30 de noviembre de 2013
SPJ-USO Córdoba: Solicita refuerzos para el macroproceso del Juzgado de Instrucción 7 Fraude de más de 1,6 millones a la Seguridad Social.
SPJ-USO
CORDOBA ve necesario los
dos refuerzos que pide el órgano judicial para garantizar la instrucción de
este caso y evitar el colapso técnico del órgano.
Hay que recordar
que la Junta esta RECORTANDO Y RETRASANDO los nombramientos de interinos para
cubrir plazas y necesidades urgentes desde hace dos semanas. Esta medida ESTA
COLAPSANDO ORGANOS JUDICIALES. Esta política de RECORTES se traducirá en
DESTRUCCION DE EMPLEO, MAS RETRASO EN LA JUSTICIA.
SPJ-USO: "NO A LOS RECORTES, SI A UNA
JUSTICIA AGIL, EFICIENTE Y EFICAZ".
Investigan un fraude de más de 1,6 millones a la Seguridad Social
El Juzgado de Instrucción número 7 lleva el caso, en el que hay 365 imputados hasta ahora, cifra que podría aumentar incluso a 500
J. R. A. | ACTUALIZADO 30.11.2013 - 01:00El Juzgado de Instrucción número 7 de Córdoba ha abierto diligencias previas de investigación sobre un presunto fraude a la Seguridad Social cuya cuantía asciende por el momento a 1.624.140 euros, según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). En la causa están imputadas actualmente 365 personas, en su mayoría perceptores de prestaciones indebidas de desempleo a través de los servicios de empleo. El Juzgado instructor ha solicitado de forma urgente a la Junta de Andalucía dos funcionarios de refuerzo para llevar a cabo la investigación. Las diligencias previstas se iniciaron en enero del año 2012 a raíz de una denuncia de la Fiscalía a instancias de la Administración de la Seguridad Social. El presunto fraude consiste en la formalización de contratos de trabajo falsos a través de dos empresas. Posteriormente, los supuestos trabajadores reclamaban las correspondientes prestaciones tanto a las administraciones públicas como a las mutualidades laborales.
Aunque la investigación ha dado lugar hasta el momento a la identificación de 365 presuntos perceptores, aún queda pendiente de determinar la existencia de otros participantes en el fraude, ya sea por devoluciones indebidas de la renta, bien mediante el cobro indebido de prestaciones de maternidad o por incrementos injustificados de bases de cotización. Las fuentes consultadas por el Día han precisado que esta investigación podría concluir con la imputación de unas 500 personas, si bien no hay todavía una cifra definitiva, ya que las diligencias continúan abiertas. Las mismas fuentes indicaron que estas personas están localizadas en distintos municipios de la provincia de Córdoba, pero que la mayoría de ellos tienen su domicilio en el término municipal de Córdoba.
El Juzgado ha solicitado a la Junta de Andalucía la puesta a disposición de forma urgente de dos funcionarios de refuerzo con el fin de acelerar la investigación en curso y evitar la prescripción de delitos. El TSJA apuntó ayer que la investigación se inició en enero de 2012, pero la supuesta actividad fraudulenta de las empresas investigadas se inició en el mes de marzo del año 2009.
La Delegación del Gobierno de la Junta en Córdoba informó que tiene previsto estudiar y valorar la petición de reforzar el juzgado que instruye esta causa y atender la petición que se pudiese plantear en esta materia en función de las posibilidades y disponibilidad del momento.
"La Consejería de Justicia e Interior, a través de su Delegación, dispone una serie de funcionarios de refuerzo en esta provincia, al igual que en el resto, que tiene como objetivo dar respuesta a las especiales y coyunturales cargas de trabajo de los distintos órganos judiciales. El destino y asignación de este personal de refuerzo lo realiza la Delegación del Gobierno andaluz de común acuerdo con las autoridades judiciales de la provincia, que son las que deben plantear esta solicitud en función de las necesidades concretas que se plateen en cada momento", señalaron desde la Administración autonómica.Accede a la noticia, pulsa aquí.
