12 de junio de 2015
SPJ-USO: Legislación: Cómo afectará a las empresas la nueva jurisdicción voluntaria.
Más allá de permitir a los notarios tramitar bodas y separaciones, esta nueva ley introduce toda una serie de medidas que afectarán al ámbito empresarial, agilizando trámites y descargando a los juzgados.
La Ley de Jurisdicción Voluntaria podría ver pronto la luz. Esta reforma, que afronta ya la recta final de su tramitación en el Senado -ayer recibió el visto bueno del Pleno de la Cámara Alta-, se propone liberar a los jueces de tareas que no son estrictamente jurisdiccionales, en las que no hay litigio entre las partes, con el fin de descongestionar la Administración de Justicia, de forma que toda una serie de asuntos serán encomendados a notarios, registradores y secretarios judiciales.
Aunque esta ley se ha hecho famosa por conferir a notarios y secretarios judiciales la potestad de tramitar matrimonios y separaciones de mutuo acuerdo, lo cierto es que son muchas más las medidas de gran calado que introduce el nuevo texto legal, y muchas de ellas afectan directamente a las empresas.
La principal ventaja que todo ello supondrá para las empresas es una respuesta de la Administración más rápida que la que se está ofreciendo actualmente, algo que también beneficiará a los juzgados, liberándolos de carga y permitiéndoles dedicarse a resolver otros asuntos en los que sí hay discusión.
Un ejemplo de cómo cambiará esta ley el panorama para las empresas se puede observar en los casos de expedientes de subastas notariales o en la reclamación de deudas dinerarias. Con la reforma, una empresa podrá ir ante notario, como alternativa al juzgado, para cobrar deudas no contradichas, es decir, aquellas en las que no hay duda sobre su existencia. Se trata, en este caso, de un expediente nuevo en el que el notario sigue un procedimiento rápido de ejecución, dirigiéndose directamente al deudor para exigirle el pago. Eso sí, esta vía sólo se podrá emplear entre comerciantes, profesionales o empresarios, pero nunca si el deudor es un consumidor.
Lo mismo sucede con la subasta de bienes, que sale de la esfera judicial, ofreciendo la posibilidad de realizarlo ante notario, algo que agiliza los trámites y beneficia también al propio deudor, ya que cuanto más rápido sea el proceso, menos intereses moratorios tendrá que pagar.
Contabilidad
Se regula asimismo la forma de realizar la exhibición de los libros contables, imponiéndose multas coercitivas de hasta 300 euros diarios en caso de negativa, obstaculización o incumplimiento del deber de colaborar. En este sentido, el proyecto reforma el artículo 40 del Código de Comercio para regular más pormenorizadamente las obligaciones de los auditores de cuentas.
Además, el texto recoge otra serie de procedimientos que afectan directamente a las empresas y que atribuye de manera alternativa a los secretarios judiciales y a los registradores mercantiles, como son la convocatoria de las juntas generales de las sociedades de capital o de las asambleas generales cuando así lo pida un determinado número de socios ante la falta de convocatoria en el plazo legal o estatutario previsto, la reducción de capital social, la amortización o enajenación de las participaciones sociales o acciones o el nombramiento de liquidador, auditor o interventor.
En igual régimen de competencia compartida por los secretarios judiciales y los notarios están los procedimientos relativos al robo, hurto, extravío, destrucción de títulos-valor (letras de cambio, cheques o pagarés) o de acciones o representaciones de partes de socios de una empresa, así como el nombramiento de peritos en los contratos de seguros.
Agilidad
En opinión del jurista Juan Ramón Liébana, especialista en la materia de jurisdicción voluntaria, "esta reforma procesal va a suponer una agilización de los trámites que las empresas han de realizar porque se actualizan y se simplifican los procedimientos jurídico-mercantiles, dotándolos de la agilidad procedimental de la que hoy carecen".
Además, destaca el hecho de que la ley finalmente haya optado por la alternatividad, es decir, que permita al empresario elegir en cada caso qué funcionario tramita un determinado asunto.
El texto culminó ayer su tramitación en el Senado, con la inclusión de enmiendas, algunas del Partido Popular, como la que plantea retrasar hasta 2017 la entrada en vigor de la norma para la formalización de matrimonios y separaciones ante notario.
- La reclamación de deudas dinerarias no contradichas: las empresas podrán optar entre acudir al tradicional monitorio judicial ante los tribunales o a un monitorio notarial que se tramitará ante notario.
- El depósito de bienes muebles, valores o efectos mercantiles y venta de los bienes o efectos depositados, cuya competencia se atribuye en exclusiva a los notarios.
- La convocatoria de juntas generales de sociedades mercantiles y de la asamblea general de obligacionistas, se atribuye a los secretarios judiciales de los juzgados de lo mercantil, en concurrencia con los registradores.
- El nombramiento y revocación de liquidador, auditor o interventor, cuya competencia se atribuye a los secretarios judiciales de los juzgados de lo mercantil, en concurrencia con los registradores.
- La reducción de capital social y la amortización o enajenación de las participaciones o acciones, cuya competencia se atribuye a los secretarios judiciales, en concurrencia también con los registradores.
- - El robo, hurto, extravío o destrucción de título valor o representación de partes de socio, cuya competencia se atribuye a los secretarios judiciales, en concurrencia con los notarios.
- El nombramiento de perito en los contratos de seguro, cuya competencia se atribuye a los secretarios judiciales, en concurrencia también con los notarios.
