5 de mayo de 2015
El 1º de Mayo y los Empleados Públicos.
En la antigua Romael trabajo se consideraba indigno para los hombres libres. Así cuenta el filósofo y orador Cicerón que, “son indignos de un hombre libre, y tienen algo de degradante los oficios por los que se cobra, no por su talento, sino por el esfuerzo, porque entonces el salario en sí, es el precio de la servidumbre (…)”.
El trabajo basado en el esfuerzo se reservaba a los esclavos, considerados en propiedad, como cosas que no tenían otro derecho salvo el de la vida. Esta idea del trabajo dio un giro de ciento ochenta grados, con la llegada la Revolución Industrial. Una nueva idea sobre ‘el tiempo’ llevó al enaltecimiento del trabajo y el menosprecio de las actividades ociosas. "El tiempo es oro".
El Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, tiene su origen en una huelga histórica iniciada precisamente un 1 de mayo del año 1886, en lucha por una jornada laboral de ocho horas. Se defendía la máxima “ocho horas para el trabajo, ocho horas para el sueño y ocho horas para la casa". Pese a la promulgación de una Ley que reducía la jornada de 18 horas a 8, ésta no entró en vigor por la oposición de los empresarios. Protestas violentas que se saldaron con policías y huelguistas muertos. El inicio de la contienda un artefacto explosivo lanzado por "no se sabe quién". Cuenta la historia que pudo ser alguien contratado por los dueños del poder político y económico.
Ya han pasado más de 100 años y poco o nada se conoce, se recuerda o se reivindica sobre aquella epopeya de resistencia y lucha de la clase obrera.A todos los efectos, el 1º de Mayo es hoy en día una huelga legal, pacífica, universal y pagada por las empresas y para todos los trabajadores, incluidos los empleados públicos.
En la última década, por cercanía, algún que otro político, sentado en su sillón de Secretario de Estado, reconoció en público hace tiempo que hay funcionarios que tienen poco que hacer y que encima trabajan poco. El político en cuestión dijo más, fue bastante más allá: “Como no podemos contratar a nadie a tiempo parcial, contratamos a una persona para que esté ocho horas sabiendo que va a estar cuatro horas tocándose las narices”; "Hay que acometer las reformas necesarias para que no tengamos funcionarios (en los ministerios, en las consejerías autonómicas, en los ayuntamientos…) tocándose las narices media jornada y pagados con el dinero de todos. No están los tiempos para tales despilfarros".
Otros en cambio, los que aún no disponen de sillón o pueden perderlo, ante los medios de comunicación nos contaban que "hay que valorar el trabajo de los empleados públicos, el cual se funda en principios éticos y reglas de comportamiento de acuerdo con la cultura de lo público"; "Quiero funcionarios que se dediquen a defender a la gente y no a las empresas".
Hoy, preparados para un nuevo proceso electoral en "todos los ámbitos", no se lee en la prensa, o en los programas electorales, nada parecido, ni para bien ni para mal. Ni justo ni injusto, sino todo lo contrario.
Lo que es cierto es que, por mandato Constitucional, la Administración pública ha de ser profesional, neutral e imparcial y ello significa que su función reviste una cierta clase de poder técnico que se relaciona en sus múltiples facetas con su sometimiento pleno a la ley y el Derecho. Sometimiento que alcanza a todos los poderes públicos tal como establece la Constitución.
Los políticos, en especial los partidos políticos, han tratado de restar poder a los funcionarios, por tanto a la Administración pública, para asumirlo ellos. Así, es normal que los partidos políticos tengan en sus filas funcionarios públicos y que en especial traten de “fichar” a los altos funcionarios, para que contribuyan a asesorarles en general sobre dicha Administración pública, bien en casos concretos, para ejercer la oposición, bien para obtener información utilizable políticamente, bien para la confección de sus programas.
Hasta ahora el círculo del dominio político sobre la estructura administrativa se ha cerrado, primero, convirtiendo en cargos políticos puestos que deberían ser simplemente funcionariales, cambiando pues el sistema de nombramiento y eludiendo el mérito y la capacidad, segundo, clasificando como de libre designación los niveles superior e intermedio de los puestos funcionariales y haciendo depender a los funcionarios, en su carrera y retribución, de las decisiones del cargo político y, por ello, obligando sutilmente a que decida o informe conforme al interés del grupo político en el poder, y, tercero con la “externalización”; es decir, encomendando a empresas privadas estudios, proyectos, resoluciones y gestiones propias de los funcionarios públicos, mediante contratos. Empresas que hacen lo que se les pide o incluso que se crean especialmente para la ocasión, con la garantía política de resultar adjudicatarias del contrato o, en su caso subvención.
Resumiendo la situación; durante años, y en un sistema ya considerado democrático, se ha configurado una Administración pública politizada por un gran número de cargos políticos en su estructura y cuya cúpula funcionarial es de libre designación, en parte fiel a un partido o, simplemente, educada en la supervivencia y no en el mérito.
Insistiendo en la necesidad de seguir reivindicando nuestra situación como empleados públicos “en la vida no suele haber soluciones, sino más bien fuerzas en marcha, son éstas las que hay que crear para que las soluciones lleguen”. Antoine De Saint-Exupery
