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Hemos sido convocados en el día de la fecha a una reunión en la
Consejería de Gobernación y Justicia para debatir sobre la Acción Social y los
Planes de Formación para el personal de Justicia, de cara al próximo
ejercicio.
ACCIÓN SOCIAL 2012 Por los responsables de la
Consejería se nos informa que están estudiando la solicitud telemática (tal y
como se solicitan los cursos del IAAP, incluyendo el escaneo de la documentación
que se pudiera requerir). También esperan que el Presupuesto de la Acción Social
2012 sea el mismo que el de este año (1.211.271 €) aunque Hacienda les ha
solicitado una reducción del 10 %. Por otra parte, a instancia de Hacienda ha
habido una primera reunión entre responsables de las Consejerías de Educación,
Salud, Administración Pública y la nuestra, para tratar la posibilidad de
aplicar retenciones de IRPF sobre las Ayudas de Acción Social; a nuestro
colectivo le afectaría en todas las ayudas, si al final sale adelante, serían
incluidas en nómina como rendimientos del trabajo y tendrían la retención que a
cada uno individualmente se le efectúe.
Desde SPJ-USO, vemos
bien la primera medida anunciada, para que aprovechando las nuevas tecnologías,
los trámites se agilicen y simplifiquen, ahora bien, dicho esto, entendemos que
precisamente en épocas de crisis como la que estamos padeciendo, la Acción
Social ha de ser un valor al alza para los trabajadores, y lejos de reducirse
habría que hacer el esfuerzo no ya de mantenerla, sino de incrementarla; por
otra parte, no vemos por ningún lado, que nuestras ayudas puedan ser objeto de
retención de IRPF, por eso las rechazamos de plano y seguiremos insistiendo ante
la Consejería para que no se lleven a efecto.
Asimismo, hemos vuelto a recordar a la Administración su
compromiso de alcanzar el presupuesto de Acción Social el 1% de la masa salarial
(nos han reconocido que con lo presupuestado se está entorno al 0,50 %), hemos
hecho hincapié en la necesidad de contar con mayor certeza y mejor gestión en el
procedimiento de tramitación y ejecución de la Acción Social, siendo necesario
un Calendario que sea conocido con carácter previo a la convocatoria, para
ejecutar todo el procedimiento en cada uno de los años y evitar los problemas
que estamos teniendo (Ej. la actual convocatoria de 2010 si todo transcurre como
parece, se va a abonar en 2012, a nuestro juicio inadmisible) para evitar
dilaciones indebidas y casos como los de este año, en el que al haber publicado
la lista provisional de admitidos y excluidos, “por sorpresa y en julio”, va a ocasionar
que algún compañero no pueda subsanar, si está excluido, al encontrarse
disfrutando de sus vacaciones. Hemos
pedido que de una vez, haya un Reglamento de Acción Social donde consten normas
claras y su compromiso para evitar estas
disfunciones.
En cuanto a las ayudas, hemos planteado que a la hora de abordar
la negociación de la Acción Social y las diversas modalidades, se tenga en
cuenta la heterogeneidad de la edad de los peticionarios, porque podemos tener
necesidades diferentes (no es lo mismo un compañero de nuevo ingreso que uno
próximo a su jubilación), y por eso
hemos vuelto a proponer algunas novedosas ayudas que complementen a las ya
existentes, como las de Gasto Farmacéutico y Guarderías, además respecto a las
actuales de Hijos Menores y Mayores hemos advertido que no se contempla la
posibilidad de que un funcionario tenga tres o más hijos por lo que debería de
dotarse con una cantidad adicional proporcionalmente por cada
hijo.
Desde SPJ-USO hemos
vuelto a manifestar NUESTRA OPOSICIÓN A QUE EL SEGURO DE ACCIDENTES QUE TIENE
CONTRATADO LA JUNTA DE ANDALUCIA PARA LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES, SE SIGA
ABONANDO CON CARGO A LA PARTIDA DE ACCIÓN SOCIAL, es decir que si tenemos que
contar con un seguro de accidentes que no sea detrayendo un número importante de
ayudas de otros conceptos. Hay que recordar que el seguro cuesta anualmente
142.082 €, cifra a considerar teniendo en cuenta que las cláusulas para su
percepción son “leoninas”, y el número de beneficiarios ha sido muy reducido
(nos entregarán datos actualizados, pero según parece, en los últimos años han
sido 5 el número de beneficiarios en Andalucía). Siguiendo con este seguro, como
la Administración sigue en sus trece, les hemos instado a que negocien con la
compañía aseguradora la protección para todos de la Responsabilidad civil por
hechos derivados de nuestro trabajo, y se ha planteado asimismo que en caso de
existir pocos siniestros o ninguno, en cada ejercicio se pudiera rescatar parte
de lo abonado, y poder derivarlo así al aumento de las partidas con el objeto de
llegar al mayor número de solicitantes.
En este punto, como viene siendo costumbre, Cc.oo y Ugt han
aceptado el Seguro tal cual, tras afirmar la Administración que continuaría con
cargo a la partida de Acción Social,
permitiendo esta postura, que la Administración nos siga cargando el pago
del dudosamente útil seguro e impidiendo aplicar su elevadísimo coste a otras
ayudas, privándose así del consiguiente
aumento de las partidas y sus
beneficiarios.
