28 de febrero de 2015
SPJ-USO: Las claves de las recientes reformas judiciales aprobadas en Consejo Ministro 27.2.15.
LAS CLAVES DE LAS
RECIENTES REFORMAS JUDICIALES APROBADAS EN CONSEJO MINISTROS 27.2.15
Reforma de la
Administración de Justicia
El ministro de Justicia, Rafael Catalá,
ha explicado que el Gobierno ha impulsado la reforma de la Administración de
Justicia en su triple papel de "pilar del Estado del derecho; servicio
público, y elemento que fortalece la competitividad socioeconómica de España y
la creación de empleo". "Trabajamos el concepto de la justicia más
ágil, más cercana y que incorpora las tecnologías, que es uno de los desafíos y
asignaturas pendientes en el mundo de la justicia", ha subrayado.
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Con ese objetivo, el ministro ha
avanzado que se reforman parcialmente, y de forma consensuada con los agentes
implicados, cuatro leyes: Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley de
Enjuiciamiento Civil; Ley de tasas judiciales; Ley por la que se regula el
estatuto de España como miembro de Eurojust.
Ley Orgánica del
Poder Judicial
El principal objetivo de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial es, en
opinión del ministro, "reducir los tiempos de respuesta de los
órganos judiciales". Partiendo de que el reparto de cargas no es homogéneo
en todo el territorio nacional, esta medida permitirá que se distribuyan los
asuntos entre juzgados limítrofes. "Rompemos el principio tradicional de
partido judicial para buscar una solución más eficaz", si bien los
juzgados mantendrán sus responsabilidades en su ámbito territorial, ha dicho.
Catalá ha puesto como
ejemplo que los juzgados de violencia de género de Madrid tienen una carga de
trabajo que apenas llega al 66%, mientras que en algunas localidades de la
periferia de la capital supone hasta un 150%: "Alguno de los juzgados periféricos
podrá transferir asuntos a los de Madrid". El ministro también ha señalado
que ante asuntos de especial complejidad, como el caso de las preferentes,
determinados juzgados se podrán especializar de forma temporal en ellos.
Además, ha señalado que se desarrollarán
mecanismos para que los puestos de trabajo se cubran por jueces especializados
y se mejorará la calidad de las resoluciones judiciales. "En ocasiones
vemos con una cierta sorpresa cómo algunas secciones de un órgano
colegiado producen resultados diferentes en función de la sección o el juzgado
en el que recaigan los asuntos", ha dicho.
Entre las medidas para profesionalizar
la justicia, Rafael Catalá ha anunciado un nuevo sistema de sustituciones
equivalente al que se aprobó para jueces y magistrados. Los secretarios
judiciales podrán hacer sustituciones de plazas vacantes en los juzgados cuando
la carga de trabajo lo permita para evitar así el nombramiento de interinos.
"De los 45.000 funcionarios que trabajan en la Administración de justicia,
casi 9.000 son interinos, más del 20%. En algunos cuerpos y en algunos
territorios puede haber incluso hasta el 50%", ha dicho el ministro.
Catalá ha informado de que los
Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses integrarán también a
psicólogos y trabajadores sociales. Además se creará un sistema de médicos
residentes en el área forense y se mejorará el sistema de ingreso ya que la
oposición contará con un temario "más propio de médicos que de
funcionarios de la administración de Justicia" en sentido genérico.
Para mejorar la violencia de género, el
proyecto de ley amplía las competencias del juez de violencia sobre la mujer y
refuerza las unidades de valoración forense.
Ley de
Enjuiciamiento Civil
Con el fin de mejorar la eficiencia de
la Administración de Justicia, el Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de Reforma de
la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Rafael Catalá ha subrayado que el texto
pretende "promover como objetivo estratégico del Gobierno el uso de las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito de la
Justicia". En este sentido, a partir del 1 de enero de 2016, tanto los
profesionales como los órganos judiciales estarán obligados a comunicarse sólo
mediante medios telemáticos.
El ministro ha aclarado que los
particulares podrán seguir presentando papeles en los juzgados, que serán
escaneados e incorporados a su expediente digital. Además, ha resaltado que los
ciudadanos recibirán mediante aviso de SMS o correo electrónico notificaciones
de la Administración que hasta ahora se reciben en papel.
El texto mejora la regulación del juicio
verbal al introducir la figura de la contestación escrita a la demanda. En
opinión de Catalá, con esta medida "se suspenderán muchos menos juicios y
el juicio verbal será mucho más eficaz y ágil de lo que viene siendo en la
actualidad".
Por otra parte, la norma atribuye a los
procuradores la realización de todos los actos de comunicación al resto de
partes, testigos, peritos y otras personas que, sin ser parte en el juicio,
deban participar en él, con el fin de agilizar los trámites procesales y
reducir la carga de trabajo de los órganos judiciales. Se elimina la necesidad
de contar con dos testigos para que la notificación sea válida.
En relación con el procedimiento
monitorio, los jueces verificarán si existen cláusulas abusivas en los
contratos celebrados con consumidores o usuarios.
Exención de tasas
judiciales
Pool Moncloa / Acceso libreEl Gobierno ha
aprobado un Real Decreto-Ley por el que las personas físicas quedarán
exentas del pago de tasas judiciales en todas las instancias
jurisdiccionales y en todos los órdenes, con el fin de que ningún ciudadano
deje de acudir a la Justicia por motivos económicos.
El ministro de Justicia ha argumentado
que la supresión de las tasas es una reivindicación muy extendida entre los
ciudadanos y profesionales que el Gobierno ha considerado oportuno recoger. La
entrada en vigor de la norma es inmediata y no se dilata "para no generar
etapas intermedias que serían difíciles de planificar".
Rafael Catalá ha declarado que las tasas
judiciales "no tienen un objetivo recaudatorio" y que los ingresos
obtenidos por este concepto se incorporan a la "caja común que paga los
servicios públicos" por lo que, como cualquier tributo, "no están
afectadas a un fin" concreto. También ha asegurado que no está acreditado
que la actual regulación de las tasas haya tenido un impacto directo e
inmediato sobre la litigiosidad.
España en Eurojust
El Ejecutivo ha aprobado la remisión a
las Cortes del Proyecto de Ley que adapta la legislación española sobre
Eurojust a la normativa europea. En el texto se adecúa el número de
integrantes, funciones y competencias de la delegación española en este
organismo.
El ministro ha precisado que la
delegación estará compuesta, como mínimo, por un miembro nacional, un miembro
nacional suplente y un asistente (hasta ahora sólo era obligatorio contar con
un único representante). A este respecto, se regula la nueva figura del miembro
nacional suplente, con sede en La Haya, y con plena capacidad para sustituir al
miembro nacional.
