La
Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) ha entregado un escrito al
Ministerio de Justicia, que dirige Alberto Ruiz-Gallardón, en el que piden no
dar a los procuradores funciones de ejecución porque ellos han duplicado la
tasa de resolución de asuntos desde que asumieron estas competencias en 2009.
El
secretario general de la Administración de Justicia, Joaquin Silguero, ha
mantenido este jueves una reunión con la UPSJ, el Colegio Nacional de
Secretarios Judiciales (CNSJ), el Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) y
la Asociación Independiente de Secretarios Judiciales (AINSEJU).
El
Ministerio de Justicia les ha trasladado que comenzará a elaborar el
anteproyecto de Código Procesal Penal y las asociaciones han expuesto sus
objeciones al anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial.
Entre
ellas, han considerado fuera de lugar la falta de decoro, han cuestionado el
nombre de 'letrado de la Administración de Justicia' que se quiere dar a los
fedatarios públicos y han criticado que la dirección técnica procesal se quiera
subordinar a las directrices de los jueces.
Balance
de la ejecución asumida por los Secretarios
Estas
son algunas de las objeciones expuestas por el portavoz de la Unión Progresista
de Secretarios Judiciales, Carlos Artal, que ha aprovechado para entregar el
primer balance que han realizado sobre las funciones de ejecución de las
resoluciones judiciales, desde que se lo encomendara la ley de implantación de la Oficina Judicial de 2009.
Entre
sus conclusiones, recogidas por Europa Press, revela que se ha producido desde
entonces un "radical" e "incesante" incremento en la ratio
de resolución de ejecuciones en los órdenes Civil, Contencioso y Social. Todo
ello unido a que en estos años de crisis han aumentado el número de asuntos que
han entrado en los juzgados y la cantidad de asuntos pendientes.
"Existen
más de dos millones de ejecuciones pendientes de resolución", recoge el
estudio, que advierte de que "la tasa de resolución ha experimentado un
incremento en cinco años en más de un 33% y nunca ha bajado en el periodo de
tiempo analizado de un 61%".
Este
estudio ha sido presentado después de que un anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Civil planteara
atribuir a los procuradores distintas funciones de ejecución y que el Primer Congreso de la Procura Catalanareclamara recientemente
facultades en embargos, lanzamientos, depósito de bienes o requerimientos a
terceros.
"La
legítima reivindicación de un colectivo que trata de encontrar su sitio ante un
futuro incierto no puede conseguirse a través del menoscabo y la apropiación de
las competencias legales que ahora ejercen los secretarios judiciales",
advierten, para mostrar su "radical y frontal" oposición a las
propuestas de los procuradores catalanes. (EUROPA PRESS)