30 de mayo de 2016
SPJ-USO: Prensa: Los portavoces de los partidos políticos ven necesario un Pacto por la Justicia
- El futuro Gobierno que tome las riendas del país deberá afrontar los numerosos retos que plantea la Administración de Justicia. Los cuatro portavoces de este ámbito de los partidos políticos han abordado esta cuestión en un debate centrado en la independencia judicial.
Almudena Vigil Hochleitner.- La Justicia es uno de los temas más delicados que encontrará sobre la mesa el Gobierno que finalmente tome las riendas del país. La persona que resulte responsable del departamento de Justicia tendrá ante sí toda una serie de frentes abiertos a los que deberá dar respuesta estableciendo las líneas de actuación para resolver los problemas que afronta este ámbito de la Administración. Todo un reto para una cartera cargada de asuntos clave para el buen funcionamiento de la Justicia.
En este contexto, los portavoces de Justicia de los principales partidos políticos, (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos) parecen tener claro que la solución para mejorar el sistema actual pasa por un gran pacto o acuerdo de Estado y por el "consenso". Esa fue la palabra más repetida durante el debate que han mantenido este jueves los cuatro representantes políticos, en un encuentro informativo organizado por Wolters Kluwer y Europa Press.
La apertura del acto corrió a cargo de Vicente Sánchez, CEO de Wolters Kluwer España y Portugal, quien destacó que “un sistema judicial solvente requiere una dotación presupuestaria que permita a la Administración de Justicia contar a largo plazo con el talento de los mejores profesionales”.
A continuación, el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, abrió el debate entre los portavoces políticos, señalando que el primer paso es el diagnóstico de la situación actual, y apostó por dar un salto cualitativo en un Pacto de Estado por la Justicia.
El ministro planteó las reformas necesarias en materia de Justicia en torno a cuatro ejes. En primer lugar, el fortalecimiento de una Justicia más independiente, que, aunque en su opinión ya lo es, cree que se debe trabajar en profundizar en ello, por ejemplo en el sistema de elección y funciones de los vocales del CGPJ, para lo que ofreció su plena disposición de cara a abrir un debate al respecto. En este terreno hizo alusión a las puertas giratorias, una cuestión a la que, según afirmó, hay que darle “una articulación razonable” en cuanto a la entrada y salida de la carrera judicial para incorporarse a la política. “Volver a la carrera al día siguiente no es buena solución”, dijo en presencia de la ex magistrada Victoria Rosell, que ha dejado su juzgado para entrar en política de la mano de Podemos, y Juan Carlos Campo, que fue vocal del Consejo General del Poder Judicial.
El segundo eje que planteó el ministro está relacionado con la Justicia como elemento que fortalece la seguridad jurídica, atrae inversiones y favorece el desarrollo económico. En este ámbito Catalá abordó el problema de la corrupción y sus propuestas para luchar contra esta lacra, destacando cuestiones como revisar el derecho de gracia, regular la actividad de los lobbies, dotándoles de transparencia y fortalecer la acción cotidiana de los órganos judiciales, dotándoles de medios.
En tercer lugar, habló de fortalecer la Justicia en el sentido de servicio público, momento en el que mencionó la necesidad de seguir insistiendo en el uso de las nuevas tecnologías, y también en este apartado habló de la planta judicial y, aunque no coincide en la idea de agrupar juzgados, planteada al comienzo de la anterior legislatura por parte de su predecesor en el cargo, Alberto Ruiz-Gallardón, sí considera necesaria una reorganización en cuanto al reparto de trabajo. “Con la planta actual bien organizada los jueces podrían responder a toda la carga de trabajo”, aseguró. Finalmente, el cuarto eje lo plantea poniendo de relieve una Justicia orientada a las personas, mencionando cuestiones como la necesidad de una ley que regule el derecho al defensa.
Juan Carlos Campo, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Justicia del Congreso, comenzó su intervención afirmando que “la Justicia va mal, es lenta y es cara y esto es peligroso porque no hay alternativa”, pero insistió en que la invocación al consenso es fundamental. Campo lamentó que, en Justicia, “vivimos en la provisionalidad”, con un modelo “encorsetado”. A lo que añadió que contamos con unos déficits enormes en elementos estructurales y también presupuestarios. Según el portavoz socialista las reformas de la Justicia deben girar en torno a tres paquetes: normativos, organizativos y tecnológicos.
Campo, que fue vocal del CGPJ, también habló, por alusiones, sobre las puertas giratorias entre Justicia y política, y señaló que esas no son las preocupaciones de los ciudadanos cuando entran en un juzgado.
Sí cree, en cambio, que existen problemas que preocupan a los profesionales como la norma que reformó la Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 42/2015), que establece el plazo del 1 de enero de 2016 como fecha de puesta en marcha de lo que se ha denominado la Justicia sin papeles, y lamentó que, en cuanto al uso de Lexnet, no se haya tenido en cuenta que “gestionar el cambio es tan importante como el cambio mismo”, a lo que añadió que “lo que no se puede es aprobar una ley en octubre y que entre en vigor el 1 de enero”. “Estamos convirtiendo Lexnet en un muro de lamentaciones”, advirtió.
Campo, que insistió en la necesidad de “buscar respuestas consensuadas a problemas colectivos”, se mostró partidario de abordar una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882) que permita redefinir los papeles de juez y fiscal. Algo que, en su opinión, sería positivo también dentro del debate de los aforados. “Cuando me investigue un fiscal, que el juez sea mi garantía”, ha sentenciado, añadiendo que, de este modo, “el aforamiento dejaría de tener esa visualización tan simple que tiene ahora”.