FORMACIÓN 2012 Desde SPJ-USO, hemos
propuesto un cambio importante en esta materia, nuestras propuestas resumidas,
se han orientado en los siguientes puntos:
1.- En relación a la designación de Profesores y
Tutores
Que la
designación de profesores y tutores que impartan los cursos de formación, se
realicen bajo los principios de mérito y capacidad, y no discrecionalmente como
se viene haciendo hasta ahora, impartiéndose preferentemente por funcionarios de
los Cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial, para evitar “la
casualidad” de que siempre recaen en Magistrados y Secretarios Judiciales y rara
vez en el resto del personal al servicio de la administración de
justicia.
2.-
Modificación del Objetivo de los Cursos
Los
cursos deben incidir en un carácter eminentemente práctico, por cuanto
la inmensa mayoría de los que se vienen desarrollando hasta ahora tienen
una naturaleza exclusivamente teórica, que en poco ayudan a incrementar los
conocimientos necesarios en el personal para el desarrollo de su trabajo.
Los
cursos deben incidir principalmente, desde dicha visión eminentemente práctica,
en dos pilares fundamentales:
· EN
LA FORMACIÓN GENERAL:
Entendiendo por ésta el mantenimiento actualizado de los conocimientos que le
fueron exigibles en el momento de acceso a la función pública, y de aquellos
otros que le permitan el correcto desarrollo de las funciones encomendadas a
cada puesto de trabajo.
Para
ello, se hace necesaria la convocatoria de cursos formativos que incidan en cada
una de las jurisdicciones, debiendo resultar adjudicatarios todos los
funcionarios, atendiendo a la jurisdicción en que cada uno desempeña su
trabajo.
Además
de lo expuesto, este pilar fundamental de la formación debe tener como destinatario primordial al funcionario
que accede a una nueva jurisdicción tras un concurso de traslado, una comisión
de servicio o una sustitución, es decir, tras un proceso de provisión de
vacantes, debiendo ser dicha formación rápida e inmediata, sin
dilación.
Cuando
la formación general incida en cuestiones procesales propias del puesto de
trabajo, proponemos a la administración la figura del funcionario-tutor,
es decir que sean los propios funcionarios destinados en el centro de trabajo,
con cualificación acreditable, quienes ejerzan como tutores en el desarrollo de
la formación del resto de compañeros, de una manera similar a como se ha
realizado la parte práctica del curso para los funcionarios en
práctica.
· EN
LA FORMACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO:
Debe atender de forma inmediata a necesidades de actualización y adecuación a los
requerimientos de las funciones de los puestos de trabajo, ante las continuas
reformas legislativas y actualizaciones de las aplicaciones informáticas.
En
esta materia, observamos una total dejación de funciones por parte del
IAAP.
3.-
Aumento de la Oferta de
Cursos
Hemos
propuesto tres grandes áreas, 1ª) Cursos de formación general y de
perfeccionamiento, 2ª) Apoyo a la promoción interna de Auxilio a Tramitación, de
éste a Gestión y de éste a Secretario y 3ª) Formación del profesorado, a través
del Curso de formación de tutores y
del Curso de formación de
teleformadores.
Además
hemos propuesto actividades formativas sobre cuestiones del “día a día”, como relaciones del
personal funcionario con la administración, donde se dieran nociones básicas
sobre vacaciones, permisos, normativa aplicable de interés, modos de impugnación
de las resoluciones de la administración cuando deniega vacaciones o permisos,
cuando nuestra nómina está equivocada, etc.
4-
Facilitar el acceso a los cursos del personal
interino
Es
obvio que tanto titulares como el personal interino debe estar debidamente
formado para el desarrollo del trabajo en los Juzgados al que es destinado. Por
tanto, es conveniente que al personal interino no se le impida realizar
actividades formativas por el hecho de no estar en activo, pero si
disponible en las bolsas de trabajo.
5.- Supuesto de coincidencia de alumnos de un
mismo Centro de Destino
Desde
SPJ-USO hemos solicitado que la adjudicación se
realice con la previsión necesaria que permita un reparto
equitativo, proporcionado y compatible
con las necesidades del servicio, a fin
de evitar que por causas no imputables al funcionario, concretamente, por
necesidades del servicio, éste se vea obligado a renunciar a la actividad que le
haya sido adjudicada.
6.-
Horario
del Desarrollo de las Actividades Formativas
La
necesaria compatibilización de la vida familiar y profesional, requiere que el
desarrollo de las actividades formativas se realice única y exclusivamente en
horario de mañana, por cuanto es numeroso el personal que no puede acceder a la
formación ahora ofrecida por no serle posible realizarla en horario de
tarde.
En última instancia se nos ha entregado el texto de Garantías de
los funcionarios judiciales exigido por la representación sindical de cara a la
Nueva Oficina Judicial, lo tenemos a vuestra disposición, que será negociado en
la Semana del 12 al 16 de Septiembre y se nos ha entregado copia del Proyecto de
Decreto por el que se regula la Estructura Orgánica de Prevención de riesgos
Laborales para el Personal al Servicio de la Administración de la Junta de
Andalucía, convocándonos para su discusión
a Mesa Sectorial de Negociación el próximo 28 de Julio.
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