-USO: FORMACION CONTINUA 2015

Un año más, desde la Federación de Empleados y Empleadas Públicos de la USO os ofrecemos la posibilidad de realizar cursos PUNTUABLES Y GRATUITOS en todas las Administraciones Públicas.
El plazo de inscripción será del 15 de Enero hasta el 5 de Marzo, ambos inclusive.
A través de nuestra web, www.fep-uso.es podéis consultar el catalogo de cursos y realizar la inscripción, pinchando en el enlace que estará disponible para tal fin.
Los cursos, de carácter interadministrativo y estatal, están dirigido a todos los empleados y empleadas públicos, funcionarios, laborales y estatutarios, independientemente de que pertenezcan a la Administración Central, Autonómica o Local.
La validez de esta convocatoria está supeditada a la publicación en el BOE y aprobación definitiva del Plan de Formación Continua de la FEP-USO en la Comisión General de Formación Continúa en las Administraciones Públicas.
Los cursos se encuadran en diferentes áreas: colectivos específicos, administración electrónica, información y atención al público, área jurídico procedimental, nuevas tecnologías de la información y comunicación, prevención de riesgos laborales y salud laboral y recursos humanos.
Como sabéis, la FEP-USO ha ido presentando y ejecutando los distintos planes de formación durante los últimos años intentando dar una formación generalista, innovadora, práctica y sobre todo útil para el conjunto de los empleados y empleadas públicas, habiendo obtenido el Premio Apel (Asociación de Proveedores de E-Learning) en el 2011 y el Premio a las mejores actuaciones en la gestión de la Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, concedido por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) en el 2012.

SPJ-USO. Permiso deber inexcusable cuidados domiciliarios de un menor.

SOBRE PERMISO DEBER INEXCUSABLE CUIDADOS DOMICILIARIOS DE UN MENOR

Hemos tenido conocimiento de la Dirección General de Función Pública del Ministerio de Hacienda y Función Pública,  ha dictado resolución sobre el tratamiento que ha de darse a las ausencias de un trabajador que, de acuerdo con un certificado médico, debe realizar cuidados domiciliarios a su hijo, se informa lo siguiente: 

El artículo 48.1.j) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante, EBEP), establece que: 

"Las Administraciones Públicas determinarán los supuestos de concesión de permisos a los funcionarios públicos y sus requisitos, efectos y duración. En defecto de legislación aplicable los permisos y su duración serán, a/ menos, los siguientes: 

j) Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral". 

Se ha de tener en cuenta que el concepto de "deber inexcusable" es un concepto jurídico indeterminado que ha intentado definirse en el Manual de Procedimientos de Gestión de Recursos Humanos, publicado por Resolución de 14 de diciembre de 1992 de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, según el cual se trata de la obligación que incumbe a una persona cuyo incumplimiento le genera una responsabilidad de índole civil, penal o administrativa. 

Asimismo se entiende de la lectura del artículo 48x1 J) del EBEP, que tanto los deberes inexcusables así como aquellos que la norma califique como deberes de conciliación de la vida familiar y laboral, estarán englobados en este permiso si no estuvieran englobados en otro. 

La paternidad y la filiación vienen reguladas en los artículos 108 y siguientes del Código Civil, En ellos, la paternidad se configura como un deber que puede nacer por naturaleza o por adopción, que comporta una serie de obligaciones y que puede dar lugar a una rendición de cuentas ante el Ministerio Fiscal o la autoridad judicial. 
El artículo 110 del Código Civil en relación con la paternidad dispone que "el padre y la madre, aunque no ostenten la patria potestad, están obligados a velar por los hijos menores y a prestarles alimentos". 

Esta obligación de velar por los hijos menores está estrechamente ligada con la necesidad de suministrarle cuidados en el domicilio cuando dicha necesidad se encuentre documentada en un certificado médico. En definitiva, la paternidad constituye una obligación personal de carácter inexcusable para la persona que sea designada tutor, salvo que éste sea removido del cargo, de forma que el trabajador podrá acogerse al permiso por deber inexcusable de carácter público para suministrar cuidados domiciliarios a sus. hijos, siempre que dicha necesidad se acredite mediante certificado médico y, en general, que se justifiquen los requisitos establecidos legalmente

Así, el permiso por deber inexcusable se otorgará únicamente por el tiempo indispensable para el cumplimiento de la obligación, debiendo acreditarse adecuadamente que se sigue dando el presupuesto de hecho necesario para su disfrute.



