1 de octubre de 2009
PRENSA: Una juez denuncia a un guardia civil por no dejarle entrar en el 'parking' de la Ciudad de la Justicia
Diario Sur
Una juez denuncia a un guardia civil por no dejarle entrar en el 'parking' de la Ciudad de la Justicia
Esgrimió una orden del presidente de la Audiencia para aparcar por razones de seguridad aunque el recinto estaba lleno
01.10.09 -
MONTSE MARTÍN MÁLAGA
El conflicto por el uso del aparcamiento subterráneo de la Ciudad de la Justicia que enfrenta desde la inauguración del edificio a jueces y funcionarios se encona cada día más. Ayer la tensión subió de grado, cuando un guardia civil negó la entrada al 'parking' a una magistrada, que acabó presentando una denuncia en el juzgado de guardia contra el agente por un supuesto delito de desobediencia.
Los hechos ocurrieron a las 08.15 de la mañana, según la denunciante, la magistrada de la Sección 5ª de la Audiencia Provincial, María Teresa Sáez. «Me dijo que no había espacio y que no podía entrar. Yo le recordé que había un acuerdo del presidente de la Audiencia por el que el aparcamiento se adjudicó a los magistrados por razones de seguridad y que, por ello, tenía que pasar. El agente me contestó que él obedecía órdenes de sus superiores y cerró la cancela», asegura Sáez.
La magistrada explicó a este periódico que el guardia civil podría haber incurrido en «un delito de desobediencia, ya que el acuerdo del presidente de la Audiencia Provincial, que se remitió tanto la Junta de Andalucía, a la junta de personal y la Guardia Civil, «es una orden directa».
No es la primera vez que se producen situaciones de tensión por el uso del aparcamiento.
El conflicto comenzó cuando se conoció en 2007 una circular de la Junta de Andalucía por la que se regulaba el uso de las 166 plazas de aparcamiento. La ocupación se establecía por orden de llegada sin diferencias entre jueces, fiscales, secretarios, funcionarios y otros trabajadores del edificio judicial. Sólamente se reservaba espacio para discapacitados, personal de guardia y cargos institucionales. Los jueces no lo tomaron nada bien, porque consideran que el colectivo debía tener «un plus por razones de seguridad» y, por lo tanto, «prioridad» para aparcar. La Junta de Andalucía, propietaria del edificio, nunca contestó a sus peticiones y continuó manteniendo los mismos criterios.
El pasado mes de julio el anterior juez decano y el presidente de la Audiencia Provincial dictaron sendas resoluciones, a las que se sumó el fiscal jefe, por las que se adjudicaba por razones de seguridad el uso las 166 plazas del aparcamiento de la Ciudad de la Justicia a jueces y fiscales.
Los funcionarios se manifestaron en contra y denunciaron que carecían de competencias para hacerlo y que «detrás del argumento de la seguridad había intereses corporativistas y privilegios». La Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía no se ha pronunciado aún sobre el último movimiento del colectivo
Una juez denuncia a un guardia civil por no dejarle entrar en el 'parking' de la Ciudad de la Justicia
Esgrimió una orden del presidente de la Audiencia para aparcar por razones de seguridad aunque el recinto estaba lleno
01.10.09 -
MONTSE MARTÍN MÁLAGA
El conflicto por el uso del aparcamiento subterráneo de la Ciudad de la Justicia que enfrenta desde la inauguración del edificio a jueces y funcionarios se encona cada día más. Ayer la tensión subió de grado, cuando un guardia civil negó la entrada al 'parking' a una magistrada, que acabó presentando una denuncia en el juzgado de guardia contra el agente por un supuesto delito de desobediencia.
Los hechos ocurrieron a las 08.15 de la mañana, según la denunciante, la magistrada de la Sección 5ª de la Audiencia Provincial, María Teresa Sáez. «Me dijo que no había espacio y que no podía entrar. Yo le recordé que había un acuerdo del presidente de la Audiencia por el que el aparcamiento se adjudicó a los magistrados por razones de seguridad y que, por ello, tenía que pasar. El agente me contestó que él obedecía órdenes de sus superiores y cerró la cancela», asegura Sáez.
La magistrada explicó a este periódico que el guardia civil podría haber incurrido en «un delito de desobediencia, ya que el acuerdo del presidente de la Audiencia Provincial, que se remitió tanto la Junta de Andalucía, a la junta de personal y la Guardia Civil, «es una orden directa».
No es la primera vez que se producen situaciones de tensión por el uso del aparcamiento.
El conflicto comenzó cuando se conoció en 2007 una circular de la Junta de Andalucía por la que se regulaba el uso de las 166 plazas de aparcamiento. La ocupación se establecía por orden de llegada sin diferencias entre jueces, fiscales, secretarios, funcionarios y otros trabajadores del edificio judicial. Sólamente se reservaba espacio para discapacitados, personal de guardia y cargos institucionales. Los jueces no lo tomaron nada bien, porque consideran que el colectivo debía tener «un plus por razones de seguridad» y, por lo tanto, «prioridad» para aparcar. La Junta de Andalucía, propietaria del edificio, nunca contestó a sus peticiones y continuó manteniendo los mismos criterios.
El pasado mes de julio el anterior juez decano y el presidente de la Audiencia Provincial dictaron sendas resoluciones, a las que se sumó el fiscal jefe, por las que se adjudicaba por razones de seguridad el uso las 166 plazas del aparcamiento de la Ciudad de la Justicia a jueces y fiscales.
Los funcionarios se manifestaron en contra y denunciaron que carecían de competencias para hacerlo y que «detrás del argumento de la seguridad había intereses corporativistas y privilegios». La Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía no se ha pronunciado aún sobre el último movimiento del colectivo
