FEP-USO: paralizada la privatización de la sanidad madrileña.

Dos recientes Resoluciones Judiciales “han sentenciado de muerte el proceso de Privatización de la Sanidad Madrileña”...

Mediante sendos Autos, el primero de ellos del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 4 de Madrid y el segundo de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, recaídos en sendos Procedimientos Judiciales, se “acuerda la Suspensión Cautelar del Proceso de Privatización de la Sanidad Pública iniciado por la Comunidad de Madrid”...

Aunque la Gestión Privada de los Hospitales ya esta adjudicada, los contratos todavía no están firmados, siendo por tanto plenamente efectiva la suspensión cautelar. Lo que unido a que se tardará no menos de año y medio en dictarse Sentencia en Primera Instancia, nos hace pensar que “se llegará antes a las próximas elecciones autonómicas que a tener una Sentencia firme en este asunto”… Lo que genera mas dudas sobre su futura viabilidad, al menos tal como lo ha diseñado el actual Gobierno Autonómico.…

Con carácter general el objeto de estas Demandas lo constituye la impugnación de las Resoluciones de la ViceConsejera de  Asistencia  Sanitaria  de  la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid de fecha 30 de Abril, 3 de Junio y 28 de Junio de 2013, relativas a la convocatoria de la licitación del Contrato de Servicios denominado “Gestión por  concesión  del servicio  público de la atención sanitaria especializada correspondiente a los Hospitales Universitarios "Infanta Sofía", "Infanta Leonor", "Infanta Cristina", del Henares, del Sureste y del Tajo"… En dichos procedimientos, las partes solicitaron "la suspensión cautelar de los actos administrativos impugnados en  atención  al  carácter  manifiestamente irreparable de los perjuicios que podrían producirse y que se traducirían en la pérdida de la efectividad de las Sentencias que en su día pudieran recaer, dada la dificultad, en el supuesto de ser estimatorias, de aplicarlas retroactivamente".

Tanto el Juzgado, que sigue las consideraciones realizadas por el Ministerio Fiscal en su escrito de Alegaciones, como la Sala, se decantan a favor de la adopción de la Medida Cautelar, argumentando que el cambio de modelo sanitario cuestionado es de unas dimensiones cuantitativas tan extraordinarias -al afectar a casi 1.200.000 ciudadanos y al régimen jurídico de todo el personal sanitario y auxiliar encargado directamente de la prestación del citado servicio- que hacen pensar que “las consecuencias que de todo ello se pudieran derivar, forzosamente pudieran llegar a ser irreparables, en caso de no suspenderse cautelarmente la eficacia de la actividad administrativa impugnada”…

En este mismo sentido en ambos Autos se considera que “no procede exigir a la parte recurrente la presentación de caución o garantía” para responder de los perjuicios que pudieran derivarse de la adopción de la medida cautelar, que los Letrados de la Administración llegan a cifra en más de 65 millones de Euros, argumentando que es el ahorro que supondría para las arcas autonómicas la gestión privada de sus hospitales durante seis meses.

Se explica que ese "ahorro es virtual”, al estar basado en cálculos hipotéticos, realizados sobre determinados parámetros que pueden no responder luego a la realidad, siendo de dudosa credibilidad. Además, en este caso, por su peculiar naturaleza, no se está en disposición de poder asegurar que el interés general, en lugar de estar concretado en ese ahorro que cita reiteradamente el Letrado de la Administración demandada, realmente lo esté precisamente en el mantenimiento del modelo actual, eso sí, con una gestión más eficiente por parte de los responsables públicos, en cuyo caso es evidente que ningún perjuicio podría derivarse de la adopción de la medida cautelar, que requiriera ser garantizado. Además se argumenta que carecería de sentido que la medida cautelar no se pudiera materializar, y con ello, el resultado de los Pleitos, por la necesidad de constituir una garantía millonaria, materialmente imposible de reunir.

Los Autos se plantean también si el interés general, objeto de tutela en los procedimientos principales, se concreta en ese ahorro de costes que proclama la Administración o si, por el contrario, el interés general demanda el mantenimiento del sistema que ahora se pretende cambiar.

Se plantea también que en estos momentos resulta una incógnita saber si la gestión privada que se cuestiona en las Demandas va a suponer realmente un ahorro económico, pues existen experiencias de otros países en los que no ha sido así, concluyendo que no se entiende bien cómo los responsables de la Administración, encargados de la Gestión Pública de este Servicio Público tan esencial y tan importante, asuman sin más su incompetencia para gestionarlo con mayor eficiencia.

Desde la FEP-USO nos congratulamos de que el proceso de privatización de la Sanidad Pública Madrileña haya sido cautelarmente paralizado, y apostamos por que lo sea, definitivamente. Valoramos también muy positivamente estos Autos, tanto por su contenido, que podemos calificar de “valiente”, como por suponer un importante precedente, que marca, a nuestro juicio, un importante cambio de criterio de nuestros Tribunales en esta materia. Pues los argumentos que se utilizan en los mismos pueden ser perfectamente traspolables a las futuras Demandas que pudieran instarse contra procesos de privatización similares de otros Servicios Públicos. Tanto en el ámbito sanitario, como en otros ámbitos. Lo que con toda seguridad animará a diferentes colectivos a su interposición, y sobre todo creemos que puede suponer “un claro aviso para aquellos navegantes que están empeñados en vender nuestros Servicios Públicos al mejor postor”...