25 de octubre de 2017
SPJ-USO. PRENSA. El Congreso de los Diputados aprueba por mayoría la ley de recuperación de derechos para jueces, fiscales y funcionarios de Justicia
El Congreso de los Diputados aprueba por mayoría la ley de recuperación de derechos para jueces, fiscales y funcionarios de Justicia
Por una
mayoría aplastante de 261 diputados a favor y 70 abstenciones quedó ayer
aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados la iniciativa presentada
por el Grupo Popular, a instancias del Ministerio de Justicia, que permite que
jueces, fiscales y personal de la
administración de Justicia recuperen los días libres y permisos que
disfrutaban antes de 2012, y que fueron suprimidos por la crisis económica.
La
proposición obtuvo finalmente los apoyos de PP, PSOE y Ciudadanos; el grupo
confederal de Unidos Podemos, En Comú Podem y Las Mareas se abstuvo.
También se
aprobó la equiparación de los permisos de paternidad a la nueva legalidad
vigente, con una duración de un mes, contenida en la “Proposición de
Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder
Judicial”, que era el nombre de la propuesta
oficial, impulsada por el titular de la cartera, Rafael Catalá, respondiendo a las
reivindicaciones de las cuatro asociaciones de jueces.
De esta
forma, jueces y fiscales recuperarán los días adicionales por antigüedad,
hasta un máximo de cuatro por 30 años de trabajo, así como los 18 días de permisos divididos
en seis periodos, cuando en la actualidad sólo podían disfrutar de tres días.
Asimismo, el texto también introduce mejoras
“de manera inmediata” en todo lo que afecta a la conciliación de la vida
familiar y laboral.
Según la portavoz del PP en la Comisión de
Justicia, la diputada ‘popular’ María Jesús Moro, la intención de esta
proposición de ley es restituir estos días de libranza que fueron eliminados
“en consonancia con un momento particularmente delicado de la situación
económica nacional” para conseguir “determinados objetivos de eficiencia y
contención del gasto público”.
“No es su grupo el que tenía que traer
esta propuesta, sino el Gobierno.
No es esta forma de hacer política”,
afirmó el diputado del PSOE, Juan Carlos Campo -portavoz del
PSOE en la misma Comisión de Justicia- quien considera que el Ejecutivo está
“eludiendo el verdadero problema”, que es “sacar a la Justicia de la UCI”.
ABRIR EL CAJÓN DE SASTRE DE LA JUSTICIA
En su opinión, con propuestas como la
de hoy no se soluciona la situación en la que se encuentra actualmente la
Justicia, por lo que ha anunciado su voto favorable a la iniciativa “sólo para
ver si se puede abrir este cajón de sastre”.
Por su parte, el ponente de Ciudadanos, Marcial
Gómez Balsera, mostró el apoyo de su grupo parlamentario a la proposición
de ley porque “se trata de recuperar derechos laborales perdidos”, de modo que
esta reforma “pretende contribuir a eliminar el desánimo” de los trabajadores
de la Justicia, aunque sea “en una pequeña parte”.
Gómez Balsera reconoció que “queda
mucho camino por recorrer” para mejorar la Administración de Justicia y ha
aprovechado para instar a todos los grupos del Congreso a ponerse manos a la
obra para ello y también para tomar “medidas tendentes a favorecer la
independencia del Poder Judicial”.
Además, lanzó una advertencia a otros
partidos al afirmar que las Cortes podrán proponer nuevas medidas al Gobierno
ninguna podrán “trasladarse a la Administración de Justicia si no se aprueban
los Presupuestos Generales del Estado”.
PODEMOS LO VE UNA “ESTAFA”
El diputado de Unidos Podemos, En Comú
Podem y Las Mareas, Eduardo Santos, grupo que se
abstuvo, calificó la proposición de ley del PP de “estafa” tanto para los
trabajadores de la Administración de Justicia y para los ciudadanos porque si
no se dota de más presupuesto a este departamento no se podrá aplicar la
restitución de las libranzas.
“Estamos siempre a favor de devolver
los derechos injustamente privados de los trabajadores”, explicó Santos, motivo
por el cual ha anunciado que no van a votar en contra de la medida, pero
“tampoco participar en una iniciativa que pretende dar oxígeno a un Gobierno en
crisis y estafar a la ciudadanía”. Con información de EP.
Fuente: Confilegal.com
