El grave retraso que soportan algunos Juzgados en la catualidad, ponen en claro riesgo el cumplimiento de la tutela judicial efectiva a pesar de ser uno de los derechos reconocidos con el rango de fundamental por el artículo 24.1 de la Constitución Española. Además, las condiciones laborales en las que desarrollan su actividad profesional los compañeros y compañeras de Justicia en Andalucía son muy precarias, requiriendo las circunstancias actuales trabajar a destajo, con estrés, y en definitiva, en unas condiciones que no favorecen la buena marcha del servicio público que prestamos.
SPJ-USO Andalucía exige a la Junta de Andalucía que tome nota de una vez por todas y gestione los recursos de que dispone de manera eficaz y eficiente para evitar situaciones de colapso en los órganos judiciales y, así, mejorar la Salud Laboral de sus trabajadores.
A continuación os reproducimos la noticia publicada en la prensa haciéndose eco de este problema:
Los juzgados de lo social y los recursos civiles en la Audiencia acumulan cerca de dos años de retraso · La jurisdicción mercantil señala sus vistas orales para octubre de 2014
ENCARNA MALDONADO / MÁLAGA | ACTUALIZADO 04.02.2012 - 01:00
Cuatro ejercicios consecutivos de crisis económica han dejado consecuencias devastadoras en los órganos de Justicia, hasta el punto de que la jurisdicción contenciosa ha comenzado ya a señalar juicios para enero de 2015, la mercantil para el último trimestre de 2014 y en los juzgados de lo social y las secciones civiles de la Audiencia las esperas son de dos años. Las medidas esbozadas por el Gobierno como cobrar una tasa a quienes recurran los fallos judiciales, habilitar el mes de agosto o derivar a los notarios competencias para celebrar matrimonios y acordar divorcios de mutuo acuerdo son recibidas con desapego.
La judicatura recela de las separaciones notariales porque entiende que esa pérdida de la tutela judicial puede perjudicar a la parte más débil y a los menores. Se observa con escepticismo la habilitación del mes de agosto para los asuntos judiciales sobre todo porque impedirá las vacaciones de abogados y procuradores que deberán permanecer pendientes de los plazos y, aunque el pago de tasas hay sectores judiciales que lo aceptan de buen grado, otros creen que perjudicará a las personas con menos recursos.
El colapso actual responde al crecimiento exponencial de los pleitos motivados por deudas. Las empresas y las administraciones no pagan y los perjudicados acuden a los tribunales en busca de solución. Este es el origen del embotellamiento que existe en las jurisdicciones contenciosa, civil, mercantil y social. Los juzgados de lo contencioso administrativo, encargados de resolver los conflictos entre las instituciones públicas y los ciudadanos, son los más atascados. Siempre ha persistido la sospecha de que las administraciones se desentienden especialmente de estos juzgados porque son los competentes de controlar su actividad, pero en todo caso lo que sí es contrastable es que hace años que no se crean nuevos órganos en Málaga, mientras el volumen de asuntos que llegan crece sin freno. Sobre todo han aumentado las reclamaciones que interponen los funcionarios interinos para exigir a sus administraciones que les reconozcan y paguen los trienios y, en menor medida, las que formulan los proveedores acogotados por las deudas que acumulan con ellos las instituciones públicas.
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