26 de diciembre de 2014
NOTA emitida por la Consejería de Presidencia en relación con la ratificación por el CONSEJO DE GOBIERNO de la Junta de Andalucía del Acuerdo alcanzado el 25-11-2014 en la Mesa Sectorial de Negociación de Justicia sobre los principios inspiradores de la Nueva oficina Judicial y Fiscal en Andalucía.
Ratificado el acuerdo con los sindicatos de la Administración de Justicia para la nueva Oficina Judicial y Fiscal.
El Gobierno
andaluz pacta con CSIF, USO y STAJ el desarrollo del proyecto, con
garantías de los derechos y condiciones laborales de los funcionarios.
El Consejo de
Gobierno ha aprobado el acuerdo suscrito el pasado 25 de
noviembre
entre la Junta y los sindicatos de mayor representación en la Administración de Justicia
para la implantación de la nueva Oficina Judicial y Fiscal. El documento, que
establece las bases para las negociaciones vinculadas a este proyecto,
garantiza los derechos de los funcionarios judiciales en materia
retributiva y de condiciones laborales, a la vez que supone mejoras en
la prestación del servicio público.
El modelo
organizativo ratificado por el Consejo cuenta con el consenso de los sindicatos
CSIF, SPJ-USO y STAJ, que aglutinan cerca del 70% de la representatividad de
los más de 7.000 empleados de la Administración de Justicia de Andalucía. De
acuerdo con lo pactado, las futuras aprobaciones de relaciones de
puestos de trabajo no supondrán disminución del número total de plazas
existentes en las plantillas de cada uno de los cuerpos de funcionarios.
De acuerdo con el desarrollo previsto, la nueva organización en los
juzgados y fiscalías tampoco producirá merma retributiva, además de abrir
la posibilidad de crear plazas con complementos salariales por especial responsabilidad.
Sobre la base
de lo pactado, la Consejería de Justicia e Interior trabaja ya en el desarrollo
de las órdenes que permitirán implantar los nuevos servicios, fijar el número
de funcionarios adscritos a las unidades previstas y convertir en
puestos de trabajo los actuales refuerzos estructurales cuando lo
permitan la legislación y las disponibilidades presupuestarias.
La Oficina
Judicial y Fiscal, un proyecto clave para la agilización y la mejora de la eficacia
en la Administración de Justicia en Andalucía, se implantará de forma flexible,
progresiva y adaptada a las peculiaridades de la comunidad autónoma,
especialmente por su gran número de partidos judiciales. La Oficina
Judicial comenzará como experiencia piloto en los juzgados de
Vélez-Málaga (Málaga) y El Ejido (Almería), mientras que la Fiscal se
desarrollará por primera vez en Sevilla. Estas sedes han sido seleccionadas por
la idoneidad de sus instalaciones, que sólo necesitan trabajos –ya en
marcha– de adecuación y mejora de sus sistemas informáticos.
La nueva
organización judicial, cuyo decreto fue aprobado el pasado mes de enero por el
Gobierno andaluz, supondrá la sustitución del sistema vigente hasta ahora
–juez, secretario y personal adscrito a un solo órgano– por un modelo
más eficiente basado en servicios comunes y en la especialización de los
funcionarios. Ello permitirá distribuir el trabajo en equipo, agilizar
procedimientos y reducir los tiempos de respuesta.
Servicios
comunes
En el modelo
se distinguen dos tipos de áreas de trabajo: las unidades procesales de apoyo
directo y los servicios comunes procesales. Las primeras asistirán directamente
a los miembros de la judicatura, estarán dirigidas por secretarios
judiciales y de ellas habrá tantas como juzgados. Las segundas, sin
estar integradas en órganos concretos, asumirán labores de gestión y
apoyo en las actuaciones derivadas de la aplicación de las leyes.
Los servicios
comunes procesales, que también estarán dirigidos por secretarios judiciales,
serán de cuatro clases dependiendo de las tareas encomendadas: el general, para
trabajos centralizados de gestión y apoyo; el de ordenación del procedimiento,
que se ocupará de todos aquellos aspectos en los que no resulte
imprescindible la labor de un miembro de la carrera judicial; el de
ejecución, en el que se tramitarán asuntos que se encuentren en fase
ejecutiva sin que tampoco requieran de esta intervención, y el de partido
judicial. Estos últimos, para partidos sin separación de jurisdicción, se
configurarán a su vez en dos secciones: procesal general y de ejecución.
En cuanto a
la Oficina Fiscal, se podrán crear cuatro áreas de trabajo formadas por diferentes
equipos de funcionarios: de apoyo a la jefatura, para asistir al fiscal
superior de Andalucía o a cada fiscal jefe; de soporte general, que
centralizará la entrada y la tramitación de la documentación recibida
por el Ministerio Público; de apoyo procesal y a la investigación, y de
apoyo a la Sección de Menores.
De acuerdo
con la reorganización prevista, el servicio común procesal general de la Oficina
Judicial también proporcionará a la Oficina Fiscal el apoyo necesario para el
desarrollo de algunas funciones, siempre y cuando la racionalización del
gasto y la optimización de recursos así lo aconsejen.
La
implantación de las nueva Oficina Judicial y Fiscal se une a otras iniciativas
de mejora y modernización de la Administración de Justicia que la
Junta viene desarrollando durante los últimos años, especialmente en el
ámbito de las nuevas tecnologías. Entre ellas destacan el sistema
telemático que conecta juzgados y centros penitenciarios andaluces para
agilizar las notificaciones que afectan a la población reclusa; Lexnet, una
plataforma de
intercambio seguro de información entre los órganos judiciales y los operadores
jurídicos; Eemat, para facilitar la interconexión en todos los juzgados, y el
programa Jara, para la gestión de documentación y archivos judiciales.
La
Administración de Justicia cuenta en la comunidad autónoma con 683 órganos judiciales,
incluyendo las 40 secciones de las Audiencias Provinciales y las 7 salas del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. A ellos se suman 686 juzgados de
paz.
