19 de febrero de 2016
SPJ-USO: Circular Reunión con Director General Infraestructuras de la Consejería de Justicia: Papel Cero
LA CONSEJERIA DE JUSTICIA COLABORADORA
NECESARIA DEL MINISTERIO EN EL DESASTRE DE LA IMPLANTACION DEL
PROYECTO “PAPEL 0”
El pasado día 9 de febrero estaba previsto que se
celebrara una reunión entre los Sindicatos presentes en la mesa sectorial de
justicia con el Director General de Infraestructuras de la Consejeria de Justicia
como responsable de la implantación del proyecto “PAPEL 0” en nuestra Comunidad, reunión
que fue pospuesta al ser requerido el mismo en la misma fecha por el Ministro
de Justicia a fin de evaluar el nivel de implantación de dicho proyecto en Andalucía
y el estudio y discusión de los problemas derivados de esa implantación.
Finalmente dicha reunión Sindicatos-Director General se pudo celebrar el 15 de
Febrero. Como
todos sabéis fue la Ley
18/2011 dictada por el
Gobierno de la Nación
(siendo Presidente José L. Rodríguez Zapatero), la que estableció la fecha del 7 de julio de
2016 para dar cumplimiento al objetivo de “papel 0” en la administración de
Justicia, proyecto que se empezó a fraguar desde febrero de 2015, si bien no
fue hasta octubre del pasado año cuando el Ejecutivo Central (en esta ocasión
dirigido por Mariano Rajoy) confirmo el adelanto de esta fecha para el 1 de
enero de 2016 con los consiguientes problemas que ello ha acarreado.
Por tanto, es el
Ministerio de Justicia el que provoca el “MONUMENTAL FIASCO” en que se ha
convertido este proyecto de modernización de la Justicia a
través de la implantación del “Papel 0”
al anticipar su entrada en funcionamiento antes de las pasadas elecciones
generales, seis meses antes de lo previsto, ya que impuso la
utilización de un nuevo sistema de trabajo que estaba claramente inacabado y
mal diseñado, pues si bien Lexnet se viene utilizando desde 2004 (2009 en Andalucía),
lo era únicamente para las notificaciones a Procuradores, mientras que dada
la envergadura de este nuevo proyecto, que incluye la presentación telemática
de demandas y escritos, debiera haberse realizado un rodaje previo del mismo,
con una implantación limitada como experiencia piloto y circunscrita a un solo
partido judicial poco conflictivo del propio ámbito gestionado por el
Ministerio de Justicia, para después y una vez pulidos y corregidos los
problemas que surgiesen, haber extrapolado el proyecto a ámbitos
geográficos superiores.
Por
su parte la propia Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía ha reconocido que no estaba
preparada para esto y que se está produciendo una ralentización de la justicia,
en gran parte por falta de previsión y de inversión de la Administración
andaluza.
Son escasos los medios aportados por la Junta de Andalucía para
llevar a buen puerto el proyecto ministerial, y por eso desde SPJ-USO le
hemos instado a la
Consejeria de Justicia que de solución a los siguientes
problemas:
--Insuficiencia de formación a funcionarios y
operadores jurídicos (abogados, procuradores, graduados sociales, etc.…). En
algunos casos se cuenta con una sola persona en toda la provincia, como ocurre
en Cádiz o Granada, para impartir esta formación y resolver las innumerables
incidencias registradas. Esta formación además de ser escasa, es de baja
calidad y en algunos partidos judiciales esta previsto que se de a finales de
este mes de febrero o marzo, con lo cual llega tarde y mal.
--Escasez de técnicos informáticos cualificados para
resolver las incidencias y consultas, ya que no se ha aumentado el personal
dedicado a estas funciones, a pesar de que no era muy descabellado pensar en la
oleada de incidencias que se iban a producir.
-- Falta de medios personales, pues se tenían que
haber reforzados las oficinas de registro y reparto de los distintos Decanatos,
sobre todos en las capitales de provincia.
--Precariedad en los medios materiales, sobre todo
medios electrónicos, ya que los Servidores informáticos son de limitada
capacidad y una banda ancha muy escasa para el trafico de datos existentes; ausencia
de doble pantalla en muchos puestos de trabajo en los que es imprescindible
como en los Decanatos; ausencia de ordenadores en las salas de vista que impide
a los jueces visualizar los procedimientos durante los juicios, lo que obliga a
su impresión.
--Falta de coordinación y de instrucciones o
protocolos a seguir tanto por los profesionales de los cuerpos al servicio de la Administración de
Justicia como por el resto de operadores jurídicos intervinientes en este
proyecto.