22 de febrero de 2014
SPJ-USO: "Justicia afronta su recta final con 10 reformas de calado". (Expansión).
Justicia
afronta su recta final con 10 reformas de calado
·
En los próximos meses podrían aprobarse
algunas de las apuestas más importantes del Ministerio. Del calendario para su
tramitación dependerá que dé tiempo a sacarlas adelante en esta legislatura.
Almudena Vigil. Madrid.- El Ministerio de Justicia se
prepara para unos meses de actividad legislativa frenética. Comienza la cuenta
atrás para lograr sacar adelante los proyectos clave de la legislatura antes de
verano. Aún quedan por aprobar buena parte de las iniciativas anunciadas al
principio del mandato de Alberto Ruiz-Gallardón, entre las que se encuentran
algunas de las más controvertidas para el sector jurídico. Los próximos meses
serán decisivos, ya que lo que no pase por el Consejo de Ministros antes de
verano será más difícil que quede aprobado antes de que culmine la legislatura.
En el tintero están reformas de gran peso, como el
nuevo Código Procesal Penal, que configura un cambio de modelo en el que la
investigación penal correrá a cargo del fiscal, respaldado por un juez de
garantías. La figura del fiscal instructor supone un acercamiento a los países
de nuestro entorno, pero implica una reorganización judicial en España. De ahí
que, una vez aprobado, el texto podría incluir una vacatio legis (retraso en su
entrada en vigor) de un mínimo de tres años. Según fuentes de Justicia, la
reforma podría tardar hasta tres meses en llegar en primera vuelta al Consejo
de Ministros.
Antes se espera que llegue la reforma de
la Ley Orgánica del Poder Judicial (EUDER
1694/1985), otro de los grandes proyectos que ha
impulsado el Ministerio. El texto, que podría pasar el visto bueno del Consejo
de Ministros en un mes, prevé dotar de una mayor previsibilidad a las
sentencias de los tribunales, de forma que lo dictado por el Supremo vincule a
los órganos inferiores, fomentando así la uniformidad y la seguridad jurídica,
e incluye la creación de los tribunales de instancia y la desaparición de las
audiencias provinciales.
Respecto a esta cuestión, el texto pone los cimientos
para una reforma estructural de calado, pero su puesta en marcha definitiva no
llegaría hasta que se desarrolle la Ley de Demarcación y Planta, que finalmente
no se tramitará en paralelo, sino que deberá esperar a que la primera quede
aprobada. Esto hace muy difícil que la Ley de Demarcación y Planta pueda salir
adelante en la actual legislatura.
Otro gran proyecto que lleva años a la espera de ver
la luz es el nuevo Código Mercantil. Según las fuentes consultadas por
EXPANSIÓN, en un mes podría estar listo para pasar por Consejo de Ministros. En
este caso, se ha marcado un ambicioso objetivo: lograr que para verano pueda
pasar el segundo visto bueno del Gobierno. Tras casi ocho años de trabajo, este
proyecto, casi faraónico, se adapta a la forma de hacer negocios del siglo XXI,
recopilando en un único texto prácticamente toda la legislación mercantil e
incorporando materias que carecían de regulación, como los contratos
electrónicos o los financieros mercantiles. Según ha trascendido, también
podría incluir algunas cuestiones en materia de gobierno corporativo
Más avanzada se encuentra la Ley de Jurisdicción
Voluntaria, pendiente del trámite de informe por parte del Consejo General del
Poder Judicial, cuyo dictamen podría ser inminente. Esta ley reparte nuevas
competencias a colectivos como notarios y registradores.
Por su parte, la Ley de Justicia Gratuita, de la que
ya se adelantó y aprobó una parte hace un año, se prevé que pase el visto bueno
del Gobierno en las próximas semanas –o incluso este viernes–.
