SPJ-USO PRENSA MALAGA: La reforma del Código Penal obliga a la revisión de miles de sentencias en Málaga

La rebaja de las penas asociadas al narcotráfico, la dulcificación de los castigos relativos a la seguridad vial y la eliminación de la cárcel para los «manteros» son grandes novedades. La Fiscalía y los juzgados penales están, de nuevo, al borde del colapso

LA OPINION.ES JOSÉ ANTONIO SAU, MÁLAGA (NOTICIA EXTRACTA DE LA EDICIO DIGITAL).

La reforma del Código Penal que entrará en vigor el próximo 23 de diciembre obligará a revisar miles de sentencias relativas a narcotráfico, seguridad vial o delitos contra la propiedad intelectual dictadas en Málaga por los juzgados de lo Penal y las cinco secciones especializadas de la Audiencia Provincial. Aunque nadie se atreve a dar una cifra exacta, porque el volumen no se puede medir hasta que finalice el trabajo, la estimación que hace el juez decano José María Páez ronda los 5.000 fallos.

Cualquier reforma de nuestra norma penal por excelencia implica que, si la modificación beneficia al reo, deba revisarse su situación. Y en ello andan los 13 juzgados de lo Penal y las cinco secciones de esta jurisdicción, que han enviado millares de ejecutorias a la Fiscalía para que informe sobre ellas, de forma que después los magistrados puedan disponer de más elementos de juicio. En el plano más concreto, la reforma supondrá que decenas de narcotraficantes dedicados al menudeo vean dulcificadas sus penas de cárcel e, incluso, que abandonen la prisión pronto.  

En concreto, las penas por narcotráfico relativas a sustancias que causan grave daño a la salud (heroína y cocaína) pasan a ser genéricamente de tres a seis años –antes la horquilla iba desde los seis hasta los nueve–. Este último tramo se reserva para los casos de notoria importancia. Una fiscal Antidroga explica a este periódico que, sólo en un día, le habían llegado 25 ejecutorias para informar.

En el caso de los delitos de seguridad vial, ahora el juez, junto a la retirada del carné, podrá imponer sólo otro castigo: prisión, multa o trabajos en beneficio de la comunidad. Es decir, el imputado se quedaría sin permiso y además sólo deberá pagar una sanción económica o realizar labores sociales, pero no tendrá que sufrir ambas penas. La cárcel se queda para los hechos más graves. Se flexibilizan también los ilícitos contra la propiedad industrial e intelectual, de tal forma que los manteros incurrirán únicamente en una falta cuando su mercancía no supere los 400 euros. Si sobrepasa esa suma, cometerán un delito castigado con multa o trabajos sociales. Se elimina la prisión. «Éste es un sobreesfuerzo más para los saturadísimos juzgados penales, cuyos funcionarios ya trabajan para que todo vaya sobre ruedas. Es un trabajo extra», subraya el decano, quien recuerda una situación similar con la reforma que sufrió el Código Penal en 1995.

El fiscal coordinador de ejecutorias –también responsable de Seguridad Vial–, Javier de Torres, coincide con el diagnóstico de Páez, aunque ambos se muestran comedidos: «Estamos analizando un trabajo que ya estaba hecho, pero no parece que este esfuerzo vaya a venir acompañado de más personal. En dos o tres meses vamos a ver más de 50 ejecutorias al día. En general, faltan medios personales y materiales. Debemos hallar herramientas informáticas adecuadas». Un funcionario de la Audiencia Provincial se queja amargamente: «De nuevo, se arbitra una medida sin dotarla de recursos económicos». Su rostro es un monumento al cabreo. Sus compañeros sonríen cómplices mientras él apila expedientes en su mesa.

Habla más claro Adriano Moreno, líder del sindicato SPJ-USO: «Ahora los juzgados deben trabajar dos veces el mismo asunto. La sensación no puede ser otra que la de indignación. Una vez más, llega una nueva medida de la administración sin estar acompañada de planes de refuerzo, después de que en los últimas iniciativas de apoyo los órganos penales quedaron prácticamente fuera». El gran problema, sobre todo en esos juzgados, es que llueve sobre mojado.

Las ejecutorias se disparan hasta las 20.000 tras el fin del refuerzo

Sufren el efecto yoyó. Los planes extraordinarios de tarde, aplicados en cuatro de los trece juzgados de lo Penal de Málaga, lograron mantener a raya –que no disminuir– las sentencias sin ejecutar. A mediados de año éstas sobrepasaban las 17.600. Sin embargo, según SPJ-USO, tras llegar a su fin esas medidas puntuales de apoyo, las ejecutorias rozan ya las 20.000, como en su día auguró el juez decano José María Páez.

Adriano Moreno, responsable de SPJ-USO en Málaga, es contundente: «Ya estamos en 20.000 ejecutorias y, pese a que esta situación es coyuntural, la solución al problema debe ser de fondo. Los planes, como mínimo, deben alcanzar los seis meses, pero hay más vías».

Entre otras, Moreno exige que se incremente el número de los juzgados penales de 13 actuales a 16, teniendo en cuenta que a finales de 2010 entrará en funcionamiento, salvo sorpresa mayúscula, el número 14. Por otro lado, para este sindicato es esencial que se aumente la plantilla de los órganos, compuesta por seis funcionarios. «Debe de haber dos empleados públicos más para darle solución al problema de las ejecutorias», reflexiona.