3 de junio de 2015
SPJ-USO. Registro Civil: derogadas todas las normas que traspasaban el registro civil a los registradores y se prorroga la Ley de 2011 hasta el 2017.
DEROGADAS TODAS LAS NORMAS QUE
TRASPASABAN EL REGISTRO CIVIL A LOS REGISTRADORES Y SE PRORROGA LA LEY DE 2011
HASTA EL 2017.
2.6.15El día.
El Congreso ha aprobado hoy la reforma que
permitirá la inscripción de los nacimientos directamente desde el hospital sin
necesidad de que los padres tengan que desplazarse al Registro Civil, a partir
del próximo 15 de octubre, pero que no reconoce la inscripción a los hijos de "vientre
de alquiler".
Con 23 votos a favor, 14 en contra y 2 abstenciones, la Comisión de Justicia ha avalado el proyecto de ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, al que se han introducido seis enmiendas técnicas y que ahora pasa al Senado para continuar su tramitación.
La reforma establece la tramitación electrónica de los nacimientos y defunciones desde los centros sanitarios, por lo que los padres y familiares ya no tendrán que desplazarse al Registro Civil para realizar ambos trámites.
Para la inscripción de los recién nacidos, los centros sanitarios deberán remitir toda la documentación al Registro Civil en un plazo de 72 horas desde el nacimiento y los facultativos serán los responsables de identificar al bebé y certificar su filiación materna.
Finalmente, el texto no reconoce el derecho de inscripción en el Registro Civil de los hijos de españoles nacidos mediante gestación subrogada en el extranjero, conocida también como "vientre de alquiler", pese al anuncio que hizo en diciembre el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en este sentido.
Por otra parte, la norma recoge el acuerdo alcanzado por todos los grupos para derogar todas las leyes vinculadas al traspaso de su gestión a los registradores de propiedad y mercantiles, y ampliar hasta junio de 2017 el plazo de entrada en vigor de la ley aprobada en 2011, que obliga a la desjudicialización de los registros.
De esta forma, se abre un periodo de negociación de dos años para que el Gobierno y los agentes implicados negocien una reforma que ahora arranca de cero, después de que el Ministerio de Justicia abandonase definitivamente su propuesta que encomendaba la gestión de los registros al cuerpo de registradores.
En el debate parlamentario, los portavoces de la oposición han celebrado el acuerdo que permite "dar marcha atrás" a una reforma que habían calificado de "atropello y disparate", por lo que han agradecido al PP por su posición para alcanzar un acuerdo común, un consenso que también ha destacado la diputada popular Sara Cobo.
Así, Julio Villarrubia (PSOE) ha calificado como "muy positiva" la renuncia de Justicia al plan original y Jordi Jané (CiU) ha señalado que "ya habrá tiempo para acordar soluciones mejores".
No obstante, la Izquierda Plural ha pedido que la futura reforma "no quede en estado de coma" mientras que Rosa Díez (UPyD) ha advertido del "vacío legal" que existirá hasta 2017, al igual que Emilio Olabarría (PNV) que ha dicho que el Registro Civil "queda ahora huérfano".
Con 23 votos a favor, 14 en contra y 2 abstenciones, la Comisión de Justicia ha avalado el proyecto de ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, al que se han introducido seis enmiendas técnicas y que ahora pasa al Senado para continuar su tramitación.
La reforma establece la tramitación electrónica de los nacimientos y defunciones desde los centros sanitarios, por lo que los padres y familiares ya no tendrán que desplazarse al Registro Civil para realizar ambos trámites.
Para la inscripción de los recién nacidos, los centros sanitarios deberán remitir toda la documentación al Registro Civil en un plazo de 72 horas desde el nacimiento y los facultativos serán los responsables de identificar al bebé y certificar su filiación materna.
Finalmente, el texto no reconoce el derecho de inscripción en el Registro Civil de los hijos de españoles nacidos mediante gestación subrogada en el extranjero, conocida también como "vientre de alquiler", pese al anuncio que hizo en diciembre el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en este sentido.
Por otra parte, la norma recoge el acuerdo alcanzado por todos los grupos para derogar todas las leyes vinculadas al traspaso de su gestión a los registradores de propiedad y mercantiles, y ampliar hasta junio de 2017 el plazo de entrada en vigor de la ley aprobada en 2011, que obliga a la desjudicialización de los registros.
De esta forma, se abre un periodo de negociación de dos años para que el Gobierno y los agentes implicados negocien una reforma que ahora arranca de cero, después de que el Ministerio de Justicia abandonase definitivamente su propuesta que encomendaba la gestión de los registros al cuerpo de registradores.
En el debate parlamentario, los portavoces de la oposición han celebrado el acuerdo que permite "dar marcha atrás" a una reforma que habían calificado de "atropello y disparate", por lo que han agradecido al PP por su posición para alcanzar un acuerdo común, un consenso que también ha destacado la diputada popular Sara Cobo.
Así, Julio Villarrubia (PSOE) ha calificado como "muy positiva" la renuncia de Justicia al plan original y Jordi Jané (CiU) ha señalado que "ya habrá tiempo para acordar soluciones mejores".
No obstante, la Izquierda Plural ha pedido que la futura reforma "no quede en estado de coma" mientras que Rosa Díez (UPyD) ha advertido del "vacío legal" que existirá hasta 2017, al igual que Emilio Olabarría (PNV) que ha dicho que el Registro Civil "queda ahora huérfano".