Proyectos con Economía
Justicia también está presente en otras reformas en
las que el Ministerio de Economía lleva la iniciativa. Es el caso de la Ley de
Servicios y Colegios Profesionales, uno de los proyectos que más preocupa al
sector legal y que podría afectar de forma crucial a la colegiación
obligatoria, así como suponer el fin de la incompatibilidad entre abogados y
procuradores, algo que preocupa especialmente a este último colectivo. Fuentes
de Justicia señalan que se sigue trabajando en ello y que se espera alcanzar un
acuerdo o una solución intermedia. El texto podría llegar al Consejo de
Ministros en segunda vuelta para primavera.
Economía también trabaja en introducir, de forma
inminente, un cambio en la Ley Concursal para agilizar los acuerdos de
financiación en la fase preconcursal. El objetivo es evitar que empresas que
son viables, pero que cargan con una elevada deuda financiera, lleguen a
concurso de acreedores, lo que en el 90% de los casos supone la liquidación.
La gestión del Registro Civil, pendiente
de asignación
Una de las cuestiones más polémicas que tiene
actualmente el Ministerio de Justicia entre manos es la desjudicialización del
Registro Civil. El Gobierno debe decidir pronto quién se hará cargo finalmente
de su gestión: si los registradores de la propiedad y mercantiles o los
secretarios judiciales. La decisión no podrá demorarse en exceso, puesto que en
julio culmina el plazo para poner en marcha un nuevo modelo, como establecía la
Ley del Registro de 2011.
La cuestión atraviesa un momento crítico. La semana
pasada, el decano del Colegio de Registradores de España, Gonzalo Aguilera,
anunciaba por carta a todo el colectivo que “al final la decisión del Gobierno
ha sido la de asignar el Registro Civil a los registradores”, generando un gran
revuelo.
El Ministerio se apresuró en desmentirlo, asegurando
que aún no hay nada decidido, y señaló dos líneas rojas que no quiere
traspasar. Lo primero, garantizar la gratuidad en las notificaciones y
certificaciones para los ciudadanos –en caso de asumirlo los registradores, se
financiaría a costa del margen que les dejan sus actuales aranceles– y, en
segundo lugar, el mantenimiento de los puestos de trabajo actualmente
vinculados al Registro Civil.
Decálogo de novedades
1. La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (EUDER 1694/1985) podría llegar en primavera. Prevé crear los
tribunales de instancia y acabar con las audiencias provinciales.
2. La nueva organización judicial se
desarrolla en la Ley de Demarcación y Planta, que finalmente no se tramitará en
paralelo con la LOPJ (EUDER 1694/1985), lo que dificulta que entre en esta
legislatura.
3. El nuevo Código Procesal Penal
llegará a Consejo de Ministros después de la reforma de la LOPJ (EUDER 1694/1985). Supone un cambio de modelo con la figura del fiscal
instructor.
4. La obra faraónica del nuevo Código Mercantil supone
toda una revolución para el mundo de los negocios. El Ministerio quiere que el
texto llegue al Congreso antes de verano.
5. La aprobación de la Ley de Justicia Gratuita parece
inminente. El texto podría recibir el visto bueno del Consejo de Ministros en
las próximas semanas.
6. La Ley de Jurisdicción Voluntaria, que entrega
competencias a colectivos como notarios y registradores, está en fase de
informe en el Consejo General del Poder Judicial.
7. Justicia tendrá que resolver en breve la incógnita
en torno a la gestión del Registro Civil. Las opciones están entre
registradores y secretarios judiciales.
8. La Ley de Servicios Profesionales es una de las
normas que más preocupa al sector legal. Aunque corre a cargo de Economía,
Justicia negocia para alcanzar acuerdos.
9. Otra iniciativa de Economía en la que colabora
Justicia es en un retoque a la Ley Concursal para flexibilizar los acuerdos de
refinanciación en la fase preconcursal.
10. La Ley de Navegación Marítima, que
regula el régimen general sobre el tráfico marítimo para evitar contradicciones
con convenios internacionales, está ya en tramitación.-Jurídico