10 de abril de 2015
SPJ-USO (Prensa). Registro Civil: realizan un apagón informático contra la privatización de los registro civiles.
Realizan un apagón informático contra la
privatización de los registros civiles
La organización
sindical SPJ-USO ha protestado contra las reformas del ministerio de Justicia
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| Protesta marea amarilla puertas registro civil edif la caleta Delegados de SPJ-USO sujetan la pancarta con el lema "NO A LA PRIVATIZACION REGISTRO CIVIL.." |
La organización sindical SPJ-USO
ha protestado este jueves ante el Registro Civil de Granada contra las reformas
del ministerio de Justicia que privatizarán las gestiones de este organismo y
han realizado un apagón informático para reclamar que los registros civiles
sean públicos y gestionados por funcionarios.
El sindicato se opone así a la
privatización de los registros tras la aprobación del proyecto de ley en
materia de concesión de la nacionalidad española, que ya incluye tasas de 75
euros para este trámite, y a las enmiendas a esta legislación que establecen la
"fijación y la gestión de los aranceles" para el cálculo de
honorarios.
SPJ-USO ha
considerado que se trata de un paso más para la privatización de los registros
y han reivindicado su carácter público y la gratuidad de las gestiones propias
de este servicio administrativo.
En un comunicado, su portavoz
Silvia Martín ha detallado que el Gobierno central avanza hacia la
"mercantilización de los datos personales de los ciudadanos" y ha
abogado por mantener a funcionarios judiciales en estos servicios por la
sensibilidad de los datos que se manejan.
GRANADA DIGITAL 10.4.15 Accede a la noticia, PULSA AQUI.
La privatización del Registro Civil pondría precio a trámites
ahora gratuitos
Casarse en el Juzgado, trámites de nacionalidad o actos
ulteriores a la inscripción de un niño, como un cambio de apellidos, entre los
hechos que, según sindicatos de trabajadores de la administración de Justicia,
pasarán a contar con una tasa específica
De 300 a 500 euros por casarse
por el juzgado o 150 euros por cambiarse los apellidos. Son sólo dos ejemplos
de los muchos actos jurídicos que a diario se tramitan, gratis, en cualquier
Registro Civil de España. Trámites que según distintos representantes
sindicales de los trabajadores de la administración de justicia, pasarían a
tener un coste adicional con la decisión del Gobierno de transferir la llevanza
del Registro Civil a manos de los registradores de la propiedad, hecho que
califican de ‘privatización’.
Según Francisco Muñoz, portavoz
de la protesta de la ‘marea amarilla’, convocada a las puertas del Registro
Civil de Caleta, “el
ciudadano ya paga impuestos porque hay una partida prespuestaria para que esto
sea gratuito. Si no, lo pagaría dos veces. Estaría pagando sus impuestos y
además, a un registrador un dinero determinado. “
EL DEVENIR DE LA LEY
20/2011
El próximo 15 de julio es la
fecha prevista para la entrada en vigor de la reforma de la Ley de 20/2011 de Registro
Civil, actualmente en ‘vacatio legis’. Una ley del gobierno Zapatero que, ya en
su preámbulo, presentaba un leit motiv reformista: “La modernización del
Registro Civil también hace pertinente que su llevanza sea asumida por
funcionarios públicos distintos de aquellos que integran el poder judicial del Estado,
cuyo cometido constitucional es juzgar y ejecutar lo juzgado.” Esto es, desjudicializar
los actos civiles que necesitan de fedatario, como
la inscripción de un recién nacido, un cambio de sexo o cualquier trámite
de nacionalidad.
La ley entonces publicada, con
Antonio Caamaño como titular de la cartera de Justicia, establecía que dicha
llevanza correspondería a funcionarios de la Administración de Justicia
del grupo A, aunque sin especificar qué cuerpo dentro de este funcionariado. No
fue hasta el año pasado que Gallardón impulsara el Real Decreto Ley 8/2014,
fórmula legislativa urgente que adjudicaba “La competencia para la
llevanza del Registro Civil se atribuye a los Registradores que tengan a su
cargo las oficinas del Registro Mercantil, en su condición de
funcionarios públicos […].”, incluyendo también a los Registradores
de la Propiedad.
Para los sindicatos, ello
supone “la privatización” del Registro Civil, puesto que poner en manos de registradores de la
propiedad y mercantiles su llevanza, en palabras de Javier Toro, del
sindicato SPJ-USO, “tiene
un tinte o un marcado carácter en el que el servicio no es gratuito”. Y
añade: “Si se quería desjudicializar, no aprovechar ese trasvase para
hacerle entrega a manos privadas, cuando se podía haber mantenido en el seno de
justicia y manteniendo un servicio para todos, gratuitos”, mencionando como
candidatos a los secretarios judiciales.
Por su parte, los actuales
funcionarios encargados del Registro, cuerpo que da servicio desde 1870, serían
recolocados “porque los funcionarios seguimos siendo funcionarios,
independientemente de dónde estemos, aunque no sabemos dónde ni en qué
condiciones”. Al tiempo y, según cuenta Javier, el propio ministro Catalá, en
su última visita a Granada, “nos ofreció en ese momento garantías de que no iba
a haber ningún tipo de problema, ya que no habría lo que se entiende por
amortización de puestos de trabajo”.
“DE UNA JUSTICIA GRATUITA, A UN REGISTRO DE PAGO”
Preguntado por si todo acto
fedatario de un registrador de la propiedad tiene un coste asociado o tasa,
como el de un Notario, responde contundente: “evidentemente. Aquí se está
hablando de cantidades que oscilaban entre 300 a 500 euros por un matrimonio.” Según
el representante sindical “se
quiere seguir manteniendo la idea de que el servicio va a seguir siendo
gratuito, pero para aquellos que llamamos obligatorios, por ejemplo, un niño no
puede no inscribirse -en el Registro Civil-. No se menciona nada de lo colateral,
pero lo han dejado en la puerta abierta.”
Por su parte, el ministro de
justicia Rafael Catalá ha reiterado hoy en el foro “La justicia a debate”, que
el nuevo Registro Civil es una “solución razonable” y de “desafío”. Asi mismo
ha asegurado que los actuales registros civiles presentan “deficiencias o
demoras”, lo que lo convierte en un servicio “de baja calidad”, al tiempo que
ha insistido en que el nuevo Registro, con un año de transitoriedad, será “sin
coste para los ciudadanos”.
