Córdoba prensa: "Imputado un secretario judicial por quedarse dinero de multas" El día de Córdoba.

Un juez de instrucción abre una causa por malversación contra un funcionario de Castro del Río por la supuesta desaparición sin justificar de miles de euros

Ángel Robles | Actualizado 13.01.2012 - 01:00 El Juzgado de Instrucción número 5 de Córdoba ha imputado al secretario del Juzgado de Paz de Castro del Río por un presunto delito de malversación de caudales públicos tras detectarse la desaparición de dinero de multas e indemnizaciones. Según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el sospechoso fue llamado a declarar hace varias semanas, pero se negó a comparecer argumentando que debía consultar unos documentos. El magistrado que investiga la causa, Antonio Rodríguez Moyano, resolvió postergar la cita a febrero. Los juzgados de paz constituyen el escalafón más bajo de la compleja administración de Justicia. Generalmente, están servidos por jueces no profesionales -denominados jueces de paz- y por una pareja de funcionarios, uno de los cuales ejerce la labor de secretario. Es el caso del imputado en la causa, con la categoría de gestor. El juzgado de paz tiene competencias civiles y penales, como la tramitación de matrimonios, actos de conciliación o juicios verbales. El grueso de su trabajo, sin embargo, procede de otros órganos de la capital, que encargan al juzgado de paz la notificación de sentencias, exhortos o requerimientos a los vecinos de los pequeños municipios. La investigación arrancó a finales de agosto de 2010 y se inició después de que varios órganos de la capital constataran el funcionamiento anómalo del juzgado del municipio de la comarca del Guadajoz. Fuentes próximas al caso explicaron que los funcionarios empezaron a detectar la dilación en el pago de multas o indemnizaciones por parte de vecinos de Castro del Río condenados por sentencia. Puestos en contacto con los procesados, argumentaban que habían depositado el dinero en el juzgado de paz y que disponían del extracto bancario que el propio secretario les había entregado. Cuando los funcionarios lo interrogaban sobre el asunto, alegaba habitualmente un problema en el correo entre Castro del Río y la capital. La Fiscalía ha calculado la desaparición de alrededor de 50.000 euros que los vecinos supuestamente le habrían entregado para pagar multas, indemnizaciones o requerimientos de pago, dinero cuyo paradero ahora intenta aclarar el magistrado. Fuentes judiciales explicaron que los juzgados no tienen potestad para recoger dinero y que son siempre los ciudadanos los que ingresan el efectivo en una cuenta bancaria. La única excepción son las fianzas. Para acceder a la noticia pincha aqui..