24 de julio de 2017
SPJ-USO Nacional. El Ministro Catalá y sus ocurrencias (o falta de ellas).
NACIONAL |
Cinco son las líneas estratégicas del
Ministerio de Justicia que, en relación con los procesos judiciales, han sido anunciadas en estos días de julio por el
Titular del Ministerio, aprovechando su presencia en alguno de sus Cursos de
Verano:
1)
La Instrucción
Penal, para los Fiscales.
2)
Fomento de la
Ejecución de los Procesos Civiles a través de los Servicios Comunes y de las
aplicaciones informáticas específicas para notificaciones, embargos,
averiguación patrimonial….
3)
Desarrollo del
Proceso de digitalización del Expediente
Judicial.
4)
Promoción de una
nueva Aplicación de Gestión Procesal, común a todo el territorio del Estado, de
acuerdo con las CCAA con competencias en medios materiales de la Admón. de
Justicia.
5)
Digitalización
del Registro Civil.
Nada que objetar, en general, a cuanto suponga
LLEVAR A LA JUSTICIA LOS AVANCES DE LA
TECNOLOGÍA que ya han sido asumidos por todas aquellas organizaciones que han
sabido adaptar sus fórmulas de gestión a las herramientas que, en definitiva, permiten
realizar las tareas que tienen encomendadas con mayor control, agilidad y
eficacia. SÓLO QUE DICHOS AVANCES HAN DE
SER APLICADOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CON GARANTÍAS DE CALIDAD, es
decir, no sin haber sido testados previamente de manera suficiente y adecuada;
siempre que hayan superado los debidos controles de buenas prácticas y
funcionamiento; previa la formación necesaria y permanente de sus operadores en
las Oficinas Judiciales y Fiscales; con los debidos parámetros de
compatibilidad en todo el Territorio del Estado; así como con el suficiente
grado de inversión en medios y recursos para que la herramienta sirva de la
manera más eficiente al fin para el que ha sido prevista. En este sentido,
el despliegue del Expediente Digital dista mucho de ello, habiéndose convertido
las más de las veces este precipitado instrumento en una pesada carga, antes
que en una utilidad, para sus operadores; los funcionarios judiciales (y también
para los profesionales relacionados con la Administración de Justicia). Harían
bien el Sr. Catalá y su equipo en pararse un poco a pensar cómo hacer las cosas
con mejor sentido y suficientes recursos.
SPJ-USO, por otro lado, sí tiene que objetar, y mucho,
la FALTA DE UN AUTÉNTICO PROYECTO DE
GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA VIABILIDAD DEL REGISTRO CIVIL COMO SERVICIO
ABSOLUTAMENTE PÚBLICO, que quede en la órbita exclusiva de la
Administración de Justicia (de la que en modo alguno debe salir,
reintegrándosele inmediatamente los expedientes de nacionalidad que acaban de
ser extrañados de ella); servido por sus actuales funcionarios y manteniendo
todas sus oficinas, incluidas las de los Juzgados de Paz, para mejor atender, y
de forma gratuita, a la ciudadanía.
Finalmente tampoco está de acuerdo SPJ-USO con que la Administración de
Justicia se sitúe de espaldas a la independencia que la debe caracterizar, como
viene ocurriendo sistemáticamente bajo el mandato
Catalá. Y es que tras resonantes palabras como las de “modernización” o “eficiencia”…,
muchas veces, los gestores públicos no esconden otra cosa que puros y duros intereses políticos,
cuando no, lisa y llanamente privados.
Porque, a ver, contéstennos, Sras. y Sres. del Gobierno: ¿A
quién interesa un Instructor Penal dependiente en última instancia de una
Autoridad designada políticamente por el Gobierno (el Fiscal General del
Estado), que transmite sus decisiones bajo el principio de dependencia y
jerarquía a toda la pirámide de sus subordinados (los Fiscales a los que se
pretende atribuir la Instrucción de Causas Penales)?
Circular para descarga.
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