5 de junio de 2014
FEP-USO: Posible colapso del Tribunal Constitucional.
FEP-USO: Posible colapso del Tribunal Constitucional
Al finalizar 2012 el Constitucional tenía sentencias
pendientes en 259 asuntos.
Durante el año
pasado, registró el doble de recursos de inconstitucionalidad, pasando de 38 a
76 y lo mismo ocurrió con las cuestiones de inconstitucionalidad, que se
triplicaron en el mismo periodo al pasar de 42 en 2012 a 106 en 2013.
El importante incremento de este tipo de demandas ante
este órgano trae como inmediata consecuencia la sobrecarga de trabajo del
Pleno, que es el competente para su tramitación y resolución.
Así lo refleja la Memoria-2013, en la que también se
aprecia que, por segundo año consecutivo, el número total de asuntos ingresados
ha experimentado un incremento.
En 2013, llegaron 7.573 asuntos jurisdiccionales (279 más
que en 2012), lo que supone un 3,82% más que en el ejercicio anterior.
Los recursos de inconstitucionalidad no han parado de
crecer pasando de 9 en 2009 a los 76 del pasado año, y similar ha sido el
aumento de otro tipo de recursos en el mismo periodo, como las cuestiones de
inconstitucionalidad (de 35 a 106). Han descendido algo los recursos de amparo
en ese mismo lapso de tiempo (de 10.792 a 7.376), mientras que los conflictos
positivos de competencia se han mantenido (de 13 a 12).
A los 259 asuntos pendientes de sentencia del Pleno hay
que añadir 44 cuestiones de inconstitucionalidad y 13 conflictos positivos de
competencia, todos ellos deferidos por el Pleno a las Salas y que, por lo
tanto, penden ante ellas (19 cuestiones de inconstitucionalidad y cuatro
conflictos positivos de competencia en la Sala Primera y 25 cuestiones y nueve
conflictos en la Segunda). Al cerrar el año se encontraban pendientes de resolver
sobre su admisión 4 recursos de inconstitucionalidad, 38 cuestiones y un
conflicto positivo de competencia.
Desde FEP-USO esperamos que el
atasco de nuestro máximo Tribunal de Garantías se reduzca en los próximos
meses, ya que, como sabéis, es este el Tribunal que deberá dictaminar, en última
instancia, sobre el atraco salarial al que hemos sido sometidos los empleados y
empleadas públicos.
