1 de marzo de 2015
SPJ-USO Córdoba: SPJ-USO denuncia la falta de medios y la creación de órganos judiciales y nuevos refuerzos en Córdoba. (ABC).
Las carencias enquistadas de la Justicia en Córdoba, aquellas que arrastra, en gran parte, por mantener un modelo obsoleto, continúan siendo relevadas a un plano secundario por parte de la Administración y solo reciben la atención pertinente cuando la marcha de los órganos se ve alterada por cualquier circunstancia, incluso la más nimia, que pone en riesgo el endeble equilibrio del sistema.
Por ello, la junta de personal de Justicia —integrada por representantes de los sindicatos CSIF, SPJ-USO, UGT, STAJ y CC.OO.— has trasladado al presidente de la Audiencia, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, cuáles son las necesidades «prioritarias» de la Justicia en Córdoba, como ya ha comunicado en más de una ocasión a la Consejería del ramo.
Secretario G. SPJ-USO Córdoba |
Así, los delegados de los trabajadores aseguran que se precisan unas «cien plazas más» de funcionarios para paliar el déficit en los distintos órganos. Además, reprueban que solo haya 17 refuerzos para atender incidencias. Según apuntaron, «podemos decir que Córdoba no tiene realmente refuerzos, ya que estos no cumplen su función, se han convertido en estructurales y sirven para suplir la falta de plantilla», apuntó a este periódico el secretario general de la Federación de Empleados Públicos de USO Córdoba, Domingo Castillo, que añadió que «se necesitarían entre ocho y diez más».
SPJ-USO RECLAMA 5 JUZGADOS MAS PARA CORDOBA Y LA CREACION DE 8-10 REFUERZOS NUEVOS, MANTENIENDO LOS 17 ACTUALES.
Cinco juzgados más
Además, es necesaria la creación de cinco juzgados más, entre ellos, uno para Familia y otro para los juzgados de los Social. «Con el panorama actual —añadió Castillo—, solo se consigue una justicia de primera y otra de segunda. Los órganos de los pueblos soportan, además, un 25% más de carga de trabajo con respecto a la capital, y en ocasiones con menos personal. Si a eso le sumamos el dato de que los órganos de Córdoba están, en general, sobrecargados... La Administración debe normalizar esta situación», dijo.
Estas carencias están provocando colapsos en juzgados como Instrucción número 2 de Peñarroya, al límite de su capacidad al tener que ocuparse del denominado«Caso Rocket».
Al respecto, el procedimiento, que investiga la comisión de presuntas irregularidades en la gestión de subvenciones por parte del Consistorio peñarriblense y en la que hay nueve imputados, entre ellos, la exalcaldesa Luisa Ruiz (PSOE), está retrasando el resto de causas del órgano, que se encuentra desbordado, algo que ya vaticinaron en su día desde el juzgado. Por ello, se ha solicitado en hasta cuatro ocasiones un funcionario para ayudar a tramitar el complejo caso. La Junta se ha comprometido a estudiar la posibilidad de crear un refuerzo para este órgano, que no da más de sí.
Por toda la provincia
D. D.
Existen varios puntos en la provincia que acusan la falta de personal. Así, según fuentes judiciales consultadas, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Montoro cuenta con tan solo cuatro funcionarios (lo usual son ocho) y, además de los cometidos que le son propias, se encarga de los asuntos de violencia de género. La secretaria de este órgano ha solicitado a la Junta un refuerzo, pero la respuesta ha sido que «hay otros juzgados que están peor». La situación es tan caótica que se están incoando cuestiones penales que entraron hace unos 8 meses. Además, hasta hace unos días tenía 200 demandas civiles que ni siquiera se habían empezado a tramitar. «Ahora está en colapso técnico», informaron las mismas fuentes. También cuenta con una plantilla reducida el Juzgado número 3 de Posadas, que, igualmente, ha solicitado en más de una ocasión personal de refuerzo. Aquí se corre incluso el peligro de que haya causas que se tengan que sobreseer. Cabe recordar que las plantillas orgánicas de los órganos judiciales cordobeses no han sufrido ninguna variación desde la Ley de Demarcación y Planta Judicial de 1988. Por otro lado, el reducido número de funcionarios se deja ver en la situación de «stand by» en la que se encuentran los Servicios Comunes de Montoro y Cabra, cuyas instalaciones aguardan vacías a que se doten de personal. Estas oficinas se encargan de los trámites más frecuentes que desarrollan a diario los órganos judiciales como son notificaciones, citaciones, embargos, emplazamientos y requerimientos, entre otros.
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