FEP-USO Andalucía denuncia la demagogia de la Junta y su falta de respeto a los funcionarios y empleados públicos en el asunto de las PAGAS EXTRAS.(Nota de prensa).

FEP-USO denuncia la demagogia de la Junta de Andalucía y su falta de respeto a los  funcionarios y empleados públicos en el asunto de las pagas extras

  NOTA DE PRENSA

La Federación de Empleados Públicos de la Unión Sindical Obrera (FEP-USO) en Andalucía entiende que la consejera andaluza de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, falta al respeto a los funcionarios y empleados públicos cuando deja, ahora, en manos del Gobierno central la posibilidad de que el ejecutivo autonómico retribuya  íntegramente las pagas extras de junio y diciembre de 2014.

Según Montero, si el Ministerio de Hacienda modifica el objetivo de déficit para este año del 1 al 1,3%, con unos 420 millones de euros, que le corresponderían a Andalucía del conjunto de las comunidades, se podría restituir el pago de los complementos autonómicos de las pagas extras.

A estas alturas, después de tener conocimiento diario a través de los medios de comunicación, la Policía, la Justicia o la Cámara de Cuentas de los miles de millones del presupuesto público que, presuntamente, se han extraviado en EREs fraudulentos, cursos de formación falsos o  inversiones en empresas irreales, que la consejera de la Administración Pública andaluza se marque este farol es indignante para el colectivo al que intenta chantajear con una estrategia mil veces repetida en convocatorias electorales anteriores.    

De nuevo,  la Junta de Andalucía intenta utilizar a su personal en clave electoralista y  recurre a la demagogia política para intentar obtener votos de un colectivo al que ha maltratado reiteradamente en los últimos cinco años.  Mientras, ha mantenido los privilegios del colectivo de altos cargos, tanto de la Administración oficial como paralela, que ha seguido engordando a pesar de la crisis económica.

Andalucía fue la única Comunidad autónoma que recogió en sus presupuestos de 2014, por segundo año consecutivo,  un nuevo recorte a las pagas extras de su personal administrativo, al igual que hizo en 2013, y después del impago de la extra íntegra de diciembre de 2012, que sí afectó al conjunto de empleados públicos españoles.  

Llovía sobre mojado. En el año 2010, el gobierno de Rodríguez Zapatero inauguró una etapa de austeridad que, mantenida por el ejecutivo de Rajoy,  ha derivado en una pérdida de poder adquisitivo superior al 30 % en la Administración andaluza. Porque a las imposiciones estatales, los funcionarios y empleados públicos andaluces suman el expolio sobrevenido por los recortes adicionales impuestos por su gobierno autónomo,  muy por encima de  los establecidos en otras comunidades.   

Había que castigar al funcionariado andaluz por insurrecto  y,  en 2012, el plan de ajuste económico-financiero sirvió como excusa para perpetrar un segundo atraco a sus derechos laborales y sociales. Así consolidaba el menosprecio generalizado al colectivo que supuso la Ley de reordenación del sector público aprobada en 2011.

 

La usurpación de funciones, la externalización de servicios, la escasa o nula oferta pública de empleo, la no cobertura de vacantes, los despidos improcedentes, la reducción del tiempo de contratación, la falta de inversiones en personal e infraestructuras, la erradicación de las ayudas de acción social  y la paralización de concursos son sólo algunas de las agresiones sufridas en los últimos años.    

Datos contra la demagogia 

Más de 16.000 puestos de trabajo se han perdido en este periodo en el sector público andaluz, mayoritariamente en los ámbitos sanitario, educativo, social y en la Administración de Justicia. Entre tanto, no deja de ampliarse la relación de cargos directivos, dentro de la Función Pública y fuera, en el ‘’entramado paralelo’’, donde  disfrutan de sueldos desorbitados y prebendas inalcanzables para la plantilla de funcionarios y empleados públicos mileuristas, mucho menos para el millón de andaluces que sobrevive con 400 euros mensuales.

Más de 3.000 puestos de libre designación mantiene en nómina la Administración andaluza, que ha duplicado en los años de crisis la productividad de sus directivos. Más de 500 entramados semipúblicos, la mayoría perfectamente prescindibles por ineficaces, -y cuyas cúpulas ocupan exaltos cargos y un extenso plantel de allegados al  tripartito sindicopatronal-, mantiene el mermado presupuesto público andaluz.  

Ante todo ello, FEP-USO Andalucía lamenta que la excusa de los recortes del gobierno central continúen siendo el argumento persistente,  en un gobierno que se llama de izquierdas, para suspender de cuajo derechos laborales y prestaciones sociales, no sólo de los empleados públicos, sino de la población en general. Porque las políticas de austeridad han lesionado gravemente los pilares del estado del bienestar. La educación, la sanidad y los servicios sociales son los sectores más debilitados por una estrategia de salida a  la crisis que constituye en la práctica una gran estafa para la mayoría social, cada vez más empobrecida.     

Contra el derroche y el oportunismo

Respecto a las declaraciones del vicepresidente y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas (IU), que ha discrepado de la consejera Montero alegando que, antes de dar respuesta al sacrificio realizado por los funcionarios, hay que dar respuesta al que están haciendo miles de familias en paro, FEP-USO Andalucía propone que el representante de IU en el cogobierno, en lugar de intentar enfrentar a los trabajadores se aplique su propia receta y proponga una rebaja de los emolumentos de los todos políticos y altos cargos de la Administración andaluza y sus anexos. Podría empezar por plantear en el próximo consejo del co-gobierno acabar con el derroche que mantienen en partidas absolutamente prescindibles para el conjunto de la ciudadanía.  

Por último, en relación a los sindicatos que se jactan de haber conseguido lo que califican como un éxito,  USO lamenta que se presten a ser “voceros” y brazo ejecutor de la consejera del ramo en su estrategia demagógica y de falta de respeto a los trabajadores.

Y reclama, finalmente, de todos los empleados públicos de la Administración andaluza que tomen nota de las organizaciones sindicales que  intentan utilizarlos, también en clave electoral.    

La Unión Sindical Obrera, enarbolando sus valores tradicionales de autonomía, honradez y transparencia, continuará trabajando en la defensa de los derechos de los empleados de la Función Pública desde la dignidad que merecen, perfectamente compatibles con los derechos de todo el colectivo de trabajadores de Andalucía.