6 de abril de 2017
SPJ-USO Nacional. El Registro Civil es un servicio esencial, y debe seguir siendo público y gratuito.
El
reto consiste en modernizar su estructura y funcionamiento, manteniendo la
cercanía y gratuidad para el ciudadano, con el personal funcionario que le es
genuino; el de la Administración de Justicia.
Las previsiones
contenidas en la Ley 20/2011 en cuanto a la configuración del Registro Civil
constituyeron un auténtico despropósito, pues el servicio público del Registro
Civil corrió un serio riesgo de dejar de serlo en los primeros escarceos (a la
postre, frustrados) que el Gobierno mantuvo con los Registradores de la
Propiedad. Un servicio que se cuida de los datos esenciales de la persona, que
son base para el despliegue jurídico de su capacidad, no puede quedar en otras
manos que no sean genuinamente públicas. Su carácter de servicio esencial,
exige, por lo demás, el mantenimiento de su gratuidad y su gestión a través del
personal público cualificado que constituimos los funcionarios al servicio de
la Administración de Justicia.
Los recientes
posicionamientos del Gobierno parecen querer aproximarse a grandes rasgos a
estos planteamientos, ampliamente compartidos; no obstante lo cual, es preciso que
se termine de consensuar la consideración del Registro Civil como un servicio
público de naturaleza estatal y carácter único; consenso en el que habrían de
confluir una mayoría parlamentaria, así como los distintos Gobiernos
autonómicos. Ello sin olvidar, claro está, en lo que afecta a los aspectos
laborales del proyecto, a los Sindicatos de funcionarios.
SPJ-USO
apuesta por la modernización y la aplicación razonable de las nuevas
tecnologías al Registro Civil; siempre que se hagan con los medios suficientes,
cuya calidad esté seriamente contrastada, y con la formación previa adecuada
para los funcionarios encargados de gestionarlas, que exigimos que sean la
totalidad de los que actualmente están destinados en estos servicios en todo el
País.
En cualquier caso, la
implantación de nuevas tecnologías no puede servir de excusa para alejar
físicamente las Oficinas del Registro Civil del entorno ciudadano inmediato en
que actualmente prestan sus servicios a las personas que necesitan de ellos, ni
para quitarles competencias en materia de tramitación de los expedientes
conectados directamente con los hechos inscritos en sus actas o notas.
SPJ-USO
defiende el mantenimiento de las Oficinas presenciales del Registro Civil en
todas y cada una de las poblaciones de España, incluidas las servidas por los
Juzgados de Paz, y su dotación exclusiva por funcionarios pertenecientes a los
Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia. Por estos planteamientos
pelearemos en todas y cada una de las Mesas de Negociación y foros a los que
tenemos acceso, y animamos a hacerlo al resto de compañeros/as y Sindicatos
que, como el nuestro, pretenden defender la esencia necesariamente pública,
gratuita y profesionalmente cualificada de estas cruciales Oficinas del ámbito
de la Administración de Justicia.