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16 de octubre de 2014

SPJ-USO Córdoba: Arranca la obra de la Ciudad de la Justicia tras una década de espera.

Desde SPJ-USO Córdoba nos congratula que finalmente vaya a ser una realidad contar con infraestructuras dignas en nuestra ciudad, para los funcionarios y para los ciudadanos. Reivindicación histórica en Córdoba. Evitaremos situaciones como la que denunciamos en prensa el pasado 15.10.14:



SPJ-USO denuncia el mal estado de la infraestructura judicial en las Sede de los Juzgados de lo Social de Córdoba.


Arranca la obra de la Ciudad de la Justicia tras una década de espera

El complejo judicial se hará realidad sobre una parcela de 12.112 metros cuadrados en la zona de Arroyo del Moro El coste del proyecto asciende a más de 55 millones de euros
GEMA N. JIMÉNEZ | ACTUALIZADO 16.10.2014 - 01:00
zoom
Vistas de la parcela sobre la que se construirá la futura Ciudad de la Justicia, en la zona de Arroyo del Moro.
Las obras de la Ciudad de la Justicia al fin han arrancado después de una década de vaivenes y retrasos. Ha sido un préstamo de la Unión Europea, de 15 millones de euros, lo que finalmente ha permitido dar el último empujón para garantizar la puesta en marcha del ansiado proyecto, que se prevé esté finalizado en el mes de agosto del año 2017. El pasado martes, en concreto, se firmaron en Madrid, ante notario, las escrituras de los préstamos bancarios que harán posible esta infraestructura.

Sin acto oficial sobre el terreno sino en la sala de prensa de la Delegación del Gobierno, la delegada de la Junta, Isabel Ambrosio, anunció el arranque de los trabajos, aunque desde hace semanas se vienen realizando movimientos de suelo. En la presentación estuvo acompañada por los delegados en Andalucía de Isolux Corsan, Alberto Ruiz, y de Copcisa Industrial, José Antonio García. Éstas son las empresas adjudicatarias del concurso convocado por la Consejería de Justicia e Interior, que luego mantendrán y explotarán el complejo judicial durante 25 años. Para la ejecución efectiva de la obras, han constituido la UTE Complejo judicial de Córdoba S.A. Ambrosio detalló que una vez construido el edificio la Junta abonará a estas empresas 8,2 millones de euros como alquiler del edificio durante los próximos 25 años. Actualmente, a la Administración autonómica el alquiler de las sedes judiciales le supone un gasto de un millón de euros aproximadamente.

La UTE, por su parte, se encargará de poner en pie la infraestructura, para lo cual tendrá que asumir una inversión de 55 millones de euros. Una vez construido el edificio también se encargará de su mantenimiento.

La financiación del equipamiento ha sido posible gracias al apoyo de La Caixa, que aportará 21,5 millones de euros; Unicaja, con diez millones de euros; Cajasur, con otros diez millones; y los Fondos Europeos Jessica, que aportarán 15 millones de euros. La delegada del Gobierno detalló que dichos fondos, que responden a las siglas de Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas, están pensados para financiar iniciativas público-privadas para equipamientos públicos que transformen el entorno urbano.

El complejo judicial está proyectado sobre una parcela de Arroyo del Moro de 12.112 metros cuadrados. Está delimitada por las calles Isla Mallorca, Isla Formentera, Isla Gomera y Cantábrico, y estará adaptado al nuevo modelo de oficina judicial y fiscal. El futuro edificio albergará la totalidad de los órganos judiciales unipersonales de la capital, así como la Audiencia Provincial, la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal, además de tener previsto espacio para crecimientos futuros. El plazo de ejecución se cifra en 34 meses, por lo que se prevé que las obras concluyan en agosto del año 2017. La delegada afirmó que ésta es una "importante noticia" para Córdoba, largamente esperada en el ámbito jurídico cordobés y por toda la ciudadanía, por cuanto se trata de una de las inversiones más relevantes que se van a acometer en Córdoba capital en esta década. El inmueble además, según Ambrosio, supondrá la dotación adecuada para que el servicio público de la administración de justicia se preste en las mejores condiciones para todos: operadores judiciales, profesionales y ciudadanía en general.