Los secretarios judiciales, ha reiterado Rafael Lara al Ministerio, están en disposición de asumir la dirección de un Registro Civil de calidad que podrá asegurar la gratuidad de este servicio público esencial (dispone de datos sensibles que deben ser objeto de especial protección y se tramitan expedientes que deben tener las máximas garantías en su tramitación y resolución, en las que además deben considerarse aspectos prácticos que solo los secretarios judiciales pueden desempeñar con éxito y transparencia) sin necesidad de incrementar su coste en los Presupuestos Generales del Estado (que ya han soportado el coste de su digitalización) ni gravar al ciudadano con más tasas ni abono de aranceles.
Por otra parte esta opción, la única viable desde los principios de gratuidad, seguridad jurídica y transparencia, garantiza el 100% de los puestos de trabajo. Entregar el Registro Civil a los Registradores supondrá la reubicación de muchos funcionarios públicos y, tal vez, la amortización de una parte de ellos.
Reiteramos que es difícil entender este golpe de timón en el tratamiento del Registro Civil como servicio público cuando el propio PP, estando en la oposición, votó favorablemente la nueva Ley 20/2011 de 21 de julio del Registro Civil cuya entrada en vigor está próxima.
