22 de febrero de 2010
NOTA DE PRENSA SPJ-USO MALAGA
NOTA DE PRENSA
En Málaga capital, el paro ha tenido gran aceptación en el colectivo, habiéndose reunido en las puertas del Edificio Judicial de la Ciudad de la Justicia de Málaga alrededor de 300 funcionarias y funcionarios pertenecientes a los Cuerpos que desempeñan sus laborales en los órganos judiciales de la capital.
Con este acto de protesta se inicia un calendario largo de movilizaciones, que afecta a todo el territorio del Estado, que tiene por finalidad que el Ministerio de Justicia cese en la imposición de las condiciones de trabajo a los funcionarios en el proceso de implantación de la Nueva Oficina Judicial, y se abra al diálogo y la negociación con los representantes de los trabajadores de la Justicia.
En España hay más de sesenta mil funcionarios judiciales que deben ser reubicados en los esquemas organizativos que lleva aparejada la implantación de la nueva Oficina Judicial, diseñada tras la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de finales de 2003. En este proceso, el diálogo se viene negando a los funcionarios judiciales, cuyas futuras condiciones de trabajo han sufrido un fuerte varapalo con la reciente reforma del art. 521 de la misma Ley Orgánica. Tras estas modificaciones legislativas, el Ministerio de Justicia se niega a concretar los destinos y las funciones de la inmensa mayoría de los empleados públicos de la Justicia, quienes quedarán sustancialmente al arbitrio de lo que en cada momento pueda decidir el Secretario Judicial Jefe, el cual, en último extremo, dependerá orgánicamente de las instrucciones que reciba de un cargo político de la Admon. competente. Las garantías de objetividad e imparcialidad de las funciones públicas de Gestores, Tramitadores y Auxilio Judicial, en cuyas manos se concentra el peso de la tramitación de los procesos judiciales, quedarían, así, absolutamente infringidas.
Las pretensiones de los sindicatos convocantes de estas movilizaciones, CSI.F Y SPJ-USO, son posibilitar el diálogo y la negociación reales, la especificación de destinos y tareas de los distintos funcionarios judiciales, la garantía de los actuales puestos de trabajo, el respeto a la integridad de retribuciones actuales (es decir, el cumplimiento de lo que establecen las normas vigentes al respecto), el reconocimiento a todos los efectos de las nuevas funciones singularizadas y genéricas.