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12 de septiembre de 2017

SPJ-USO. PRENSA. El juzgado especial para cláusulas suelo acumula ya 1.837 demandas. (Granada)


  • El órgano especializado, que se puso en marcha en junio, empieza a recibir refuerzos y podrá celebrar vistas a partir de octubre
Fuente.- granadahoy.com

El juzgado granadino de Primera Instancia especializado en los asuntos de cláusulas suelo, que comenzó a funcionar en junio pasado, ya acumula en sus mesas de trabajo 1.837 demandas de este tipo, según confirmaron ayer fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
El que se ha venido a llamar Primera Instancia 9bis es el único órgano competente en la provincia para conocer las acciones individuales sobre condiciones generales de contratación, que son las denuncias por cláusulas suelo abusivas en los contratos de financiación con garantía hipotecaria. Jueces, fiscales, abogados y trabajadores de la Administración de Justicia ya avanzaron en la primavera pasada que esta medida de especialización de un solo juzgado en cada provincia iba a suponer un colapso que en nada beneficiaría la correcta aplicación de la justicia. 
En Granada, en el primer mes de puesta en funcionamiento de este plan de especialización, se habían presentado 425 demandas de cláusulas suelo, contabilizadas hasta los primeros días de julio. La cifra de asuntos pendientes de este tipo que acumula ya el juzgado, a fecha de ayer, es de 1.837, y esto teniendo en cuenta que ha habido por medio un mes inhábil de vacaciones, que es agosto.
En julio pasado juraron su cargo los 11 nuevos jueces en prácticas que se encargan del refuerzo de estos juzgados andaluces. Para el Primera Instancia 9bis, que tramita las cláusulas suelo, se destinó a uno de estos nuevos jueces. Trabajan allí cuatro funcionarios y estaba previsto un refuerzo de otros tres. Según fuentes sindicales, una de estas personas de auxilio se incorporó ayer y consideran urgente la llegada del resto. 
Antonio García Martínez, portavoz de SPJ-USO -sindicato mayoritario en este ámbito- explicó a este periódico que, tras una visita realizada ayer mismo para conocer de primera mano las condiciones en que está este juzgado, han podido detectar que hay una serie de carencias de medios que pueden ralentizar aún más el trabajo.
En particular, echan en falta la puesta en servicio ya del sistema de grabación en la sala de vistas, imprescindible para comenzar a celebrar las audiencias previas (en estos casos hay doble vista). De hecho, aseguró el portavoz sindical que se estaban señalando ya esas citas para más allá de noviembre. La Consejería de Justicia, consultada al respecto, avanzó que la sala habilitada especialmente para estos asuntos estará con la instalación disponible a partir de la primera quincena de octubre. 
La especialización de juzgados en cada provincia para tramitar las demandas de cláusulas suelo forma parte de un plan de urgencia aprobado por el Consejo General del Poder Judicial ante el previsible aumento de litigios de este tipo como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 21 de diciembre de 2016, que abrió la puerta a este tipo de reclamaciones con efecto retroactivo y con otro tipo de gastos adicionales en el punto de mira.
El plan del CGPJ recibió una avalancha de críticas en toda España, incluso de los propios jueces, que llegaron a decir que esta medida solo beneficia a las entidades bancarias, por el colapso que a su juicio se iba a producir. 
Ya hubo una primera experiencia, cuando hasta 2015 solo era competente en esta materia el Juzgado de lo Mercantil. En Granada este órgano alcanzó un grado de acumulación que aún hoy -que ya lleva casi dos años sin recibir nuevas demandas- se cuentan por cientos y no está previsto que se terminen hasta el horizonte de 2020. 
A partir de finales de 2015, estos asuntos pasaron a los juzgados de Primera Instancia, que en Granada capital son 18 (aunque 3 son especializados en Familia). La vuelta al sistema de especialización de un solo juzgado, unido a la llegada de un mayor número de demandas por la sentencia europea aludida, supone de nuevo la acumulación creciente de asuntos, como ya pronosticaron los propios jueces.