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17 de agosto de 2017

SPJ-USO Cádiz reivindica incrementos de plantillas en los Juzgados de Jerez. (Diario de Jerez).

Administración de Justicia en Jerez "necesita al menos 24 funcionarios"

  • "Al de 1ª Instancia aprobado debe unirse un Contencioso y otro de Familia", dicen los trabajadores de los Juzgados de la ciudad



Los trabajadores de la Administración de Justicia de Jerez se saben sumidos en un caos administrativo desde hace años. A la hora de hacer una valoración acerca de los medios humanos que serían necesarios para evitar que el número de expedientes se siguieran acumulando (no para que bajaran de altura en las montañas de papeles ni en los actuales soportes digitales), desde el seno del Sindicato Profesional de Justicia (SPJ-USO) aseguran que "como poco hacen faltan 24 funcionarios más". El cálculo a este respecto es simple: "La ciudad necesita tres juzgados más y para que uno de ellos eche a andar es necesario el concurso de ocho trabajadores públicos".
A este respecto cabe destacar que en la ciudad de Jerez, el pasado mes de julio, el Ministerio de Justicia anunció la creación del Juzgado de Primera Instancia número 7, lo que a todas luces fue visto como algo provechoso pero "a todas luces" insuficiente por los trabajadores de este sector de la Administración. Entre sus demandas se encuentra que se cree un segundo Juzgado de lo Contencioso Administrativo (el número 2) así como otro de Familia, el cual se encuentra absolutamente sobrecargado.
LA ESPERA PARA UN JUICIO EN LOS JUZGADOS DE LO SOCIAL YA ALCANZA A 2019
Las razones, según argumenta el representante provincial del SPJ, Luis García Robles, son evidentes: "En el Contencioso Administrativo llevan años sobrecargados de trabajo y en el de Familia también".
Las razones son obvias, la crisis económica provocó tal número de conflictos laborales que la situación se desbocó quedando jueces y funcionarios ante un aluvión de casos ante los que era prácticamente imposible responder a un ritmo adecuado. Respecto al juzgado concedido (el séptimo de Primera Instancia, aunque el mismo aún debe ser visto por el Consejo del Poder Judicial), García Robles señala que "la primera instancia también está muy atascada en la ciudad. Llevan casos en los que juegan un importante papel las bases de datos y ahí el atasco es igualmente grande".
Dentro de la quema generalizada "tan sólo se salva la instrucción, que son de los pocos juzgados de la ciudad que se están salvando", apuntó a este periódico el responsable provincial del Sindicato Profesional de Justicia (SPJ-USO).
A todo ello hay que unir que los Juzgados de lo Social siguen dando cita para dentro de dos años. Han sido, sin duda alguna, los más castigados por la crisis económica dado el gran número de despedidos y los consiguientes pleitos entre las contratadoras y los trabajadores que se quedaron sin empleo. Una vez el dicho que dice que "una Justicia lenta no es Justicia se cumple". Desde el mismo Colegio de Abogados se reconoce que hubo días en los que "24 personas de una misma empresa y sin medios solicitaban el acceso a un defensor gracias a la Justicia Gratuita".
Jerez, pese a todo, tiene unos rasgos particulares en lo que a la Administración de Justicia se refiere. Así, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de la ciudad (área legal para el que se pide otro juzgado) tiene bajo su responsabilidad 21 municipios entre los partidos judiciales de Jerez, Arcos y Ubrique. Pero a todo ello se unió el hecho de que el Servicio Andaluz de Salud, el SAS, es el principal responsable de que los juzgados no dieran abasto en Jerez. En su momento, fuentes consultadas por este medio destacaron que "se trata sobre todo de demandas de días adicionales de libre disposición, complementos de 'atención continuada B' o acerca del recorte salarial. Lo grave de este asunto es que son casos que la Junta lleva a juicio, colapsando el servicio, sabiendo que la causa está perdida desde el principio".
Y en lo que a lo Social se refiere, cabe destacar que a finales de octubre del año pasado (hace ya casi un año) la acumulación de trabajo provocaba que los señalamientos se fijasen de 2018. La espera ya ha alcanzó antes de que llegase agosto -el mes en el que la Justicia se ralentiza de forma tradicional para dar vacaciones a su personal- a 2019.