13 de mayo de 2014
SPJ-USO Prensa: Justicia Penal, para mejor ocasión.
PARALIZADA LA REFORMA PENAL.-
Por razones, bien políticas o bien técnicas, la reforma de la justicia penal de Gallardón no verá la luz en esta legislatural. No obstante, la anunciada reforma no venía a solucionar los problemas del colapso y letintud de esta jurisdicción, dado que tales problemas tienen su base en la falta de inversión, traducida en falta de medios materiales y de personal.
El Gobierno ha desistido de llevar al Parlamento la reforma de la justicia penal, pese a que el Ministerio de Justicia contaba con un proyecto de Código Procesal, discutible en muchos de sus apartados, pero que hubiera servido como punto de partida. La decisión tendrá motivos políticos, técnicos o estratégicos, pero con ella no desaparecen los problemas en los juzgados y tribunales penales, que reciben más de las dos terceras partes de todos los asuntos que ingresan en la Justicia española. La lentitud de las investigaciones de los delitos y el retraso en celebrar juicio oral son un mal generalizado, sobre todo en grandes ciudades, lo que acaba traduciéndose en atenuantes para el delincuente por dilaciones indebidas, entre otros efectos indeseables. Esos vicios del funcionamiento de los juzgados penales se agravan con la falta de medios y la concurrencia de numerosos querellantes y querellados en los asuntos de mayor trascendencia social; asuntos normalmente relacionados con delitos de corrupción. En estas causas penales se produce una sucesión contradictoria de sentimientos en la opinión pública: cuando se inician con detenciones y prisiones provisionales provocan la satisfacción general, pero cuando avanza el tiempo y se estancan cunde el escepticismo. Dos ejemplos resumen este estado de cosas: las investigaciones por la red Gürtel y por la trama de ERE falsos en Andalucía.
A estas alturas, ambos procedimientos deberían tener despejado su horizonte inmediato. Cuanto más se tarda en resolver este tipo de asuntos, la respuesta judicial se hace menos disuasoria y eficaz y se agranda la brecha entre la confianza ciudadana y la Administración de Justicia. Para los acusados, la prolongación de su imputación más allá de lo necesario es un perjuicio inaceptable; como lo es para las víctimas la tardanza en recibir su reparación. La espectacularidad no forma parte de la Justicia, ni el tamaño de la investigación es sinónimo de eficacia. Una reforma legal habría venido bien.