SPJ-USO insta a la Dirección General de Justicia su aplicación a nuestro colectivo de justicia de forma inmediata.

28 de febrero de 2015

SPJ-USO: Las claves de las recientes reformas judiciales aprobadas en Consejo Ministro 27.2.15.

LAS CLAVES DE LAS RECIENTES REFORMAS JUDICIALES APROBADAS EN CONSEJO MINISTROS 27.2.15

Reforma de la Administración de Justicia
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha explicado que el Gobierno ha impulsado la reforma de la Administración de Justicia en su triple papel de "pilar del Estado del derecho; servicio público, y elemento que fortalece la competitividad socioeconómica de España y la creación de empleo". "Trabajamos el concepto de la justicia más ágil, más cercana y que incorpora las tecnologías, que es uno de los desafíos y asignaturas pendientes en el mundo de la justicia", ha subrayado.

Con ese objetivo, el ministro ha avanzado que se reforman parcialmente, y de forma consensuada con los agentes implicados, cuatro leyes: Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley de Enjuiciamiento Civil; Ley de tasas judiciales; Ley por la que se regula el estatuto de España como miembro de Eurojust.

Ley Orgánica del Poder Judicial
El principal objetivo de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial es, en opinión del ministro, "reducir los tiempos de respuesta de los órganos judiciales". Partiendo de que el reparto de cargas no es homogéneo en todo el territorio nacional, esta medida permitirá que se distribuyan los asuntos entre juzgados limítrofes. "Rompemos el principio tradicional de partido judicial para buscar una solución más eficaz", si bien los juzgados mantendrán sus responsabilidades en su ámbito territorial, ha dicho.

Catalá ha puesto como ejemplo que los juzgados de violencia de género de Madrid tienen una carga de trabajo que apenas llega al 66%, mientras que en algunas localidades de la periferia de la capital supone hasta un 150%: "Alguno de los juzgados periféricos podrá transferir asuntos a los de Madrid". El ministro también ha señalado que ante asuntos de especial complejidad, como el caso de las preferentes, determinados juzgados se podrán especializar de forma temporal en ellos.

Además, ha señalado que se desarrollarán mecanismos para que los puestos de trabajo se cubran por jueces especializados y se mejorará la calidad de las resoluciones judiciales. "En ocasiones vemos con una cierta sorpresa cómo algunas secciones  de un órgano colegiado producen resultados diferentes en función de la sección o el juzgado en el que recaigan los asuntos", ha dicho.

Entre las medidas para profesionalizar la justicia, Rafael Catalá ha anunciado un nuevo sistema de sustituciones equivalente al que se aprobó para jueces y magistrados. Los secretarios judiciales podrán hacer sustituciones de plazas vacantes en los juzgados cuando la carga de trabajo lo permita para evitar así el nombramiento de interinos. "De los 45.000 funcionarios que trabajan en la Administración de justicia, casi 9.000 son interinos, más del 20%. En algunos cuerpos y en algunos territorios puede haber incluso hasta el 50%", ha dicho el ministro.

Catalá ha informado de que los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses integrarán también a psicólogos y trabajadores sociales. Además se creará un sistema de médicos residentes en el área forense y se mejorará el sistema de ingreso ya que la oposición contará con un temario "más propio de médicos que de funcionarios de la administración de Justicia" en sentido genérico.

Para mejorar la violencia de género, el proyecto de ley amplía las competencias del juez de violencia sobre la mujer y refuerza las  unidades de valoración forense.

Ley de Enjuiciamiento Civil
Con el fin de mejorar la eficiencia de la Administración de Justicia, el Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Rafael Catalá ha subrayado que el texto pretende "promover como objetivo estratégico del Gobierno el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito de la Justicia". En este sentido, a partir del 1 de enero de 2016, tanto los profesionales como los órganos judiciales estarán obligados a comunicarse sólo mediante medios telemáticos.

El ministro ha aclarado que los particulares podrán seguir presentando papeles en los juzgados, que serán escaneados e incorporados a su expediente digital. Además, ha resaltado que los ciudadanos recibirán mediante aviso de SMS o correo electrónico notificaciones de la Administración que hasta ahora se reciben en papel.

