Registro Civil, privatización del Servicio Público en marcha, y después.....

            Gallardón está convirtiendo en hechos sus amenazas, a la reciente aprobada Ley de Tasas, se suma la anunciada Reforma Integral de los Registros, conllevando un encarecimiento de la Justicia con medidas que solo tienen objetivos recaudatorios y disuasorios para el ciudadano y a la vez supresión de puestos de trabajo en la Administración de Justicia y pérdida de derechos de los trabajadores.

            Ahora, pretende entregar a los Registradores de la propiedad y mercantiles los temas de registro civil. Si bien ya en la anterior reforma del Registro Civil aprobada por la Ley 20/2011 de 21 de Julio (que aún no ha entrado en vigor) pretendía la desjudicialización de los mismos entregando los Registros Civiles a las CCAA y Corporaciones Locales, ha dado un paso mas pretendiendo privatizar por completo dichas oficinas judiciales.

            El único objetivo de esta reforma es la de favorecer a las corporaciones de registradores y notarios, cuyos beneficios se dispararon en plena burbuja inmobiliaria y se han visto disminuidos cuando ésta ha explotado.

            Otro colectivo que se beneficiará serán los Notarios, ya que ellos también participan en este Negocio, al atribuirles la competencia para la celebración del matrimonio, procedimiento de concesión de la nacionalidad española por razón de residencia, poderes, etc.

            Así, el registrador cobraría y se enriquecería por cada ciudadano que naciera, creciera, cambiara de domicilio, tuviera hijos, otorgara poderes, hiciera testamento, se casara o divorciara y al fin se muriera.

            Además, cada vez que alguien pidiera una certificación de matrimonio o de nacimiento o de lo que fuere, estaría obligado a pasar por la caja.

            Así, el proyecto que comentamos entregaría a los registradores de la propiedad y mercantiles, sin previo concurso público, la explotación comercial del Registro Civil actuando en un régimen de absoluto monopolio, vendrían a apropiarse de un negocio sin prima de riesgo alguna a costa de todos los españoles.

            Por tanto, hemos pasado del “tasazo” judicial al “arancelazo” registral, sin que pueda alegarse reducción de costes de los salarios públicos, habida cuenta de que los funcionarios (que en dicho borrador no dice nada sobre que va a pasar con ellos) hasta ahora encargados de las tareas del Registro Civil deberán ser reubicados en otros departamentos del ministerio, sin alivio para las arcas del Estado.