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27 de abril de 2015

SPJ-USO Andalucía continúa con la campaña recogida firmas para que la Junta retira la medida cubrir bajas a los tres meses y la prensa continúa haciendose eco.(hoy Diario Sur.es).

·              SPJ-USO ANDALUCIA continúa con la campaña de recogidas de firmas para que la Junta retire la medida de cubrir las bajas laborales a los tres meses. Dada la repercusión negativa que esta teniendo esta medida en los JUZGADOS ANDALUCES, la prensa se sigue haciendo eco (hoy, 27.4.15 el Diario SUR.ES). Gracias por la gran acogida que esta teniendo la campaña, son ya más de 3.500 firmas las recogidas hasta la fecha y seguimos.........

                  La falta de personal lastra aún más el funcionamiento de unas oficinas judiciales muy saturadas y retrasa la resolución de los pleitos.

MONTSE MARTÍN | MÁLAGA

A la enorme carga de trabajo que lastra el funcionamiento de prácticamente todos los juzgados malagueños se suma ahora la tardanza en la cobertura de las bajas por enfermedad de los funcionarios, más 1.800 entre la capital y la provincia. La Junta de Andalucía comienza a sustituirlos a partir de los tres meses de la comunicación de la incapacidad temporal.

La medida obedece, según indican los sindicatos de justicia, al recorte presupuestario que viene aplicando la Junta de Andalucía desde 2013. Se da la paradoja que siendo Málaga, junto con Sevilla, las provincias con los juzgados más sobrecargados del país, según el Consejo General del Poder Judicial CGPJ), el retraso en cubrir las bajas por enfermedad triplica el tiempo que tardan otras comunidades autónomas, que cubren las vacantes, como mucho, en un mes, como es el caso de Cataluña, Aragón y Cantabria e incluso en los territorios que dependen del Ministerio de Justicia.

La tardanza en la cobertura de las bajas está afectando, en algunos casos de manera notable, a los juzgados con más carga de trabajo como en el Juzgado de lo Mercantil número 1, que sobrepasa más de un 300% el volumen de asuntos recomendado por el CGPJ. En esta oficina judicial, que lleva el macroconcurso de acreedores de Aifos, entre otras importantes suspensiones de pago, además de la avalancha de reclamaciones por las cláusulas suelo, todavía no se ha cubierto la vacante producida por un funcionario de apoyo que lleva enfermo desde febrero. «La respuesta que se nos ha dado desde la Junta es que como se trata de un trabajador de refuerzo, que no pertenece a la plantilla de esta oficina, sino a la Audiencia Provincial, no se cubre con un interino», explican fuentes del Mercantil número 1 ¿Qué ocurre entonces? «El trabajo se reparte entre los que quedamos, pero sólo lo más urgente, porque no damos abasto. El retraso es inevitable. Esto llega a ser verdaderamente frustrante, y te desespera», añaden.

En este juzgado, las audiencias previas se están fijando ya para 2017, pero el señalamiento de los juicios va a inaugurar en breve el calendario de 2020. Todo un ejemplo de justicia lenta, no por falta de diligencia sino de medios personales. 

Trabajo eficaz

«Siempre se nos pone como ejemplo del juzgado más colapsado, pero en realidad somos los que más resolvemos, y eso desmoraliza mucho a los funcionarios, que trabajan muy bien y muy eficazmente», asegura José María Casasola, secretario judicial, quien indica que sólo en materia de cláusulas suelo este primer trimestre se han recibido 400 reclamaciones. Una barbaridad para una plantilla de ocho funcionarios. Eso, cuando están todos activos. La situación del Mercantil número 2 es prácticamente un calco. Están señalando para 2019. «Aquí no nos podemos permitir el lujo de caer enfermos», explican.
En el Juzgado de Primera Instancia número 14, que lleva asuntos civiles, uno de los funcionarios está de baja desde el pasado 8 de enero. «A pesar de que el pronóstico médico desde el principio ya avanzaba que estaría al menos seis meses incapacitado, solo fue sustituido cuando se cumplieron los tres meses», aseguran fuentes de esta oficina, donde también se reparte entre los trabajadores que quedan lo urgente, pero ¿ y el resto? «El resto, a esperar», dicen resignados. «Para cada persona su pleito es lo más importante, aunque no sea el más urgente. Y esto añade retraso», comentan.

En la jurisdicción penal, la cosa se complica. Las bajas laborales sin cubrir tienen especial incidencia en el retraso de asuntos especialmente sensibles, que afectan a derechos fundamentales. Aquí, la puesta en libertad de un preso, por ejemplo, no se puede demorar porque la baja del funcionario encargado de su trámite no haya sido cubierta. En el Penal 5 hay una baja por maternidad. Esas sí se cubren, pero sólo a partir del parto y no antes, si la incapacidad se produce durante la gestación.
Los funcionarios en activo se reparten los juicios que están fijados para no retrasarlos, pero la agenda de futuros señalamientos se resiente. Otros trámites tienen que esperar porque «sólo podemos tramitar lo urgente de lo urgente», explica una funcionaria. Por poner algún ejemplo: si alguien está pendiente de cobrar la indemnización por haber sufrido un robo le toca esperar; si tiene que recibir el carné de conducir porque ya se ha cumplido el tiempo de la suspensión, tiene que esperar, si está pendiente de una apelación... Nada de eso urgente.


  • Recogida de firmas para que la Junta retire la medida.

  • Los sindicatos han denunciado la tardanza en la cobertura de las bajas y piden a la Junta que dé marcha atrás. SPJ-USO ha iniciado una recogida de firmas para exigir la retirada de esta «gravosa medida que perjudica a los ciudadanos, hunden irremediablemente los juzgados afectados y penaliza doblemente al funcionario de baja, que se reincorpora con su negociado desbordado, después de haber sufrido un descuento injusto en su nómina por los días de enfermedad», explica Adriano Moreno, su portavoz.

    Por su parte, la Consejería de Justicia e Interior, afirma que las bajas «se están cubriendo conforme al procedimiento legalmente establecido y que está regido por la optimización de los recursos humanos actualmente disponibles al servicio de la Administración de Justicia». En una nota añade, aunque sin mencionar el plazo de tres meses, que este sistema contempla el seguimiento de un trámite «que hace que no sea inmediata la incorporación del sustituto», aunque asegura que la cobertura «es prioritaria en casos especiales atendiendo a la situación del órgano judicial y a la carga de trabajo que soporte».