El texto mejora la regulación del juicio verbal al introducir la figura de la contestación escrita a la demanda. En opinión de Catalá, con esta medida "se suspenderán muchos menos juicios y el juicio verbal será mucho más eficaz y ágil de lo que viene siendo en la actualidad".

Por otra parte, la norma atribuye a los procuradores la realización de todos los actos de comunicación al resto de partes, testigos, peritos y otras personas que, sin ser parte en el juicio, deban participar en él, con el fin de agilizar los trámites procesales y reducir la carga de trabajo de los órganos judiciales. Se elimina la necesidad de contar con dos testigos para que la notificación sea válida.

En relación con el procedimiento monitorio, los jueces verificarán si existen cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores o usuarios.

Exención de tasas judiciales
Pool Moncloa / Acceso libreEl Gobierno ha aprobado un Real Decreto-Ley por el que las personas físicas quedarán exentas del pago de tasas judiciales en todas las instancias jurisdiccionales y en todos los órdenes, con el fin de que ningún ciudadano deje de acudir a la Justicia por motivos económicos.

El ministro de Justicia ha argumentado que la supresión de las tasas es una reivindicación muy extendida entre los ciudadanos y profesionales que el Gobierno ha considerado oportuno recoger. La entrada en vigor de la norma es inmediata y no se dilata "para no generar etapas intermedias que serían difíciles de planificar".
Rafael Catalá ha declarado que las tasas judiciales "no tienen un objetivo recaudatorio" y que los ingresos obtenidos por este concepto se incorporan a la "caja común que paga los servicios públicos" por lo que, como cualquier tributo, "no están afectadas a un fin" concreto. También ha asegurado que no está acreditado que la actual regulación de las tasas haya tenido un impacto directo e inmediato sobre la litigiosidad.

España en Eurojust
El Ejecutivo ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley que adapta la legislación española sobre Eurojust a la normativa europea. En el texto se adecúa el número de integrantes, funciones y competencias de la delegación española en este organismo.

El ministro ha precisado que la delegación estará compuesta, como mínimo, por un miembro nacional, un miembro nacional suplente y un asistente (hasta ahora sólo era obligatorio contar con un único representante). A este respecto, se regula la nueva figura del miembro nacional suplente, con sede en La Haya, y con plena capacidad para sustituir al miembro nacional.


28 F, Día de Andalucía: ¡Salvemos los servicios públicos!

28 F, Día de Andalucía: ¡Salvemos los servicios públicos¡



Domingo Castillo, Secretario G.
Federación Empleados Públicos
de USO Córdoba.
El sindicato que represento en esta provincia, a través de la Federación de Empleados Públicos, con motivo de la celebración del 28 de Febrero, Día de Andalucía, quiere hacer públicas, una vez más,  sus persistentes reclamaciones sobre la necesidad imperiosa de devolver la integridad de sus potestades a la Administración Pública Andaluza, en manos de una Administración paralela cada día más extensa y menos transparente; mejorar y potenciar la calidad de sus servicios,  que han sufrido en los últimos años los mayores recortes de su historia;  e impedir el malgasto y dilapidación de los recursos públicos.

Los funcionarios de la Administración andaluzacomo garantes del bienestar colectivo y de la eficiencia del sector público, observamos con honda preocupación eldeterioro y la acelerada privatización de servicios en los últimos años. Un proceso que se produce en paralelo a la suplantación y desplazamiento de funciones y competencias que venían desempeñando los empleados públicos hacia entes instrumentales semipúblicos y entidades de gestión privada. Todo ello, con la consiguiente pérdida de garantías para la ciudadanía y el menoscabo en la calidad de las prestaciones básicas.

