El pasado 4 de Agosto de 2015 el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro entregó al presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016, del que extraemos los siguientes contenidos en lo que se refiere al sector de Justicia:
Gastos de Personal
En esta partida el proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado (PGE) de 2016 se recoge un incremento del 4,9% del gasto
de personal, en el que se recoge la subida
salarial del 1% de los empleados públicos (los gastos de personal ascienden a la cantidad de 1.303,14
millones de euros, de los cuales
83,3 millones de euros se destinan a
la financiación de las retribuciones del personal de la Administración de
Justicia y del Ministerio Fiscal y 1,73 millones para la creación de 25 nuevas
plazas de abogados del Estado.
Asimismo, el texto incluye en esta partida la recuperación
del 50% de la paga extraordinaria que fue suprimida en 2012, así como el
incremento de la financiación del régimen de mutualidades.
Oposiciones
El
proyecto de PGE presentado por el gobierno también prevé:
-
Convocar durante el próximo ejercicio 100 nuevas plazas de jueces y fiscales,
lo que reducirá las cargas de trabajo y mejorará la atención de juzgados y
fiscalías.
-
Convocar más de 2.000 nuevas plazas para los distintos cuerpos que prestan
servicio para la Administración de Justicia.
Modernización
tecnológica
Justicia dispondrá
en 2016 de un presupuesto de 1.577,67 millones de euros para su modernización,
lo que supone un incremento del 7,24 % al aumentar en 106,5
millones de euros con respecto a los de este año.
Según
el Ministerio, los Presupuestos Generales para el 2016 apuestan "por la
inversión en materia de administración electrónica desde el enfoque de una
Justicia digital, abierta e innovadora". Así, los principales programas de
actuación de este plan están orientados a alcanzar el objetivo del papel cero y
a impulsar una relación de mayor proximidad, transparencia y apertura con el
ciudadano, en la búsqueda de la excelencia en el servicio público de la
Justicia.
En
el marco de este plan, a partir del 1 de enero de 2016 será obligatorio el uso
de medios electrónicos para los profesionales de la Justicia y los órganos
judiciales tanto en la presentación de escritos como en los actos de
comunicación procesal. Por su parte, los ciudadanos podrán acceder a través de
la sede judicial electrónica a la información que, sobre sus asuntos, se
tramiten en los órganos judiciales.
Para
acelerar el cambio de modelo de la Justicia hacia entornos digitales, el
Ministerio de Justicia destinará 64,62 millones de euros el próximo ejercicio,
un 35,7% más que en 2015.
Por
otro lado, el desarrollo del Plan de modernización tecnológica de los Registros
permitirá la tramitación electrónica de expedientes de nacionalidad así como la
transmisión de solicitudes de inscripción de nacimientos y defunciones desde
los centros sanitarios. Este plan está dotado con 11,18 millones de euros, lo
que supone un incremento del 27% respecto a 2015. Con este importe se va a
acometer también la interconexión de todos los Registros Civiles de tal forma
que será posible consultar las inscripciones de una determinada persona sin
tener que acudir necesariamente a cada uno de los registros en los que se
practicaron las distintas anotaciones.
Justicia
gratuita y asistencia a las víctimas
En
el capítulo de gasto social, destaca el incremento de las dotaciones en áreas
de especial sensibilidad para el ciudadano. Para el servicio de asistencia
jurídica gratuita, el Ministerio destinará 36,7 millones de euros en 2016, un
5,02% más que en 2015, ya que se ha ampliado el derecho a este beneficio a
determinados colectivos.
Se
incrementa en un 54,6% el gasto relacionado con el apoyo a las víctimas
mediante asistencia psicológica y para la realización de pruebas periciales
psicológicas en los procesos judiciales.