SPJ-USO: Catalá apuesta por la reforma de los procesos penal y civil para la agilización de la Justicia.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha defendido hoy en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander que el futuro de la Justicia requiere medidas urgentes como la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y la agilización de los procedimientos en el ámbito civil para dar las respuestas que la sociedad necesita.

Catalá, que ha inaugurado el curso Una Justicia de futuro organizado por el Ministerio de Justicia por tercer año consecutivo, ha subrayado que la necesidad de un nuevo marco regulador del proceso penal es una demanda histórica de los profesionales del sector y de las fuerzas políticas. Tras la reforma de la LECrim (LA LEY 1/1882) de 2015, toca ahora revisar de manera integral el proceso penal para otorgar al Ministerio Fiscal la dirección de la investigación y fijar nuevas reglas que inyecten mayor eficacia, eficiencia y agilidad en la persecución del delito. Una reforma que ha de acometerse en paralelo a la reforma del Estatuto Fiscal, que atienda a las necesidades formativas y operativas del Cuerpo, a su profesionalización y especialización y que refuerce su autonomía en el ejercicio de sus funciones.

En cuanto al procedimiento civil, el objetivo es mejorar la ejecución de las sentencias. El ministro ha indicado que en esta tarea la Oficina Judicial tiene que desempeñar un papel fundamental ya que en aquellos territorios donde está implantada esta organización se resuelve un 73% más que cuando funcionaban bajo el modelo tradicional de juzgados y tribunales. Se trata también de agilizar el régimen de comunicaciones y notificaciones y de analizar otras posibles medidas que perfeccionen el actual proceso civil, reduzcan plazos e introduzcan mejoras técnicas procesales. El ministro ha apostado también por la mediación, no solo en los procedimientos declarativos, sino también en los de ejecución.

Otro de los retos para una Justicia de futuro es seguir trabajando en la línea de la transformación tecnológica con la que está comprometida la Administración Pública en su conjunto. En el ámbito de Justicia el proceso de digitalización es imparable, ha dicho Catalá, que ha llamado la atención sobre los casi 125 millones de comunicaciones electrónicas que han realizado órganos judiciales y operadores jurídicos desde enero de 2016. Con los 139 millones que destinan este año los presupuestos del Ministerio a la modernización tecnológica se duplican los créditos para hacer posible este cambio cultural que permitirá la extensión de Justicia y Fiscalía digital, renovar el parque informático, poner en marcha un nuevo Registro Civil digital y sentar las bases de un sistema de gestión procesal común en todo el territorio en colaboración con las comunidades autónomas.

El reto de la tecnología, ha subrayado el ministro, nos compromete también a avanzar en las respuestas que debe dar la Justicia para defender los derechos y libertades de los ciudadanos en el mundo digital desde la colaboración entre administraciones y países que comparten un espacio común. El Gobierno está trabajando, por ejemplo, en la transposición a nuestro derecho del nuevo marco jurídico europeo en materia de protección de datos personales y de resolución alternativa de litigios en materia de consumo.

Accede a la noticia completa. PULSA AQUI.