Salas de urgencias abarrotadas donde fallecen pacientes por falta de atención,  farmacias desabastecidas de medicamentos subastados a laboratorios que no ofrecen las garantías mínimas de calidad, y recortes de personal, -contratado, en último término,   al 75 por ciento de la jornada-,  son algunas muestras del panorama actual de  la sanidad pública andaluza. Niños recibiendo clases en barracones de lata, eufemísticamente llamados caracolas, universidades endeudadas,  y recortes de plantilla, son una mínima expresión del depauperado estado de la educación pública andaluza.Dependientes que mueren sin haber recibido las prestaciones a las que tenían derecho reconocido por falta de presupuesto;  mujeres víctimas de violencia sin apoyo oficial y cientos de organizaciones  quebradas por el retraso en la percepción de fondos públicos reflejan la situación de nuestros Servicios Sociales. Y, en el ámbito de la Administración de Justicia,   infraestructuras depauperadas,  carencia de medios,  y falta de personal, son el pan nuestro de cada día. La relación de s deficiencias sería tan extensa como la de conflictos judiciales y la de titulares periodísticos  que alertan a diario sobre la grave crisis económica, política y social que padece esta Comunidad.

De la crisis económica a la institucional

FEP-USO ha denunciado reiteradamente la ausencia de iniciativas públicas para dejar atrás la crisis económica en que está instalada Andalucía  y  salir de otra crisis de similar gravedad, que podríamos calificar de “institucional”. En efecto, la debilitación de valores democráticos, que delata la multitud de casos de corrupción salidos a la luz, llama a fortalecer la democracia, redoblando el esfuerzo de la sociedad por mejorar sus instituciones; y esto, sin duda, requiere de inversiones que contribuyan a regenerar lo público. Por el contrario, resulta frustrante descubrir que se siguen dedicando fondos millonarios a gastos con escaso o nulo control y rentabilidad social, lo cual significa echar por tierra gran parte de las posibilidades de regeneración.

Insistimos, por tanto. La sombra de la privatización se cierne sobre el inmediato futuro de los servicios públicos en Andalucía. Se nos vende que, sólo poniendo en manos del sector privado servicios y patrimonio público, pueden salvarse unas cuentas autonómicas mermadas y faltas de un control riguroso.
Ejemplo de ello sería la reciente venta masiva de inmuebles propiedad de la Junta a un fondo de inversiones norteamericano, al que, acto seguido, se le alquilan esos mismos edificios, y por los que los andaluces terminaremos  pagando, tras veinte años de alquiler, más de un 150 % del precio de saldo recibido por su venta. En Córdoba han sido 8,  las principales sedes administrativas oficiales en la capital, las que forman parte del lote total de 70 afectadas en todo el territorio autonómico.

Similar situación se produce con los escasos proyectos que la Junta de Andalucía ha conseguido poner en marcha durante la actual legislatura. Un ejemplo: la Ciudad de la Justicia de Córdoba, reivindicación histórica que,tras más de una década de retrasos,  este año ha arrancado a través de la demagógica fórmula de colaboración público-privada. O lo que es lo mismo, financiación privada que, a largo plazo,  supondrá un coste al erario público cuatro veces superior al inicial. Y que vuelve a reincidir en el traspasode patrimonio y responsabilidades públicas a manos privadas (empresas constructoras y entidades bancarias).

Entre la agonía del presente y la incertidumbre por el futuro


Soluciones que se presentan como novedosas, mientras se mantienen los endemismos. El desempleo sigue siendo el mayor problema, con una incidencia que clama al cielo entre la juventud. Y la emigración, de nuevo,  como única salida para cientos de jóvenes entre los que se encuentra parte de  la generación mejor preparada, pero con los peores resultados en los informes PISA. Y contratos de miseria para los que se quedan a través de propagandísticos planes EMPLEA y  JOVEN.

En suma, andaluces y andaluzas, agraviados por los brutales recortes económicos, sociales y laborales sufridos en esta legislatura agonizante; agobiados por la escasez de recursos  y frustrados ante la incertidumbre por el futuro, porque sus demandas no son atendidas por los responsables políticos y son invisibles para una parte de la opinión pública,  embaucada a través de  los medios de comunicación afines al poder. Y  la Justicia, si llega, será demasiado tarde.  

Entre esos andaluces se encuentra  una mayoría de  funcionarios de la Administración autonómica,  menos que mileuristas,  que acumulan más de un 30 por ciento de poder adquisitivo perdido en diez años, además de sufrir ataques permanentes a sus derechos consolidados como trabajadores, mientras asisten al persistente despilfarro del presupuesto público y al expolio del patrimonio común entre la impotencia y la desesperación.


Domingo Castillo, secretario general en Córdoba
de la Federación de Empleados Públicos de USO.
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