28 F, Día de Andalucía: ¡Salvemos los servicios públicos¡
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Domingo Castillo, Secretario G.
Federación Empleados Públicos
de USO Córdoba. |
El sindicato que represento en esta provincia, a través de la Federación de Empleados Públicos, con motivo de la celebración del 28 de Febrero, Día de Andalucía, quiere hacer públicas, una vez más, sus persistentes reclamaciones sobre la necesidad imperiosa de devolver la integridad de sus potestades a la Administración Pública Andaluza, en manos de una Administración paralela cada día más extensa y menos transparente; mejorar y potenciar la calidad de sus servicios, que han sufrido en los últimos años los mayores recortes de su historia; e impedir el malgasto y dilapidación de los recursos públicos.
Los funcionarios de la Administración andaluza, como garantes del bienestar colectivo y de la eficiencia del sector público, observamos con honda preocupación eldeterioro y la acelerada privatización de servicios en los últimos años. Un proceso que se produce en paralelo a la suplantación y desplazamiento de funciones y competencias que venían desempeñando los empleados públicos hacia entes instrumentales semipúblicos y entidades de gestión privada. Todo ello, con la consiguiente pérdida de garantías para la ciudadanía y el menoscabo en la calidad de las prestaciones básicas.
Salas de urgencias abarrotadas donde fallecen pacientes por falta de atención, farmacias desabastecidas de medicamentos subastados a laboratorios que no ofrecen las garantías mínimas de calidad, y recortes de personal, -contratado, en último término, al 75 por ciento de la jornada-, son algunas muestras del panorama actual de la sanidad pública andaluza. Niños recibiendo clases en barracones de lata, eufemísticamente llamados caracolas, universidades endeudadas, y recortes de plantilla, son una mínima expresión del depauperado estado de la educación pública andaluza.Dependientes que mueren sin haber recibido las prestaciones a las que tenían derecho reconocido por falta de presupuesto; mujeres víctimas de violencia sin apoyo oficial y cientos de organizaciones quebradas por el retraso en la percepción de fondos públicos reflejan la situación de nuestros Servicios Sociales. Y, en el ámbito de la Administración de Justicia, infraestructuras depauperadas, carencia de medios, y falta de personal, son el pan nuestro de cada día. La relación de s deficiencias sería tan extensa como la de conflictos judiciales y la de titulares periodísticos que alertan a diario sobre la grave crisis económica, política y social que padece esta Comunidad.
De la crisis económica a la institucional
FEP-USO ha denunciado reiteradamente la ausencia de iniciativas públicas para dejar atrás la crisis económica en que está instalada Andalucía y salir de otra crisis de similar gravedad, que podríamos calificar de “institucional”. En efecto, la debilitación de valores democráticos, que delata la multitud de casos de corrupción salidos a la luz, llama a fortalecer la democracia, redoblando el esfuerzo de la sociedad por mejorar sus instituciones; y esto, sin duda, requiere de inversiones que contribuyan a regenerar lo público. Por el contrario, resulta frustrante descubrir que se siguen dedicando fondos millonarios a gastos con escaso o nulo control y rentabilidad social, lo cual significa echar por tierra gran parte de las posibilidades de regeneración.
Insistimos, por tanto. La sombra de la privatización se cierne sobre el inmediato futuro de los servicios públicos en Andalucía. Se nos vende que, sólo poniendo en manos del sector privado servicios y patrimonio público, pueden salvarse unas cuentas autonómicas mermadas y faltas de un control riguroso.
Ejemplo de ello sería la reciente venta masiva de inmuebles propiedad de la Junta a un fondo de inversiones norteamericano, al que, acto seguido, se le alquilan esos mismos edificios, y por los que los andaluces terminaremos pagando, tras veinte años de alquiler, más de un 150 % del precio de saldo recibido por su venta. En Córdoba han sido 8, las principales sedes administrativas oficiales en la capital, las que forman parte del lote total de 70 afectadas en todo el territorio autonómico.
Similar situación se produce con los escasos proyectos que la Junta de Andalucía ha conseguido poner en marcha durante la actual legislatura. Un ejemplo: la Ciudad de la Justicia de Córdoba, reivindicación histórica que,tras más de una década de retrasos, este año ha arrancado a través de la demagógica fórmula de colaboración público-privada. O lo que es lo mismo, financiación privada que, a largo plazo, supondrá un coste al erario público cuatro veces superior al inicial. Y que vuelve a reincidir en el traspasode patrimonio y responsabilidades públicas a manos privadas (empresas constructoras y entidades bancarias).
Entre la agonía del presente y la incertidumbre por el futuro
Soluciones que se presentan como novedosas, mientras se mantienen los endemismos. El desempleo sigue siendo el mayor problema, con una incidencia que clama al cielo entre la juventud. Y la emigración, de nuevo, como única salida para cientos de jóvenes entre los que se encuentra parte de la generación mejor preparada, pero con los peores resultados en los informes PISA. Y contratos de miseria para los que se quedan a través de propagandísticos planes EMPLEA y JOVEN.
En suma, andaluces y andaluzas, agraviados por los brutales recortes económicos, sociales y laborales sufridos en esta legislatura agonizante; agobiados por la escasez de recursos y frustrados ante la incertidumbre por el futuro, porque sus demandas no son atendidas por los responsables políticos y son invisibles para una parte de la opinión pública, embaucada a través de los medios de comunicación afines al poder. Y la Justicia, si llega, será demasiado tarde.
Entre esos andaluces se encuentra una mayoría de funcionarios de la Administración autonómica, menos que mileuristas, que acumulan más de un 30 por ciento de poder adquisitivo perdido en diez años, además de sufrir ataques permanentes a sus derechos consolidados como trabajadores, mientras asisten al persistente despilfarro del presupuesto público y al expolio del patrimonio común entre la impotencia y la desesperación.
Domingo Castillo, secretario general en Córdoba
de la Federación de Empleados Públicos de USO.
