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9 de enero de 2017

SPJ-USO: Prensa: Granada: Trabajo da tres meses a la Junta para hacer un plan de evacuación en los juzgados

La Inspección ordena que se evalúen los riesgos en el edificio de la Caleta tras una denuncia del sindicato SPJ-USO

Cuando uno va a un hotel, lo primero que suele encontrarse al cerrar la puerta de la habitación es un plano con las salidas de emergencia de la planta en la que está y las instrucciones que debe seguir en caso de evacuación. En estos establecimientos, un plan de autoprotección es fundamental a fin de prevenir situaciones de peligro generadas, por ejemplo, por un incendio o una inundación. Si alguno de estos supuestos se produjese en juzgados de la Caleta, el edificio sería «una ratonera». Así lo afirma el sindicato SPJ-USO, que ante la ausencia de un plan para atajar riesgos de esta naturaleza en el inmueble ha puesto una denuncia ante la Inspección de Trabajo que ha dado fruto.
El organismo ha requerido a la Junta de Andalucía para que realice, en un plazo de tres meses, una «evaluación de riesgos del edificio en su conjunto» y «un plan de evacuación de emergencias modo», según recoge una orden de servicio emitida el 28 de noviembre a raíz de la denuncia del sindicato, a la que ha tenido acceso IDEAL.
La denuncia en cuestión la formuló el delegado del Sindicato Profesional de Justicia (SPJ-USO) Eloy Maza, y dio lugar a la visita, el pasado 20 de octubre, de un inspector de Trabajo y Seguridad Social, que hizo un recorrido por el centro y examinó diversas dependencias. Con posterioridad, el 18 de noviembre, el inspector giró otra visita a la sede de la Delegación del Gobierno, donde mantuvo una entrevista con el responsable de la Delegación en asuntos de Justicia. Ese mismo día, se produjo el requerimiento, mediante una diligencia, en la que instó a la administración autonómica a realizar la evaluación y el plan indicados.
Aparte de esas medidas para garantizar la seguridad de los operadores jurídicos y usuarios que cada día acuden al complejo, SPJ-USO reclama también actuaciones para corregir otras deficiencias del edificio, donde se están concentrando los órganos unipersonales del partido judicial de Granada, y que no ha sido reformado «en más de 30 años». La situación del cableado y de los aparatos de aire acondicionado, la falta de conexión entre las tres partes del complejo (el antiguo edificio de Telefónica, la anterior sede de Diputación y el ala de toda la vida de los juzgados), la ausencia de ventilación natural en algunas de las dependencias y la «deplorable» situación del Registro Civil, donde las colas de usuarios en la calle suelen ser una constante, son otros de los problemas para los que esta organización sindical, mayoritaria en Justicia, exige solución.
Esas carencias también preocupan al juez decano del Partido Judicial de Granada, Jesús Rodríguez Alcázar, que recientemente remitió un duro escrito a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía clamando contra el «mal estado» de las instalaciones. En unas recientes declaraciones a este diario, de hecho, el magistrado indicó que en ese escrito, aparte de exponer sus planteamientos a la hora de afrontar la reordenación de espacios y mejoras en la Caleta, subrayaba la necesidad de ese plan de seguridad, «del que no disponemos».
«Es sorprendente que un lugar por el que pasan a diario miles de personas -un día normal pueden darse cita en sus pasillos y salas de vistas 2.000 personas- no disponga ni siquiera de un plan de prevención ante ese tipo de eventualidades. Porque si hubiera un incendio, no sabríamos nadie lo qué tenemos que hacer», manifestó Rodríguez Alcázar. «Hay dos escaleras, pero no sabemos si podemos utilizar una u otra, o si es bueno que las utilicemos», agregó, a la vez que afirmó que desde que él tiene destino en Granada (es el titular del Juzgado de lo Social 1), «nunca» se ha hecho un simulacro en este inmueble.
El último conato de incendio que hubo fue en la planta baja,en el juzgado de guardia,el pasado 25 de agosto. El fuego se declaró muy temprano, «por un mal funcionamiento de la electricidad» y se apagó sin consecuencias mayores, «pero siempre puede darse la situación de que eso mismo se produzca en otra planta un día que esté todo lleno de gente esperando para juicio y se genere una situación un poco complicada», advirtió.
El Decanato ha trasladado esta inquietud también al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y además ha pedido información a la Delegación del Gobierno al respecto, «que quiere realizar, ahora, algún tipo de sesión formativa con los funcionarios» y que, «el año que viene quiere pedir crédito presupuestario para poder realizar ese plan de seguridad». En cualquier caso, diseñar medidas de prevención es, a su juicio, necesario «sí o sí», y «no debería de depender de disponibilidades presupuestarias».
El SPJ-USO coincide en la necesidad de elaborar un plan específico y propone que contemple, aparte de una formación para todos los funcionarios -actualmente, según afirma, muchos no sabrían utilizar un extintor y desconocen si funcionan las mangueras de extinción existentes-, la instalación de unas escaleras exteriores para evitar el colapso en la entrada ante un posible desalojo y la realización periódica de simulacros.
El secretario general del SPJ-USO, Javier Toro, recordó que en los últimos años se han remitido varios escritos a la Junta -que es la competente en dotación de medios en los juzgados-para que se corrigieran «las deficiencias» pero lo que se ha hecho ha sido «parchear». Ello ha derivado en «que nos encontremos con un edificio enfermo, con mucha antigüedad, que no se ajusta a lo que la propia normativa requiere en materia de seguridad e higiene y seguridad.
De hecho, la Inspección determinó, según puso de relieve, que «la propia Junta de Andalucía no está cumpliendo con la normativa en materia de prevención de riesgos laborales», promoviendo ahora un plan que acometa las situaciones de riesgo que puedan casuar un perjuicio o comprometer la integridad física y la salud tanto de los trabajadores del inmueble como de los ususarios que acuden cada día.
«No sabemos cómo actuar cuando ocurre cualquier problema y, por ahora, la suerte que hemos tenido es que no ha ocurrido ninguna desgracia», sentenció Toro, para quien el hecho de que se establezca un plazo, denota la «gravedad» de la situación. «Nos ha sorprendido gratamente que la Inspección de Trabajo haya movido ficha», pues «les cuesta mucho trabajo entre adminsitraciones requerir», añadió el dirigente sindical. «Exigimos un saneamiento integral del edificio, planta por planta, juzgado por juzgado».