11 de junio de 2013
SPJ-USO Andalucía: Competencia pide la desaparición de la figura del procurador
Desde SPJ-USO vemos inexplicable como a pesar de este informe y de otros que llegan de Europa en el mismo sentido, el Ministro de Justicia Gallardón insiste e ir contracorriente y "potenciar" la figura del procurador a costa de privatizar el servicio público de Justicia encargado de los actos de comunicación, lo que inevitablemente producirá numerosas amortizaciones de puestos de trabajo en los Servicios Comunes.
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) lanza duras críticas hacia la figura del procurador e incluso pide su desaparición, al considerar que “esa singularidad en Europa, por derecho comparado, se muestra innecesaria”.
Así lo ha expresado en su informe sobre el Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el cual pretende que la figura del procurador “adquiera un papel más relevante en su función de auxilio a la Administración de Justicia”, y contempla más actuaciones y diligencias para esta figura, que hasta ahora eran realizadas por los funcionarios de Justicia (actos procesales de comunicación, requerimiento de pago en casos legalmente establecidos, ejecución de medidas decretadas por el Secretario Judicial, entre otras).
La CNC no ha tardado en reaccionar y afirma en sus observaciones que este Anteproyecto “es gravemente perjudicial para la competencia al conceder una reserva de actividad a un único colectivo profesional”. Además, afirma que la opción de queciudadanos y empresas puedan representarse por sí mismos sin intermediarios, supondría una importante reducción de costes, y permitiría también impulsar otras iniciativas declaradas del Gobierno como reducir cargas administrativas de particulares y empresas, y fomentar la competencia y creación de empleo.
Competencia asegura por otra parte, que la posible eliminación del procurador, beneficiaría también al procedimiento de cada ciudadano. “La comisión sostiene que cuando la empresa o el ciudadano prefiera ser representado, debería poder elegir en España entre numerosos profesionales, de diversos colectivos, con competencias técnicas adecuadas para el ejercicio de estas funciones”.